En medio de una movilización en Jujuy, una docente se acerca y habla a la cámara “los maestros no somos vagos, nos la rebuscamos vendiendo productos por catálogo, distintas cosas, joyas, perfumería” y suma “aún así no llegamos a fin de mes, el esfuerzo que hace el docente es arduo para sostener la familia, eso es lo que quiero que sepa el pueblo”. Se trata de docentes que están reclamando por salarios y contra la reforma constitucional que quiere imponer el radical Gerardo Morales con ayuda del PJ.
En la protesta participan centralmente docentes y también trabajadores de salud, ramas que se caracterizan por una abrumadora mayoría femenina. La crisis revela desigualdades de género y las desigualdades de género se exacerban en la crisis.
Pero Jujuy no es una excepción nacional. Desde la asunción del Frente de Todos, las promesas de recuperar lo perdido durante el macrismo fueron acompañadas de una batería de anuncios y programas en materia de género que, en teoría, venían a combatir las desigualdades que la mujeres y la diversidad sexual atraviesan. ¿En qué situación se encuentran esas iniciativas?
Una radiografía del Plan Acompañar
El grueso del presupuesto del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad (83%) está dedicado al Plan Acompañar, un programa destinado a mujeres y LGBTIQ+ que atraviesan situaciones de violencia y necesitan un sostén económico. La propaganda oficialista insiste, para mostrar un “logro”, en remarcar la totalidad de personas asistidas desde que comenzó el programa: casi 300 mil. Durante el 2022 fueron dados de alta 137 mil planes, sin embargo para el año 2023 el Gobierno se trazó como meta asistir a 106 mil personas. ¿Por qué se prevé menos asistencias? No aparece en ningún lado.
La cantidad de femicidios por año no descienden, así lo mostró la movilización por Ni Una Menos el pasado 3 de junio. Sin embargo, lo que sí bajó es la cantidad de presupuesto destinado al plan en términos reales: la partida del Acompañar solo fue aumentada un 18% en relación al 2022, un porcentaje ya superado por la inflación del primer trimestre, lo que en términos reales, significa un recorte. Todo vale cuando las cuentas estatales están ordenadas en función de cumplir un plan de ajuste atado a los pagos al FMI.
Si el acceso a un trabajo con derechos y salarios que cubran la canasta básica familiar no fuese un milagro la realidad sería otra. Pero de las 300 mil mujeres y LGBTIQ+ que solicitaron un plan, el 97% declaró que sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos y 4 de cada 5 tienen hijes. El programa está diseñado para asistir por 6 meses a la víctima, con un ingreso mensual de $ 87.962 (a junio), luego tiene que arreglarse por su cuenta. Ni siquiera está la posibilidad de solicitar un plan “Potenciar Trabajo por motivos de violencia de género” (que otorgan la mitad de esa suma y requiere una prestación laboral), ya que desde agosto no se otorga ninguno más, porque el Gobierno los congeló.
Mujeres sin refugio
En caso de necesitar un techo ellas y sus hijes para salir de la situación de violencia en refugios y hogares de tránsito, hay solo 3.048 plazas a nivel nacional. No se llegaría a albergar ni al 1% de las solicitantes del Plan Acompañar.
Tras casi 4 años de gobierno el panorama es crítico: el Ministerio releva 23 refugios provinciales, 136 municipales y 86 gestionados por Organizaciones Sociales Civiles -incluyendo la Iglesia-. De los 30 Centros Territoriales Integrales de Políticas de Género y Diversidad, que en 2021 anunciaron Elizabeth Gómez Alcorta, Santiago Cafiero y Wado de Pedro, solo se inauguraron 3 hasta el momento. Su función será principalmente llevar a cabo políticas de prevención y asistencia, en algunos casos tendrán capacidad de alojamiento para víctimas.
El panorama de conjunto es importante porque con la constante batería de anuncios, mesas de diálogo, planes y reuniones que publicita el Ministerio busca mostrar que están “trabajando para la igualdad”.
Consultada sobre el informe oficial del Ministerio que recabó La Izquierda Diario, Myriam Bregman, diputada y actual precandidata presidencial del Frente de Izquierda, declaró que “es un discurso que busca ocultar las desigualdades que persisten y se profundizan: no solo la falta de políticas públicas para atender la emergencia de la violencia contra las mujeres, sino también el recorte presupuestario para lo existente. Mientras se profundizan las brechas de género en los ingresos, la sobrerrepresentación de las mujeres en la pobreza y la gran mayoría, sobre todo la precarizada, ve disminuir su poder de compra de alimentos esenciales con la inflación mes a mes”.
¿Qué pasó con el cupo laboral trans?
Capítulo aparte merece la respuesta hacia los problemas de personas LGBTIQ+. Según las estadísticas que relevó el Ministerio, entre 2013 y 2022 hubo 18.808 consultas/asistencias a la diversidad sexual por situaciones de violencia. Del total de planes Acompañar otorgados, 3.255 fueron destinados a travestis, trans, intersex, queer y no binaries. Es sabida las consecuencias de la exclusión laboral y la violencia institucional que padecen sobre todo travestis y trans.
Ante tal situación, distintos sectores de la comunidad hace años impulsan y pelean por la implementación del cupo laboral travesti trans. Este junio, casualmente el mes del Orgullo, se cumplen dos años de su sanción a nivel nacional y el límite de plazo para que el gobierno cumpla lo dispuesto por la ley.
Sin embargo, los números están muy lejos de eso. Hasta mayo de 2023 se postularon 7.748 para acceder a un puesto de trabajo en el Estado, pero solo pudieron acceder 709. Según el monitoreo del Ministerio, el (in)cumplimiento del cupo que debería ser al menos del 1% de todos los puestos de trabajo del Estado nacional, hoy en día se encuentra en 0,15% para el Poder Ejecutivo Nacional donde el cupo mínimo equivale aproximadamente a 4.500. El 65% de los trabajos otorgados son bajo modalidades de contratación precarias.
Una salida contra la demagogia reaccionaria
Milei hace demagogia planteando que hay que cerrar el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Pero, en boca de la extrema derecha, no significa que les interese si las políticas que realizan llegan a la mayoría de mujeres y la diversidad. Al contrario, es porque piensan que no debería haber ninguna política pública que intente paliar los efectos de esa desigualdad.
Andrea D’Atri, fundadora de Pan y Rosas y precandidata a legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, sostiene: “Que los discursos oficialistas se vanaglorien del alcance de los programas e iniciativas, cuando a la par atacan brutalmente las condiciones de vida del pueblo trabajador mediante el ajuste y la inflación, termina justificando la demagogia reaccionaria. Mientras la situación empeora, especialmente para las mujeres trabajadoras y del pueblo pobre, calan los discursos que buscan depositar la culpa de los males sociales en los supuestos ‘privilegios’ de las mujeres y la diversidad”.
Al contrario, es necesario plantear salidas que contemplen las necesidades urgentes, como el Plan de Emergencia contra la violencia de género que hace años presentan Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Alejandro Vilca en el Congreso pero los bloques mayoritarios se niegan a tratarlo. El Plan propone que haya un régimen de subsidios a las víctimas y se creen inmediatamente refugios transitorios, que haya créditos a tasa cero para que las víctimas puedan adquirir una vivienda propia y un plan de viviendas a corto plazo. Una idea que está basada en la creación de impuestos progresivos a las grandes fortunas y corporaciones inmobiliarias, y que plantean acompañada de propuestas de fondo para resolver el problema de los bajos ingresos, la desocupación o la sobrecarga de trabajo para llegar a fin de mes: reducir la jornada laboral y repartir las horas de trabajo, con un salario mínimo que cubra la canasta familiar, para que haya trabajo con derecho para todes. | 
