No es ninguna sorpresa encontrarnos con que los seguros y el uso de la sanidad privada sanidad está en aumento. Con un crecimiento del 7% en 2022 y un aumento de facturación del 4% son claranemente un sector económico en auge. El motivo no puede estar más claro: la desesperación y el hastío de quienes ven que las listas de espera en la sanidad pública crecen en prácticamente todas las comunidades autónomas (casi 87.000 más que el año anterior), así como los días de espera antes de una operación (que actualmente es de unos 122 días de media).

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Las condiciones laborales en este sector son, además, cada vez peores. El que fue uno de los sectores de “trabajadoras esenciales” en 2020 no cesa de recibir ataques, como denuncian los profesionales de la Atención Primaria, que ven sus consultas desbordadas, especialmente después de la pandemia.

No es raro, por tanto, que cada vez más usuarios de la sanidad público se vean obligados a contratar un seguro privado. Una situación que se alimenta, además, por las enormes facilidades que cuentan para desenvolver su actividad: en comunidades como Madrid, cada vez son más frecuentes los conciertos y contratos con empresas privadas vinculadas a la sanidad, que en 2022 crecieron un 82% en esta comunidad. La quinta parte del presupuesto total de este servicio se empleó, además, a la privatización de servicios.

A nivel estatal, el gobierno les abre la puerta con el último acuerdo firmado con la AMAT (Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo), un pacto avalado por la burocracia sindical de Comisiones Obreras y UGT por el cual las mutuas privadas tendrán mayor poder de decisión sobre las bajas médicas de la clase trabajadora. Todo un ataque a los derechos de amplias mayorías sociales que profundiza en esta apuesta por la sanidad privada.

¿Y qué problema hay con la sanidad privada?

Además de estar dirigida por empresas a las que les importa muy poco la salud de los pacientes y mucho la obtención de amplios beneficios, lo cual empeora enormemente el servicio, la sanidad privada es otro sector donde abunda, y mucho, la precariedad laboral.

Según denuncia SATSE, la patronal de la sanidad privada obliga a sus enfermeros y enfermeras a trabajar con unos ratios de entre 25 y 30 pacientes por enfermera, siendo de entre 4 y 5 en la UCI, aunque pueden llegar a ser más en empresas como QuirónSalud: “Todo ello a pesar de que múltiples estudios científicos determinan un máximo de 6-8 pacientes en hospitalización y de 2 en cuidados intensivos, afirmando que por encima de estas ratios se incrementan los reingresos, reintervenciones y también los fallecimientos”, apuntan desde la organización sindical.

Una situación que se da la mano de la precariedad salarial: como denunció Comisiones Obreras en 2021, la plantilla de hospitales como el Infanta Elena de Valdemoro llevaba más de 12 años ganando exactamente el mismo salario, es decir, un 25% menos que los trabajadores de la sanidad pública con las mismas categorías salariales.

Los trabajadores de otro hospital de Quirón, esta vez en Bizkaia, denunciaban el pasado mes de abril que durante los últimos trece años habían sufrido “pésimas condiciones laborales” y una precariedad salarial con sueldos no indexados con la subida del IPC, obligando a parte de la plantilla a buscar otros empleos.

El neumólogo y extrabajador de la empresa Guillermo López-Arranz denunciaba en el diario Nortes que el modelo de la empresa “se basa en ganar dinero, y para ello se reducen recursos, sobre todo recursos humanos”. Unas condiciones que para las enfermeras y auxiliares es “mucho más crítica”.
Por si fuera poco, el problema añadido de la sanidad privada es que este modelo precarizador que estamos describiendo canibaliza a la pública con el beneplácito de gobiernos de todo signo.

En comunidades como Madrid, Ayuso ha permitido un aumento creciente de los conciertos hospitalarios, que en 2022 es un 55,9% superior al año anterior. Se “externalizan” así servicios como análisis, pruebas diagnósticas de pacientes de la pública para agilizar las listas de espera o la donación de sangre, cuyos beneficios van a parar a Cruz Roja. Simultáneamente, el personal de la sanidad pública descendió en esta región en 3947 personas en un año y las infraestructuras sanitarias redujeron su presupuesto en un 20%.

El gobierno “progresista” del PSOE y Unidas Podemos no solo no ha frenado esta tendencia y la ha alimentado, abriéndole la puerta a las Mutuas, también afronta con pasmosa permisividad todos los intentos de la patronal de la sanidad privada por ir ganando espacio a la pública en lo que, según también denuncia SATSE, se trata de un verdadero “plan para infiltrarse y mimetizarse” con ella.

Algunos ejemplos son los intentos por formar parte de la formación de los profesionales sanitarios, vía MIR o EIR (exámenes de Médico Interno Residente y Enfermero Interno Residente respectivamente), con los riesgos que eso conlleva. En concreto, porque en la sanidad pública se utiliza instrumental y procedimientos más caros y costosos, pero que permiten la adquisición de conocimientos prácticos sobre procesos oncológicos, cirugías complejas o procedimientos tales como la diálisis y los trasplantes.

El objetivo de todo esto es claro: se trata de un desmantelamiento “a plazos” de la sanidad, que tuvo un punto álgido con la ley 15/97 por la que se abrió la puerta a la sanidad privada y que no ha cesado desde entonces. Un desmantelamiento de la sanidad pública implica que la salud de las clases populares (que viven a menudo con problemas de salud derivados por el propio trabajo) se deterioraría enormemente, mientras patronales como la de la sanidad privada seguirían haciendo negocios con nuestra salud.

Es necesario enfrentar este tipo de ataques a través de la lucha en las calles y con las herramientas de la clase trabajadora, peleando por huelgas en todos los sectores de la sanidad, para así poder doblarle el brazo a patronales y gobierno y hacer “como en Francia”, donde los trabajadores y estudiantes han salido este año a la calle, no solo contra la reforma jubilatoria de Macron, sino también poniendo en el centro el resto de las demandas de la clase trabajadora. Porque la salud no es un privilegio, ¡es un derecho!