En Chile, desde el 2010 está estipulado el derecho a Educación Sexual desde la enseñanza media, según la Ley 20.418. Esta ley hace obligatoria la ES a través de un abanico de programas, laicos y religiosos, donde las escuelas -sus sostenedores o directores- serán las que escojan según sus valores y según las lógicas de mercado (licitando el financiamiento del programa escogido).
Sin embargo, esta ley no se implementa en todos los establecimientos. Y, de implementarse, la obligatoriedad solo contempla aspectos de salud y reproducción, acotando muchísimo el rol que debería cumplir esta herramienta para la formación de niñes y adolescentes. Por eso es que resulta un insulto la cruzada de la ultra-derecha del Partido Republicano en contra de que se imparta educación sexual; cuando la realidad en la educación pública es la ausencia de esta. Y es un problema que requiere urgente solución.
La ESI, a diferencia de lo que plantean los conservadores, es una herramienta necesaria para que las infancias y adolescencias puedan conocer su cuerpo, valorar la autoestima y afectividad, reconocer la perspectiva de género y respetar la diversidad. Así también, prevenir embarazos adolescentes, infecciones de transmisión sexual, crímenes de odio y tomar decisiones responsables en nuestras relaciones sexo-afectivas.
Según cifras de la Subsecretaría de la Prevención del Delito durante el año 2022, en el 89,3% de las víctimas de los casos son mujeres, de ellos el 27,7% corresponde entre 18 y 29 años, el 19% de los casos a adolescentes entre 14 y 17 años y la cifra mayor de abuso sexual corresponde al tramo de menores de 14 años con un 31% de los casos denunciados. Sobre el 80% de las denuncias de abuso, se trata de casos dentro del círculo familiar. Por eso la ESI se hace más que necesaria.
Fuera moral religiosa de las escuelas
Pero no se trata solo de negligencia su insuficiente o nula implementación en los establecimientos. Es en realidad la consecuencia de la intromisión de iglesias como la Católica o la Evangélica lo que limita el desarrollo de una educación sexual integral y con perspectiva de género, mientras se llenan los bolsillos de millones de pesos con el financiamiento estatal a colegios sostenidos por identidades clericales.
Un ejemplo de ello es la Iglesia Católica, donde entre el 2015 y 2018 la subvención recibida por 11 colegios del Arzobispado, a cargo del cuestionado Ezzati, pasó de $6.400 millones al año a $11.600 millones anuales con 1.702 transacciones a la Corporación de Educación del Arzobispado de Santiago (CEAS).
La misma ley 20.418 deja su puerta abierta a esta intromisión cuando señala que se impartirá según los valores del establecimiento, los que pueden ser opresores; y estableciendo sus parámetros sólo desde un punto de vista sanitario y reproductivo. Así, todavía nos encontramos con establecimientos que forman en prejuicios sobre el VIH, criminalizan la interrupción voluntaria del embarazo, declaran la abstinencia como único método anticonceptivo o señalan que las sexualidades e identidades de género disidentes constituyen una enfermedad.
Estas ideas conservadoras tienen el objetivo de reproducir el orden existente. Bajo la defensa de la unidad familiar, buscan mantener la sexualidad como un ejercicio entre personas de distinto sexo cuya finalidad es meramente reproductiva, y donde el placer y el consentimiento pasan a un segundo plano o quedan sin importancia. Así, en el marco de una sociedad capitalista y patriarcal, las mujeres y las personas que no se sujetan a la heteronorma, quedan sometidas a mayor represión, discriminación y opresión.
Educación sexual integral, laica, no sexista ni heteronormativa
En ese sentido, la ESI es también una herramienta para cuestionar y desnaturalizar la violencia machista y la opresión que desde la infancia se reproduce. Hoy la derecha y las iglesias se oponen a este derecho porque nos quieren ver con la cabeza agachada sin organizarnos y movilizarnos para enfrentar el machismo y la violencia patriarcal.
Necesitamos un plan de Educación Sexual Integral sin la intromisión de las iglesias, y con perspectiva de género. Para eso tenemos que exigir la separación efectiva de la Iglesia y del Estado. Un plan financiado 100% de manera estatal en los establecimientos de salud y educación, garantizando así capacitaciones para todos sus trabajadores, reestructuración de las mallas de pedagogía y de salud, e inyecciones para infraestructura e insumos necesarios, como centros médicos y dispensadores de anticonceptivos gratuitos y de calidad en escuelas y liceos.
Este plan, requiere de la participación de docentes, estudiantes y familias en la elaboración de los contenidos pedagógicos, con objetivos acordes a las diferentes edades y desarrollo de estudiantes, y a las familias, y sin injerencia religiosa, junto a especialistas en género y sexualidades, las organizaciones de mujeres y disidencias, los centros de estudiantes y los sindicatos docentes. Realizando asambleas y reuniones periódicas para garantizar el cumplimiento e implementación de la ESI y para debatir y deliberar según las dudas y problemáticas de las propias comunidades.
Organizades y en la calle: Un movimiento independiente del Gobierno para enfrentar a la derecha
Pero el patriarcado no se va a caer solo, lo tenemos que botar. La violencia patriarcal no va a transformarse solo por transformar la educación; es necesario rearticular y retomar la potencia del movimiento de mujeres y disidencias sexogenéricas, para ser opositores en las calles de la derecha, con independencia de este gobierno que ha abierto el camino para el fortalecimiento de esta, impulsando comisiones sin jefaturas ni autoridades en nuestros lugares de estudio, trabajo y barrios, discutiendo en asambleas cómo enfrentar a los conservadores y echar abajo el fraude constituyente que encabezan y movilizándonos para conquistar nuestras demandas como la ESI o el aborto legal, libre, seguro y gratuito, y organizándonos contra este sistema que nos oprime y nos explota.
| 
