Desde el golpe parlamentario de diciembre pasado que puso en la presidencia de Perú a Dina Boluarte y la brutal represión que le siguió, dejando al menos 60 manifestantes muertos, la situación ha seguido empeorando en el país. En medio de un pico de contagios y muertes por dengue y con los indicadores económicos y sociales al rojo vivo, Boluarte ha salido a amenazar a aquellas personas que estén planeando nuevas protestas.
"Llamo a estas personas que nuevamente están anunciando la ’tercera toma de Lima’ o la ’nueva toma del Perú’, ¿Cuántas muertes más quieren por el amor de Dios, acaso no les duele en el alma haber perdido a más de 60 personas en estas manifestaciones violentas? Ninguna de esas muertes la ha provocado ni la ha buscado el Gobierno", dijo Boluarte este miércoles durante un viaje a la región norteña de Piura.
Estas afirmaciones, además de constituir una amenaza directa a los que quieran ejercer su derecho a la protesta ante el gobierno golpista, se contradice con decenas de informes y denuncias internacionales que destacan la responsabilidad del Gobierno, la Policía y el Ejército en la brutal represión y la particular saña contra los sectores más pobres, campesinos y pueblos originarios.
La razón principal que llevo a miles de peruanos y peruanas a movilizarse, sobre todo en las regiones más pobres del país, fue el golpe parlamentario promovido por la derecha y por los sectores empresariales contra el expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre del 2022. Tras un intento fallido y autoritario de cerrar el Congreso, en el que no tenía mayoría, Castillo fue destituido de su cargo y encarcelado con el visto bueno de la oposición de derecha, los empresarios y las Fuerzas Armadas, que llevaron adelante el golpe vía parlamentaria respaldando a Dina Boluarte, hasta ese momento vice de Castillo, como nueva presidenta.
Boluarte, junto a su premier Alberto Otárola, fue quien dio la orden a las fuerzas armadas y policiales, como lo han refrendado investigaciones periodísticas y las declaraciones de los mismos mandos militares, para que se lleve adelante la brutal represión militar-policial que costó la vida de más de 60 civiles y dejo cientos de detenidos arbitrariamente y miles de heridos, quienes hasta ahora se encuentran olvidados por el estado y con severas lesiones que afectan sus actividades cotidianas y su sustento económico.
Es por esa razón que el pasado 3 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hizo público en un informe que las fuerzas represivas del estado peruano actuaron de manera extrajudicial cuando asesinaron violentamente a quienes participaron de manera directa e indirecta en el levantamiento popular. Este informe, que involucra a la presidenta Boluarte, ya que ella fue la que dio las órdenes a las fuerzas represivas para que actúen como lo hicieron contra la población desarmada, se sostiene, entre otras cosas, en los sucesos ocurridos en las regiones de Ayacucho y Puno, donde la CIDH habla de que allí habría ocurrido una masacre contra los manifestantes.
En otro momento de su intervención en el norte peruano, Boluarte dijo: "¿A quién benefician esas muertes? Eran aquellos que pedían mi renuncia y ahora mismo no satisfechos con que yo no haya renunciado, siguen buscando y quieren utilizar a la población peruana para seguir generando zozobra, violencia, caos, crisis, ¿a dónde más vamos a llegar?".
Completamente alejada de una realidad que no ha parado de empeorar la presidenta, que hoy gobierna sostenida en los sectores más reaccionarios y ultraderechistas de la política peruana, como es el caso del fujimorismo que se ha convertido en su principal aliado, dijo que su gobierno “está trabajando sin robar al pueblo, es respetuoso con las instituciones y la Constitución y no les van a dar el gusto a los que les acusan de ser un Gobierno cívico-militar", pidió también que la “ayuden a que miren a un Perú que está saliendo de las cenizas como el ave fénix y quiere volar con alas frondosas como un país desarrollado".
Hoy, su gestión es repudiada por más del 80% de peruanos, quienes también rechazan masivamente al Congreso de la República, que es una de las principales instituciones en las que se sostiene Boluarte para mantenerse en el ejecutivo (la otra es el Ejército). Este repudio tiene que ver con la forma como llego Boluarte a la presidencia, en su estrecho vínculo a los denominados políticos tradicionales y a que, a la fecha, no solo ha mantenido incólumes los pilares del modelo neoliberal, sino que también pretende profundizar las medidas de ajuste contra el pueblo trabajador.
Esto último ha quedado demostrado concretamente en la forma como ha respondido el Ejecutivo y el Estado en su conjunto, a la proliferación del dengue, sobre todo en la zona norte del país, donde las cifras son alarmantes. Acá, una vez más, el sistema público de salud, desfinanciado y en crisis a raíz de las políticas de ajuste neoliberal, ha mostrado sus límites, mientras que las farmacias y clínicas privadas, amparadas en la constitución de 1993 que prioriza las ganancias de los grandes empresarios antes que la vida del pueblo, buscan sacar el máximo provecho elevando los precios de productos como el suero y otros que hoy hacen la diferencia entre quienes viven y quienes mueren. Y todo esto ocurre con la venia del Gobierno.
Consultado por La Izquierda Diario, José Rojas, dirigente de la Corriente Socialistas de las y los Trabajadores (CST) de Perú señalaba que ante esta situación "es importante retomar la lucha contra este gobierno asesino y neoliberal que gobierna sostenido en las fuerzas represivas, los grandes empresarios y los sectores más derechistas del espectro político. Para eso es importante apelar a la auto organización obrera, campesina y popular. Nos parece importante que, desde las bases, se impulse la realización de un gran encuentro nacional, obrero, campesino y popular donde participen delegadas y delegados elegidos por sus bases y que en este espacio se discuta y se apruebe un plan de lucha para enfrentar y derrotar a este gobierno asesino y poder imponer así desde la movilización y la auto organización obrera y popular, una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que nos permita acabar con el nefasto régimen del 93 y abrir las puertas hacia un gobierno de las y los trabajadores". |
