El pasado 11 de mayo de 2023 la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI) comunicó mediante la Gaceta Oficial el reconocimiento de 50 pueblos originarios de la Ciudad de México a través de un ejercicio de poder unilateral y sin realizar ninguna consulta adecuada entre los habitantes de los pueblos y barrios originarios de esta ciudad.

Dentro de los pueblos y barrios originarios que resultaron excluidos del llamado “sistema de registro de pueblos y barrios” de la SEPI, se encuentran los 8 barrios de Iztacalco, además de los pueblos de Iztapalapa, de Benito Juárez y de Coyoacán; entre otras alcaldías.

Dicha situación ha ocasionado una clara oposición y resistencia entre varios pueblos y barrios de las alcaldías mencionadas. En particular, en Iztacalco, sus 8 barrios se reunieron en una “Asamblea Informativa comunitaria de autoadscripción colectiva” el día 3 de junio en la Plaza San Matías en el Barrio Originario La Asunción.

En dicha asamblea, los barrios originarios de Iztacalco, a saber, Barrio La Asunción, Barrio Santa Cruz, Barrio San Miguel, Barrio Los Reyes, Barrio San Sebastián Zapotla, Barrio San Francisco Xicaltongo, Barrio Santiago (Norte y Sur), y Barrio de San Pedro, atendieron la situación imperante a la que se enfrentan con relación a las afectaciones por escasez de agua y aumento del tránsito vehicular asociados a los desarrollos inmobiliarios que cada vez son más frecuentes en sus territorios.

Adicionalmente fueron enfáticos al pronunciar que la SEPI y ninguna institución del gobierno puede decidir sobre las identidades colectivas de los barrios originarios de Iztacalco, reconocimiento institucional que perdieron por parte de dicha secretaria cuando se les excluyó de la lista más reciente que, como se mencionó, se emitió desde el pasado mes de mayo.

Con la participación de varios asistentes de la asamblea, quedan dudas respecto a la manera bajo la cual las acciones de la SEPI preparan el territorio de los barrios originarios de Iztacalco para facilitar la ampliación del capitalismo en territorios originarios mediante la urbanización, así como el aumento en la construcción de conjuntos inmobiliarios, aun con la oposición de quienes habitan dichos espacios, mismos que frecuentemente son desplazados de sus barrios originarios. Así ocurrió en los años setenta del siglo pasado con la conformación de la colonia popular “Campamento 2 de octubre” mediante el despojo del antiguo potrero de Apatlaco, tierras de siembra (chinampería) de varios barrios de Iztacalco, y de los pueblos originarios Nextipac, Tetepilco y Atlazolpa de Iztapalapa.

Frente a los embates al derecho a la autoadscripción (es decir, el autoreconocerse de manera colectiva como barrio originario) por parte de la SEPI, y frente a un gobierno en la Ciudad de México que no consulta de manera previa, libre e informada a los habitantes de sus más de 150 pueblos y barrios originarios, tal como lo dictan las leyes locales, estatales, nacionales e internacionales, el recurso de los pueblos y barrios es organizarse mediante la acción colectiva para continuar defendiendo sus epistemologías y territorios.

Y es que resulta preocupante la falta de comprensión por parte de las diversos funcionarios y actores gubernamentales de la Ciudad de México en cuanto a la diversidad cultural, histórica, territorial y económica que caracteriza a los pueblos y barrios originarios que la habitan. Ello hace que prevalezca la confusión, entre dichas autoridades sobre el pensar a los pueblos y barrios originarios como un todo homogéneo en el que, si algunos pueblos y barrios no cuentan con tierras comunales y/o tierras ejidales, no visten trajes típicos o no hablan una lengua indígena, estos dejan de ser originarios en automático. Y es precisamente su falta de conocimiento en la materia, lo que los hace ignorar que el ser originario va más allá de los conceptos clásicos que desde la academia recuperan sin cuestionarlos, replantearlos y reconsiderarlos.

La “originalidad”, o si se quiere, el ser originario y originaria es un entramado complejo, enteramente simbólico, emocional y comunitario que muchas veces es incomprensible para quienes no establecimos ese vinculo con la comunidad a la que pertenecemos y con el espacio que habitamos. Debe quedar claro que nadie puede decir y/o reconocer quiénes son originarios y quienes no, son aspectos colectivos que sólo corresponden a quienes se autoadscriben como originarios, siendo la tarea de los actores gubernamentales el sólo hecho de garantizar sus derechos colectivos, su labor no es reconocer si son o no son originarios.

Por nuestra parte, a los antropólogos, sociólogos, historiadores, etnohistoriadores y demás científicos sociales ocupados del estudio de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México nos corresponde replantear los postulados anteriores que ahora han tenido impactos en cómo las autoridades diseñan políticas públicas y acciones como el “sistema de registro”. Nos corresponde también ser críticos con nuestras propias posturas para así poder co-construir un conocimiento por, para y con los pueblos y barrios de esta ciudad, desde sus propias perspectivas, necesidades, aflicciones y demandas.

Defender a los pueblos y barrios de esta ciudad es sumarse a sus luchas por una ciudad en donde quepamos todos, en donde se nos tome en cuenta sobre el modelo de ciudad que queremos habitar, en donde podamos relacionarnos con la naturaleza que nos queda en esta urbe y no con el concreto que pretende desplazar no sólo a los pueblos y barrios de este nuestro Anáhuac, sino también a todo aquel que no posea el poder adquisitivo que se requiere para habitar ciudades cosmopolitas en donde las hiedras como Mitikah abundan.

Así, los habitantes originarios de los 8 barrios de Iztacalco exhortan también a habitantes de otros pueblos y barrios, cuyas identidades quieren ser negadas por el gobierno, a que acudan a su próxima asamblea el 17 de junio de 2023 a las 4 p.m. en la Plaza San Matías, al tiempo que hacen hincapié en la necesidad que otros pueblos y barrios, como los de Iztapalapa, Benito Juárez y Coyoacán a que realicen sus asambleas y a que no permitan que la SEPI concluya sus planes de extinción de los pueblos y barrios cuyos derechos debiera garantizar en lugar de entregar sus territorios al mejor postor.