No se sabe nada de la mujer de 28 años desde el 1° de junio. Según la investigación judicial, las sospechas recaen sobre la familia de Emerenciano Sena y su esposa Marcela Acuña, dirigentes sociales de estrecha relación con el gobernador Capitanich, miembros de su frente político y padres del esposo de Strzyzoswski. Los tres están detenidos junto a otras cuatro personas de su entorno.
Cecilia Strzyzoswski tiene 28 años y desde 2022 está casada con César Sena, de 19. Ambos viven en Resistencia, la capital del Chaco, y hasta el 31 de mayo todo hacía pensar que se irían de viaje a Tierra del Fuego, quizás con la idea de instalarse un tiempo allí. Pero todo cambió el 1° de junio, ante la desaparición de Cecilia, de quien hasta ahora no se sabe nada, al menos públicamente.
César Sena es hijo de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, una pareja de dirigentes sociales con larga y controversial trayectoria política en la provincia. De hecho el próximo domingo hay elecciones en Chaco y ambos se postulaban en la lista del Frente Chaqueño cuya máxima referencia es el gobernador Jorge Capitanich. Hasta el sábado, antes de ser detenidos en la causa por la desaparición de Strzyzoswski, Sena era precandidato a diputado y Acuña a intendenta de la capital de la provincia.
La familia de Cecilia hizo la denuncia por su ausencia el martes 6, cinco días después del último contacto que tuvieron con ella. Desde entonces interviene la Fiscalía Especial en Violencia de Género Nº 4 de resistencia, a cargo del fiscal Sergio Cáceres Olivera, quien dio intervención a la División Búsqueda de Personas Desaparecidas o Extraviadas del Departamento Inteligencia Criminal de la Policía de Chaco, también a la División Homicidios y Captura del Departamento de Investigaciones Complejas, al Departamento de Lucha Contra la Trata de Personas y a la Dirección de Policía Caminera.
Cecilia Strzyzoswski
Las repercusiones políticas del caso llevaron al Poder Judicial a conformar un “Equipo Fiscal Especial” integrado por Cáceres Olivera, el fiscal de Cámara Jorge Gómez y la titular de la Fiscalía N° 5, Nelia Velázquez.
Tras tomarles declaraciones testimoniales a familiares de la mujer y a parte de la familia Sena, el fiscal ordenó varias medidas de prueba. Según las fuentes del caso que dan información a cuentagotas a algunas empresas periodísticas, en la declaración del esposo de Cecilia hubo “contradicciones” que motivaron, entre otras cosas, una serie de allanamientos a inmuebles familiares y pericias sobre vehículos de su propiedad. Especialmente teniendo en cuenta que, según la propia madre de la mujer, Gloria Romero, la última comunicación con su hija giró en torno al viaje a la Patagonia. Cecilia y César, afirmó, antes de viajar iban a pasar varios días en la casa de Emerenciano y Marcela.
La desaparición de Strzyzoswski causó conmoción en la comunidad chaqueña. Mucho más cuando, luego de esos allanamientos y testimonios, Cáceres Olivera decidió mandar a detener a César Sena (según las fuentes, el principal sospechoso), a sus padres Emerenciano y Marcela, a Fabiana González y su esposo Gustavo Obregón (asistentes de los Sena), a Gustavo Melgarejo (casero de una finca familiar ubicada en Campo Rossi, en las afueras de Resistencia) y a una séptima persona de la que hasta el momento no se dieron más datos.
Inicialmente la causa fue caratulada como “desaparición de persona”, pero en las últimas horas el fiscal habría pasado a investigar un posible “femicidio”.
El lunes el fiscal confirmó que en uno de los rastrillajes realizados en Campo Rossi, en un predio de unas cien hectáreas, “se detectaron restos óseos”. Confirmado por forenses que se trataba de huesos, ahora deberán ser analizados y determinar que sean humanos y, eventualmente, a quién pertenecen (no siempre se llega a poder concretar pruebas fehacientes de ADN). En otros dos allanamientos, en otras propiedades que los Sena tienen en Resistencia, se encontraron manchas de sangre, que también deberán analizarse.
Además, en las últimas horas, según información difundida desde la Fiscalía, se habría confirmado que el teléfono de Strzyzoswski estuvo “activo” durante el fin de semana posterior a la desaparición. Incluso la familia habría recibido mensajes en los que Cecilia informaba que estaba en Ushuaia junto a su esposo. De acuerdo a los datos de impacto de las antenas de las empresas de telefonía, esos mensajes (de texto, no de audio) fueron enviados desde la zona de los campos de la familia Sena.
Este martes los detenidos fueron llevados ante los fiscales para tomarles declaración indagatoria. Seis de ellos hicieron uso de su derecho constitucional a negarse a declarar. Sólo aceptó hablar Melgarejo, el casero del campo. Según las fuentes judiciales, el hombre fue indagado como presunto “coautor” de “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas”. Por el mismo delito fueron indagados (aunque se negaron a declarar) Fabiana González, Obregón y el otro detenido (de “identidad reservada”).
En el caso de Emerenciano Sena y Marcela Acuña se los acusa de “encubrimiento” en favor de su hijo, quien este martes también se abstuvo de declarar y quedó imputado por ser autor del delito de “homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer en contexto de violencia de género”. Un delito que prevé una pena de prisión perpetua.
Hasta hace pocos días Sena y Acuña estaban en campaña
Derivaciones políticas
El sábado, poco antes de ser detenido, Melgarejo habló por una radio de Resistencia, entrevistado por el conductor Gustavo Olivello. Allí, entres otras cosas, dijo que vive y trabaja en el campo de los Sena, que cuida chanchos, vacas y otros animales, y que “el único” de la familia que visita la finca es Emerenciano. Poco después se dio a conocer la información de que sobre Melgarejo pesaba un “pedido de captura” por “violencia de género”.
Un dato que vale no pasar por alto es que el Gustavo Olivello, el “periodista” que entrevistó en exclusiva al casero antes de su detención, es un expolicía y exfuncionario de Capitanich. En 2014, tras comandar una brutal represión contra trabajadores y de movimientos sociales, “Coqui” (quien cumplía su segundo mandato como gobernador), le pidió la renuncia para desactivar las protestas crecientes en las calles. Hoy Olivello es precandidato a intendente de Resistencia por Libertarios en Acción, un rejunte fascistoide semejante al espacio de Javier Milei. Es decir, en los hechos era competidor, hasta la semana pasada, de Marcela Acuña, la patrona de Melgarejo.
Ante los acontecimientos, Capitanich solicitó a la Justicia Electoral de la provincia que se excluyera de su alianza al partido Socialistas Unidos, el sello familiar con el que los Sena negociaron cargos y votos en el oficialismo durante años. A su vez la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la provincia logró ingresar al expediente como querellante de la causa en representación de la familia de la víctima.
El caso ya se transformó en un escándalo de proporciones, ya que puso el foco en el entramado político chaqueño cuya referencia principal es Capitanich, quien a su vez juega fuerte en la política nacional. De hecho la semana pasada fue el vocero del grupo de gobernadores peronistas que emitieron un comunicado en el que piden al Frente de Todos una lista “única” y “federal” de cara a las elecciones presidenciales.
Pero además, al tener como protagonista directa a la familia Sena, el caso también repercute fuertemente en el campo de las organizaciones sociales. Emerenciano y su esposa llevan años conduciendo con métodos caudillistas y clientelares una organización social donde la transparencia en el manejo de los recursos que les provee el Estado brilla por su ausencia. Más allá de la retórica “popular” y “combativa”, cooptación, corrupción y enriquecimiento obsceno son términos que siempre se asociaron a la política encabezada por ellos.
De allí que no sea nada casual ni inocente que gran parte de las empresas periodísticas nacionales identificadas con la oposición de derecha hoy hagan uso de este macabro hecho para descargar su odio a “los piqueteros”, ligando a los Sena con el conjunto de las organizaciones de trabajadoras y trabajadores desocupados. Una canallada criminalizadora de la pobreza y la protesta social.
Hoy el fiscal Cáceres Olivera y sus colaboradores judiciales mantienen el “secreto de sumario” en la causa, con lo que todo lo que sale a la luz públicamente debe ser considerado en su justa medida. Pero el secreto no debería mantenerse por mucho tiempo. En un caso tan sensible y con derivaciones políticas tan relevantes, el Estado es responsable de despejar todas y cada una de las dudas, llevarle la verdad a la familia de Cecilia Strzyzoswski y castigar a quienes hayan sido responsables de su desaparición y eventual muerte. Eso incluye despejar toda duda sobre posibles encubrimientos políticos e institucionales sobre éste y otros crímenes. Algo a lo que ni el Poder Judicial ni el resto de los factores de poder en Argentina están acostumbrados.
