Raúl Alfonsín ganó las elecciones presidenciales prometiendo derogar la Ley 22.924 de “Pacificación Nacional”, más conocida como Ley de Autoamnistía, que se promulgó bajo el último gobierno de facto. A poco de asumir instruyó al Poder Judicial para que inicie el juicio a las Juntas Militares. Una resolución inédita comparada con los países latinoamericanos que, como el argentino, fueron víctimas del Plan Cóndor que planificó el genocidio contra la vanguardia obrera y estudiantil de los años 70. Sin embargo, el primer presidente constitucional después de la salida de la dictadura fue precursor del Pacto de Impunidad con los genocidas y sus cómplices civiles. Los gobiernos que le sucedieron tuvieron los mismos propósitos: la recomposición y reconciliación con las Fuerzas Armadas y desmovilizar el persistente movimiento democrático. Acorde a esta política se implementaron la Conadep, el Juicio a las Juntas, el acta de Semana Santa, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, los indultos de Menem. Medidas que en cada contexto político aseguraron la impunidad para los genocidas y los responsables civiles, pero que no lograron la reconciliación de la sociedad con las Fuerzas Armadas.
Un nuevo momento irrumpe después de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001. En 2003 Néstor Kirchner asumió la presidencia con la claridad estratégica de restaurar la golpeada autoridad estatal heredada de aquellos sucesos, que incluía, nada menos, recomponer a las Fuerzas Armadas, avanzar en un camino efectivo de reconciliación y "normalizar el país burgués". La debilidad de origen del gobierno de Kirchner -obtuvo poco más del 20 % de los votos-, hizo lo suyo y lo llevó a levantar, entre otros aspectos, las banderas de los derechos humanos para recomponer el poder institucional capitalista. Adoptó una serie de medidas cruciales, prácticas y simbólicas, vinculadas a la lucha y movilizaciones en las calles por la Verdad y la Justicia. En sus dos primeras semanas de gestión descabezó las cúpulas de las Fuerzas Armadas y arremetió contra parte de la Corte Suprema de Justicia, particularmente contra el ministro Julio Nazareno, acusando a sus miembros de “extorsionar” al gobierno. En este vendaval de medidas, el siguiente paso se daría en agosto de 2003, cuando por amplia mayoría y con acuerdo del bloque del PJ, el Parlamento declaró nulas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Al día siguiente Kirchner reclamaba a la Corte una definición sobre esas leyes y en mayo de 2005 el procurador federal, Esteban Righi, dictaminó que las dos normas son inconstitucionales. Finalmente en junio de 2005 la Corte Suprema de Justicia declara la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. ¿Cómo se llegó a esta instancia? ¿Qué rol jugó la lucha por la Verdad y la Justicia?
Voces y protagonistas
Mucho antes de su aprobación, Patricia Walsh presentó al Congreso un proyecto de ley que buscaba declarar nulas las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida y los decretos de indultos. La hija del escritor y militante Rodolfo Walsh, detenido-desaparecido por la ESMA, en 2001, a poco de asumir como diputada Nacional, presentó el proyecto de ley. Ante la falta de tratamiento en el recinto, un año después lo vuelve a presentar. En esa oportunidad consiguió el apoyo de 15 integrantes de la Cámara y un pedido de sesión especial para debatirlo. Sin embargo tampoco avanzó. “Me resultaba doloroso que las bancas peronistas resultaran vacías cuando la mayor cantidad de víctimas de la dictadura levantaban sus banderas. Esas bancas vacías eran un insulto a nuestra propia historia”, recordó la exdiputada.
-“La nulidad fue mérito de las víctimas del terrorismo de Estado”
Liliana Mazea, abogada en juicio de lesa humanidad, sostuvo “Esta ley y su posterior declaración de inconstitucionalidad por el Poder Judicial, fue mérito del esfuerzo y consecuencia de las víctimas del terrorismo de Estado, sus familiares, los organismos defensores de los derechos humanos, como de organizaciones sociales y/o políticas que no cejaron en obtener juicio y castigo a los que participaron del genocidio en nuestro país”.
-“Contábamos con nuestras propias bibliotecas, las de la historia de las luchas”
Patricia Walsh “La Suprema Corte de entonces, con sus nueve miembros, tres de los cuales habían avalado antes aquellas infames leyes que ahora se ponían a revisar, venían señalando desde el año 2001, y antes también, que el Congreso no podía anular leyes, que eso era un resorte exclusivo y excluyente del Poder Judicial, apelando más de una vez al saber jurídico de las biblioteca. Pero nosotros contábamos también con nuestras propias bibliotecas, y las de la historia de las luchas, incluso jurídicas y parlamentarias. Con muchos abogados, abogadas y estudiantes de Derecho que sabían redactar y denunciar los crímenes de lesa humanidad. Escribimos sólidos proyectos de ley para poder juzgarlos. Sosteníamos que el reclamo de nuestra enorme lucha debía ganar todos los lugares que se pudieran. Y así lo hicimos”.
Ya en el 2003, el 12 de agosto, en la sesión especial que le dio media sanción a la ley de nulidad, supimos que podíamos torcer el rumbo. Pudimos hacerlo porque habíamos logrado sumar la fuerza necesaria, y porque la enorme movilización que nos acompañaba en aquella jornada, con el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, con compañeras imprescindibles e inolvidables como Adriana Calvo, obligaron a reunir el quórum, a sentarse en esas bancas, a votar a favor. Obligaron, también, a que la Suprema Corte falle a favor de la inconstitucionalidad de dos leyes de impunidad, y la constitucionalidad de la norma que las anula”.
-“Una conquista que logró el movimiento de derechos humanos argentino, casi único en el mundo”
Para el sociólogo Mario Santucho, editor de la Revista Crisis, aquel momento significó “una conquista que logró el movimiento de derechos humanos argentino, que es un movimiento político particularmente importante, singular, casi único en el mundo, por la potencia que ha tenido. Que se desplegó en las peores circunstancias y de múltiples maneras: el trabajo de los familiares, toda la gente que se sumó solidariamente, las organizaciones sociales, la ciudadanía en general. Que después se imbricó y articuló con los movimientos sociales que surgieron en la etapa post dictatorial (lo que se denominó democracia a partir de 1983, para nosotros fue más bien una post dictadura), por un lado para protegerlos, para proveerles la legitimidad que habían conseguido los derechos humanos, y también para mantener viva esa vocación de un cambio social que era por el que habían luchado nuestros padres. La lucha contra la Impunidad que el sistema político impuso a partir del 83 se desplegó de mil maneras: en la calle, en los medios, en los colegios, en la cultura, en la televisión, en las canchas de fútbol”.
-“A 20 años del golpe genocida marchas multitudinarias reclaman la anulación de las leyes”
El sociólogo y docente universitario, Christian Castillo, dirigente Nacional del PTS en el Frente de Izquierda, señala que: “La anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida tiene varias lecturas. En primer lugar es el producto del incremento de la lucha, por el fin de las leyes de impunidad, incluyendo los indultos menemistas, a partir, sobre todo, de 1996 cuando se cumplen los 20 años del golpe genocida, donde las marchas son multitudinarias y la anulación de las leyes y los decretos de impunidad estaban en el centro de los reclamos. Obviamente que esta lucha se vio potenciada por la revolución popular de 2001 que impugna a la dirigencia política que había sido responsable de las leyes y decretos de la impunidad de los genocidas. Recordemos que bajo el gobierno de Raúl Alfonsín se impulsan las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y Menem emite los decretos que indulta a los militares y comandantes que habían recibido condena”.
-“Los juicios por la verdad logró reunir miles de testimonios que luego de la nulidad sirvieron para los juicios de lesa humanidad”
Marta Ungaro, hermana de Horacio, desaparecido en La Noche de los Lápices, coincide en que la movilización popular logra la anulación de las leyes: “Nos movilizamos desde el momento que se dictó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, así como los indultos presidenciales. Todos esos años exigimos la nulidad al tiempo que impulsamos todas las instancias que se nos presentaban, como la planteada por el juez español Baltasar Garzón, quien a 20 años del golpe abrió la posibilidad de que se levantaran en España cargos de delitos de lesa humanidad contra ciudadanos argentinos por la desaparición de ciudadanos españoles. En 1998, en diferentes ciudades del país, entre ellas la ciudad de La Plata, se iniciaban los juicios por la Verdad, donde logró reunir miles de testimonios, casi 3.000. Aunque los militares no podían ser condenados, estos testimonios fueron de gran valor a partir de la nulidad de las leyes de impunidad".
-“Es un momento extraño, por un lado una celebración”
Mario Santucho, también autor del libro Bombo, el reaparecido (2019), agrega: “muy tardíamente, como suele suceder, el sistema judicial también tomó nota de esa exigencia colectiva, social, mayoritaria de justicia. Es para mí un momento extraño,{{}} porque por un lado hay que festejarlo, porque sin lugar a dudas es una conquista, la ratificación o el reconocimiento institucional de esa exigencia, que primero provino del Poder Legislativo, luego del Poder Ejecutivo, y finalmente del Poder Judicial. Pero también hay que decir que no se trata de un punto de llegada, ni del momento más importante de esa lucha, como suele interpretarse. O sea, para mí fue un momento de celebración, pero la verdad es que lo importante ya había sucedido antes, lo decisivo es haber triunfado en esa lucha cultural previa, construir una hegemonía en base a la verdad y a una noción bien interesante de justicia popular (“si no hay justicia hay escrache”), derrotar a la teoría de los demonios”.
-“La izquierda tuvo y tiene un lugar importante en esta gran lucha”
Patricia Walsh resalta que después de la nulidad de las leyes de impunidad, en la cual “la izquierda tuvo y tiene un lugar importante en esta gran lucha, se retomaron los juicios por crímenes de lesa humanidad, que veníamos impulsando. Acompañamos los juicios por la verdad, pero planteamos que siempre debíamos reclamar también justicia".
-“Junto a Myriam Bregman y el colectivo Justicia Ya! fuimos abogadas de Julio López en el primer juicio de lesa humanidad”
Liliana Mazea cuenta que a partir de setiembre del 2003 “recomenzaron los procesos que se habían paralizado por las leyes del perdón y se fueron agregando los casos que no habían llegado a ser tramitados, por lo que cuando se emite el fallo judicial de inconstitucionalidad, nos encontraba trabajando en la instrucción de los casos que debían llegar a juicio oral. Junto a Myriam Bregman participamos del colectivo Justicia Ya! que representó a Julio López contra Miguel Etchecolatz. Este primer juicio, después de la nulidad de las leyes, fue una ardua tarea porque había que presentarse como querellantes para disputar con las fiscalías el espacio judicial merecido, y así incidir en el caso de alguna pretendida absolución”.
-“Tanto radicales como peronistas durante años se negaron a aprobar la ley de nulidad enviada al Congreso por Patricia Walsh”
Christian Castillo vuelve a subrayar que es la enorme lucha popular quien consigue la nulidad, y agrega “tanto radicales como peronistas durante años se negaron a aprobar la ley de nulidad presentada por Patricia Walsh. Esto fue una respuesta del gobierno de Néstor Kirchner para reubicarse en una situación post 2001. Impulsa una política de cooptación de los organismos de derechos humanos, y pasaron a un discurso de considerarse hijas e hijos de las Madres de Plaza de Mayo, cuando en realidad los Kirchner no habían jugado ningún rol en la lucha contra los genocidas. No se fueron del menemismo cuando otorgó los indultos. Tampoco abrieron los archivos de la dictadura cuando llegaron al gobierno.
El comienzo de los juicios va a tener un punto saliente en el juicio contra Miguel Etchecolatz con la segunda desaparición de Jorge Julio López que también desató grandes movilizaciones reclamando su aparición que no pudo conseguirse. Destacar, también, el papel jugado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia en la lucha contra la impunidad y por la aparición de López”.
-“Llegan tarde porque la impunidad biológica se llevó a muchos de ellos”
Al igual que muchas víctimas de la dictadura, Marta Ungaro sostiene que los juicios llegan tarde. “Es importante que se hagan, pero llegan tarde porque la impunidad biológica se llevó a muchos de ellos. Lo sé porque en este momento soy querellante en el juicio del Pozo de Banfield donde se está juzgando el asesinato de mi hermano que ocurrió hace casi 47 años.
La lucha por la memoria, la verdad, la justicia, nunca se abandona. Creo que miles como yo queremos saber dónde están los 30.000 desaparecidos. Sabemos quiénes son los culpables, quiénes ejecutaron, dónde estuvieron gracias al testimonio de los sobrevivientes, pero no sabemos dónde están qué han hecho con cada uno de ellos. Fue un genocidio”.
-“Actualmente, la mayoría de los condenados están con prisión domiciliaria”
Liliana Mazea sostiene que al comienzo de los juicios “el entusiasmo de los querellantes era inconmensurable, aunque vimos al poco tiempo la realidad. La complicidad del Poder Judicial con los victimarios se expresó en privar de varios tribunales para los juicios orales o planchar los expedientes.
Hoy siguen con la misma lentitud los juicios donde las víctimas continúan testimoniando en juicios rezagados por imprudencia del mismo Poder Judicial. Consiguen así la impunidad biológica, atento al tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los hechos. Actualmente, la mayoría de los condenados están con prisión domiciliaria”.
-“Hablamos de crímenes de lesa humanidad porque se trata de genocidio, y de miseria planificada para millones de personas”
Patricia Walsh: “En cada aniversario es bueno tener memoria. Es bueno conocer mejor nuestra propia historia. Y hacer el balance de cuántos juicios contra los genocidas hemos logrado llevar a cabo, a diferencia de tantos otros países donde no fue posible nada. Así como también de cuantos aún faltan. Demora interminable de los juicios, prisiones domiciliarias, cuando no libertad condicional, son los recursos actuales de la construcción de impunidad. De esto también se trata hoy. Hablamos de crímenes de lesa humanidad, de genocidio, y sobre todo de miseria planificada para millones de personas. Poder entender las causas por las que han hecho lo que hicieron, es una tarea importante. Tengamos memoria”.
-“La dictadura no violaba los derechos humanos por deporte, sino porque intentaban imponer el neoliberalismo”
Mario Santucho: “Obviamente, el movimiento de derechos humanos pudo derrotar la impunidad cuando la lucha social derrotó al neoliberalismo. Porque ahí terminó de quedar claro que la dictadura tenía una lógica política, no violaba los derechos humanos y aplicaba el terrorismo de estado por deporte, sino porque intentaban imponer el neoliberalismo. El cambio de pantalla, es decir el fin de la post dictadura, tiene lugar en el 2001”.
-“A casi 50 años del golpe seguimos persiguiendo juicio y castigo a los culpables”
Marta Ungaro concluye expresando el sentir de los miles y miles de quienes pelearon por la nulidad de las leyes: “A pesar que estamos cerca del medio siglo del golpe de Estado, en 2026 se cumplen 50 años, seguimos persiguiendo juicio y castigo a los culpables”. |
