La renuncia de Araos a la Subsecretaría del Ministerio de Salud, venía resonando al interior de La Moneda debido a las versiones- primero contradictorias, luego asumidas por Araos- de que no se contactó con la Clínica Las Condes para la consulta de disponibilidad de camas pediátricas, luego de que una lactante de dos meses falleciera en San Antonio producto de la ausencia de camas disponibles en la región.

La semana que pasó la derecha, posó como defensora de la “salud”, insistiendo en la incompetencia del gobierno, incluso reviviendo muertos políticos como Piñera, que salió a ofrecer su “ayuda” y la de su equipo, donde también se refirieron en los medios de comunicación a esto Enrique París, Paula Daza y nada más ni nada menos que Jaime Mañalich, el mismo que mintió con las cifras al comienzo de la pandemia de Covid-19 y se mostró “sorprendido”, por cómo vivían la mayoría de chilenas y chilenos, producto del hacinamiento que favorecía el contagio.

Por su parte el gobierno en un primer momento, respaldó a la Ministra de Salud y al Subsecretario Araos, en medio de la amenaza de una acusación constitucional a la Ministra, por parte de los Republicanos, que después fue bajada debido a su renuncia.

El gobierno de Boric, no ha tenido una política real de fortalecimiento de la salud pública como tal, debido a que la “polémica” con la Clínica Las Condes, en un sentido no es mayor acceso a la salud, sino que todo lo contrario, es decir, que por medio de recursos del Estado privados se sigan enriqueciendo, y lucrando con las vidas de los hijos de la clase trabajadora en esta emergencia.

Por un sistema de salud único financiado con los impuestos a las grandes empresas

Al igual que en el gobierno de Piñera y como herencia latente de los últimos 30 años, la situación de la salud pública continúa siendo deficiente, Boric más allá de fortalecer la salud pública, al parecer busca mantener la ganancia de los privados. Es por ello, que es necesario que en contexto de crisis como el actual, producto del virus sincicial no se puede permitir ningún cierre de cama o de unidades de atención al interior de los hospitales, como también prohibir cualquier tipo de despidos a los trabajadores de la salud. Al contrario, se vuelve fundamental la necesidad de contratación de personal en contexto de crisis hospitalaria y ocupación de las clínicas privadas sin pago a los dueños y empresarios, sino que en base a la necesidad de utilización por parte del conjunto de la población.

Los recursos del Estado, no deben ir a los bolsillos de los empresarios de la salud, sino que a la dotación funcionaria, a la necesidad de insumos, medicamentos, camas y modernización de centros hospitalarios que todos los años vemos que en invierno colapsan o se caen a pedazos.

Mientras los empresarios de la salud, realizan robos de cuello y corbata, por medio de las Isapres, con multimillonarias cifras que van directo a sus bolsillos, inversiones y ganancias. El pueblo trabajador, está condenado a sueldos de hambre, que impiden “contratar sus servicios” para garantizar una cama en caso de un problema de salud y ve como la red pública es cada vez más precaria, el verdadero Chile, donde hay salud para ricos y para pobres.