El pasado 16 de septiembre, la procuradora general de la república, Arely Gómez. dio a conocer un informe técnico enviado por el instituto forense de Innsbruck, Austria, en el que son identificados restos de ADN en los fragmentos óseos encontrados el 29 de octubre de 2014 en el basurero de Cocula. De acuerdo a las declaraciones los restos se identifican con el normalista Jhosivani Guerrero de la Cruz desaparecido, con participación de la policía municipal, estatal y federal y el ejército, el 26 de septiembre del 2014.
Sin embargo, las declaraciones de la Procuraduría General de la República (PGR) vuelven a darse entre diversos atropellos e irregularidades.
Con total insensibilidad hacia los familiares de las víctimas de la brutal violencia del Estado, la PGR volvió a ignorar las recomendaciones de los peritos argentinos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al no notificar a los padres y familiares de Jhosivani Guerrero de los resultados del informe forense de manera previa al informe público, por lo que se enteraron “por los medios de comunicación”.
Después de ese denunciar las violaciones de la PGR ante los familiares de las víctimas, el vocero de los padres de familia, Felipe Flores, declaró ante los medios que no aceptaran como verdadera la declaración de la PGR porque “no ofrece ninguna certeza”.
Además, Felipe Flores hizo referencia a que el informe de los resultados forenses es la respuesta al informe brindado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en el que se descartó que los cuerpos de los normalistas hubieran sido quemados en el basurero de Cocula y se apuntó a la participación de los diferentes niveles de la fuerza pública en su desaparición.
Las declaraciones realizadas por el GIEI fueron un duro golpe para el gobierno federal, pues derrumbó la “verdad histórica” con la que pretenden cerrar el caso de la desaparición de los 43 normalistas y afirmó que diferentes niveles de gobierno, y no solo la policía municipal de Iguala y Cocula, habían participado en la desaparición de los 43 normalistas y el asesinato de seis personas.
Los padres informaron que los forenses argentinos se trasladaron a la localidad de Omeapa, Guerrero, para dar una explicación detallada del informe técnico del instituto forense austriaco enviado a la PGR. Pero, a través de su vocero adelantaron, en una entrevista a Radio Fórmula, “No, no le creemos porque a nosotros nos explicaron concienzudamente los forenses argentinos la realidad de los códigos y de lo que dice el informe en Innsbruck, que hay indicios nada más de que pudiera ser Jhosivani, no hay la seguridad al 100% de que sea Jhosivani, porque el método utilizado no fue el nuclear, sino fue el mitocondrial”.
Los restos enviados al instituto forense en Austria fueron encontrados en un peritaje en el que ningún miembro de los organismos de investigación independiente estuvieron presentes, por lo que el cuestionamiento sobre la veracidad de haber sido encontrados en el Río de los Remedios, tras haber sido incinerados en el basurero de Cocula continúa poniéndose en duda a la par de la identidad de los restos óseos.
El día de ayer fue detenido un hombre presuntamente identificado como “El Cabo Gil” quien es señalado por el gobierno federal como el responsable de haber sido el contacto directo entre las policías de Iguala y Cocula con el grupo Guerreros Unidos de acuerdo a la declaración ministerial de Sidronio Casarrubias, fue quien presuntamente ordenó la detención de los normalistas de Ayotzinapa.
“El Cabo Gil” habría de haber sido el firmante de una “narcomanta” que apareció el pasado 30 de octubre, donde se apuntaba a responsables de la policía municipal y estatal, y miembros del ejército por el crimen de Iguala y declaraba que los estudiantes estaban vivos.
Desconfianza en la PGR
A casi un año de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el gobierno mexicano está tratando de enterrar o desviar cualquier elemento que reabra la crisis del régimen político, ya sea por medio de la defensa de su “verdad histórica” o por la hipocresía encabezada por partidos políticos que fueron parte del crimen -como el PAN y el PRD- que a un año de las desapariciones llaman a la conformación de una comisión de investigación liderada por ellos mismos o la conmemoración del “día contra la desaparición forzada”.
Ante los familiares de los normalistas, como ante millones de personas y diversas organizaciones, la declaración de la PGR abre el cuestionamiento de cómo se puede confiar en la institución que se ha dedicado a ocultar pruebas centrales del crimen como ropa, videos, declaraciones- y se niega permitir la investigación de instituciones claramente involucradas, como el ejército.
Para estos sectores la verdad, la justicia y la aparición con vida, solo puede ser arrancada al régimen político a través de la movilización unitaria que hoy regrese con millones de voces donde los trabajadores encabecen la lucha junto a campesinos, estudiantes, amas de casa, etc.; para exigir ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!. | 
