Como se recordará, el pasado 24 de septiembre del 2021, en los actos festivos del departamento de Santa Cruz, luego de que el vicepresidente, David Choquehuanca, izara la wiphala, grupos de matones afines al comité cívico dirigido por Calvo, violentaron a los presentes, arriando la wiphala y desinfectando el lugar luego de que se retirara la comitiva oficial. Calvo fue condenado por incitación al racismo y agravio a los símbolos “patrios” en una audiencia en la que no faltó el griterío y los empujones entre los presentes.
Si bien la condena no es firme debido a estar aun en apelación en segunda instancia, lo cierto es que, de confirmarse este fallo, Calvo podrá acceder a la suspensión condicional de la pena o al perdón judicial debido a que la sentencia es inferior a los tres años y por tratarse de la primera condena del acusado. Sin embargo, este fallo impediría la posibilidad de que Calvo pueda intentar competir en las próximas elecciones ante el requisito de no tener ninguna condena ejecutoriada. Con esta decisión, de confirmarse, los sectores más radicalizados de la derecha cruceña empiezan a quedar arrinconados, con un gobernador que gobierna desde el penal de máxima seguridad de Chonchocoro y un ex jefe cívico al que se le van acumulando procesos penales.
Consultado por La Izquierda Diario Bolivia, Javo Ferreira, miembro de la Liga Obrera Revolucionaria (LOR-CI) señaló que “con esta sentencia impulsada por el diputado renovador del MAS, Rolando Cuellar, se busca dar pasos en la lucha interna que esta fracción del oficialismo tiene con el evismo, que acusan de convivencia al gobierno con los golpistas, y con la fracción radical de la oposición de derecha encabezada por Camacho y Calvo, pero sin tomar ninguna medida que busque derrotar definitivamente al amplio sector golpista que es alimentado por el empresariado agro industrial y el capital financiero. El gobierno de Arce arrincona a algunos representantes de la ultra derecha mientras preserva los grandes negocios y las posiciones de poder regional que estos sectores han conquistado desde el golpe de estado en adelante. Es claro que una sentencia de dos años es absolutamente insuficiente para derrotar a la derecha racista y golpista si no se avanza en afectar sus empresas y negocios que son las que en definitiva sostienen los grupos paramilitares y la presión oligárquica en el departamento de Santa Cruz”.
Como señala Ferreira y como hemos venido denunciando desde estas páginas, está claro que ni el ala “evista” en su momento, ni las distintas variantes “renovadoras” del MAS se distinguen en negociar su gobernabilidad con los golpistas.
Más allá de las declaraciones oficialistas que hablan de “justicia” y aunque se han venido realizando procesos contra representantes de la derecha, está claro que estos no solo que son insuficientes, sino que además son presentados de manera demagógica por el Gobierno como si fueran avances en la justicia. Estas declaraciones contrastan con la realidad. En primer lugar, porque ninguno de los encarcelados hasta ahora tiene condena por las masacres sin mencionar que además todavía muchos responsables, tanto materiales como intelectuales, continúan en total impunidad. En segundo lugar, porque el uso del aparato judicial, como se ha venido demostrando, es para medir fuerzas. Es decir, lejos de garantizar justicia, el aparato judicial es puesto al servicio de ajustes de cuentas individuales, estableciendo entre ellos los “límites” y “alcances” que negocian para “hacer justicia”.
No llama la atención que, frente a la sentencia contra Calvo, representantes del reaccionario comité cívico, como Stello Cochamanidis, declaren que se hacen “usos abusivos y serviles desde el Juez” arguyendo que se trata de una sentencia “totalmente injusta”. Denuncian los métodos que ellos mismos aplican cuando están ocupando posiciones de poder y de control de los aparatos del Estado.
Todo esto pone en evidencia, una vez más, que no se puede depositar ni una pizca de confianza en la institución judicial que ha dado sobradas muestras de complicidad con el poder de turno y que ha garantizado la impunidad de todos los ataques a las y los trabajadores y el pueblo durante el golpe de Estado. |
