Tras casi 6 años de reclamos de los Hipotecados UVA y promesas incumplidas de los gobiernos de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, este miércoles la Cámara de Diputados consensuó un proyecto para hacer modificaciones a estos créditos. Fue en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas, presididas por Carlos Heller y Alicia Aparicio (ambos del FdT). Las organizaciones de hipotecados habían solicitado participar del debate ya que son los afectados, pero las autoridades del oficialismo se lo negaron.
El dictamen de mayoría fue consensuado entre el Frente de Todos y el radicalismo que integra Juntos por el Cambio, que al obtener 50 firmas ya está en condiciones de llegar al recinto. Sin embargo, los colectivos de los hipotecados UVA salieron al cruce del proyecto y denuncian que sigue favoreciendo a los bancos. Los únicos diputados que se hicieron eco de los reclamos de las familias fueron los del Frente de Izquierda Unidad. Nicolás del Caño (PTS-FITU) fue el primero en tomar la palabra y apuntó contra los bancos: “destinan a crédito a la vivienda apenas el 1% de los recursos, mientras que el 50%, 60% lo destinan a la especulación financiera”. El diputado de la izquierda denunció que en el proyecto “los bancos no están poniendo nada” y que incluye una “cláusula extorsiva” contra las familias. Es que el proyecto obliga a los hipotecados a desistir de cualquier acción judicial (en curso o futura) para ingresar al nuevo régimen.
El diputado oficialista Carlos Heller, defendió el dictamen y sostuvo que es “razonable”. Julio Cobos (UCR-JxC) celebró el consenso y aclaró que “No estamos rompiendo nada, porque se está generando un mecanismo compensador para el descalce”. El “mecanismo compensador” que incluye el proyecto es para “compensar” a los bancos, aunque hayan sido los grandes ganadores de la estafa y la usura de estos créditos.
Los créditos hipotecarios UVA fueron implementados por el gobierno de Mauricio Macri en 2016, con la promesa de que las cuotas no superarían el 35% de los ingresos de los tomadores. Se trata de una estafa, con el Estado como principal actor: las cuotas hoy llegan a representar entre el 50% y el 70% de los ingresos en muchos casos, y la deuda ha crecido exponencialmente. Es que la modalidad de estos créditos actualiza tanto la deuda como las cuotas siguiendo la evolución de la inflación mientras los salarios llevan 9 años consecutivos de pérdida de poder adquisitivo.
El equivalente a 1 UVA en marzo de 2016 era de $14,06. Hoy es de $262,68. En pericias contables realizadas por la justicia por demandas que iniciaron hipotecados, revelaron los cálculos que exponen la estafa y usura de los bancos. Determinaron que la deuda crecía casi 1 millón de pesos por mes. Mostraron que un crédito inicial de alrededor de $2 millones, por la inflación y los intereses, termina generando una deuda de más de $241 millones.
La demorada respuesta del Congreso avanza ahora por una razón: comenzaron a salir fallos judiciales favorables a las familias hipotecadas (como en Mendoza y Tierra del Fuego). Esto motivó el temor de los bancos a que se multipliquen esos fallos que pueden perjudicarlos. Los diputados que consensuaron este proyecto de las dos coaliciones mayoritarias se hicieron eco de ese temor, incorporando la cláusula para obligar a las familias a desistir de cualquier acción judicial en curso o futura.
¿Qué dice el dictamen?
Estos son los principales puntos del proyecto consensuado, y los cuestionamientos de los hipotecados UVA.
Recálculo de las cuotas:
Propone que desde el 1 de enero del 2023 se reemplace el índice UVA (que sigue la inflación) por el RIPTE (que sigue la evolución de los salarios formales).
Los hipotecados reclaman que se aplique un nuevo índice desde el inicio del crédito. Si ahora están reconociendo que el UVA es un mal índice, deberían cambiarlo para todo el crédito y no solo desde el 2023. Sin atender este reclamo se está convalidando la usura de los bancos durante más de 6 años. Por otro lado, el proyecto propone el índice RIPTE que toma los salarios más altos (formales y que tienen paritarias regulares), y no el coeficiente de variación salarial que incluye a los informales que representan más del 40% de las y los trabajadores.
La cuota no debe superar el 30% de los ingresos del hipotecado
Esto significa para los hipotecados que se patea el problema para adelante, ya que si la cuota es superior, el excedente va al final de la hipoteca y es más deuda a futuro.
Cláusula contra cualquier reclamo a los bancos
Para ingresar a este régimen tienen que desistir de acciones, declaraciones, reclamos y/o recursos legales en trámite y hacerse cargo del pago de costas y gastos causídicos.
Esta es la cláusula que señalan como extorsiva: para impedir hacer cualquier reclamo sobre el recálculo desde el inicio del crédito a pesar de que los cambios propuestos son a partir del enero del 2023. Es una forma de resguardar a los bancos de que tengan que hacer alguna reparación retroactiva a las familias.
Compensación para los Bancos
Crean un Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH) para compensar por las diferencias de las cuotas a los bancos. Si bien establece que los bancos tendrán que hacer un aporte mensual (un porcentaje de los depósitos de todos los ahorristas), el mismo puede ser suspendido o reducido. El Fondo Fiduciario podrá utilizar esos mismos fondos aportados para la especulación financiera (por ejemplo en Leliqs), y de esa forma capitalizarse (recuperar el monto de los aportes). Al finalizar el cobro de los créditos, se le devuelve a los bancos los recursos disponibles del Fideicomiso.
El diputado Martín Tetaz (Evolución Radical - JxC) se opuso a este mecanismo por considerar que es “un nuevo impuesto a los bancos”. Sin embargo, los aportes de las entidades financieras no solo saldrán de los depósitos de los ahorristas, sino que también podrán capitalizarlos en el circuito de la especulación financiera. Los bancos nunca pierden. Tetaz presentó un dictamen de minoría y siempre ha defendido el mecanismo del crédito UVA, fue acompañado por el PRO y la Coalición Cívica.
El drama de la vivienda
La situación de más de 100.000 familias estafadas con los créditos UVA es uno de los eslabones del problema estrcutural de la vivienda. El déficit habitacional en nuestro país alcanza a alrededor de 4 millones de familias, a pesar de que el ultimo censo reveló que creció más la cantidad de viviendas nuevas que la población. Se calcula que cada 2,57 habitantes habría una vivienda, revelando así que lo que aumentó es la especulación con el derecho a un techo.
Mientras hoy escuchamos fuerzas políticas que proponen dolarizar la economía, en nuestro país hay algo que ya está dolarizado desde la dictadura militar: el valor de las viviendas. Los resultados están a la vista: son muy pocos y cada vez menos quienes pueden acceder a la casa propia, y el acceso a la vivienda es uno de los dramas más generalizados. La especulación inmobiliaria avanzó y busca dolarizar también los alquileres con la extensión de los alquileres temporarios en muchas ciudades del país. A esto se suma que prácticamente no existe el crédito hipotecario: los bancos, incluso los públicos, destinan 50 veces más sus recursos en la especulación financiera que en créditos para vivienda.
Como dijo Nicolás del Caño, el acceso a la vivienda “se trata de un un derecho elemental, y hay que tomar medidas de fondo” para dar respuesta al déficit habitacional de las familias de barrios recuperados, inquilinos e hipotecados. Entre las propuestas de la izquierda destacó la necesidad de un impuesto a la vivienda ociosa, aumento de emergencia de salarios y jubilaciones, y un verdadero plan de Obras Públicas para construir las viviendas necesarias.
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