El representante en América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas en Derechos Humanos, Jan Jarab, hizo declaraciones este miércoles sobre la violenta represión que desde hace días viene descargando sobre la población trabajadora y las comunidades originarias el gobierno de Jujuy a cargo de Gerardo Morales.
Según un comunicado emitido por ONU Derechos Humanos, Jarab “sigue con preocupación los reportes sobre vulneración de derechos y acciones violentas en el marco de protestas contra una reforma a la Constitución provincial de Jujuy”. En ese marco, hace “un llamado urgente al diálogo constructivo e intercultural en Jujuy, que garantice la participación efectiva de los pueblos indígenas y de todas partes interesadas, para superar la crisis mediante vías democráticas e institucionales”.
Vale recordar que la ONU nuclea a casi todos los Estados del mundo y es hegemonizada por las principales potencias imperialistas. En ese sentido, los cuestionamientos de esos mismos Estados a la situación en Jujuy indican el nivel de brutalidad de la represión legitimada por el régimen político provincial (donde participa activamente el Partido Justicialista). Si hasta la ONU habla de violaciones a los derechos humanos, es porque la realidad vivida en la provincia del norte supera cualquier especulación.
“En el marco de las recientes protestas, la Oficina ha recibido denuncias de uso indebido de la fuerza por parte de agentes policiales, resultando en decenas de personas heridas, incluido un adolescente con trauma ocular severo y otra persona con lesiones graves en la cabeza”, dice el comunicado. Y agrega que también se recabaron “antecedentes sobre detenciones y judicialización de manifestantes, de líderes indígenas, de una legisladora provincial y de periodistas, así como sobre obstrucción de la labor de personas defensoras de derechos humanos”.
En ese sentido, Jarab de la ONU insta a las autoridades, tanto provinciales como nacionales, a “investigar con premura todo indicio de violaciones de derechos en el contexto de las manifestaciones contra la reforma constitucional en Jujuy”. Y a “redoblar sus esfuerzos para promover el diálogo y reducir las tensiones, abordando las causas profundas de las protestas y evitando cualquier retroceso en términos de derechos humanos”.
Pero el representante sudamericano del Alto Comisionado también cuestiona la misma reforma constitucional impulsada por Gerardo Morales. “Presenta incongruencias con las normas internacionales de derechos humanos, abriendo espacio a retrocesos en materia de reunión pacífica”, afirma Jarab y, citando jurisprudencia internacional, asevera “que la libre circulación vehicular y peatonal no debe anteponerse a la libertad de reunión pacífica ni a la participación democrática, pese a las perturbaciones que estas puedan generar”.
La ONU da cuenta de que “el proceso de reforma constitucional en Jujuy careció de una participación significativa y suficiente de todas las partes interesadas, en especial de los pueblos indígenas”. En palabras de Jarab, “el ejercicio efectivo del derecho a la participación es central para la democracia, en particular para dar legitimidad a un cuerpo legal tan trascendente como una Constitución provincial”. Todo lo contrario a lo que hicieron Morales, la UCR y el peronismo.
Lo único que falta ahora es que Gerardo Morales y todos sus aliados de Juntos por el Cambio acusen a Alejandro Vilca, Natalia Morales, Myriam Bregman y Nicolás del Caño de tener injerencia directa en la ONU. | 
