El poder judicial de Jujuy, alineado con Gerardo Morales, continúa con la persecusión que viene llevando adelante el gobernador y sus fuerzas de seguridad. Recordemos que a los manifestantes y periodistas detenidos el sábado 17 se los acusa de distintos delitos penales, pero además se les secuestraron sus teléfonos celulares.
A pesar de las nulidades presentadas por los abogados este jueves en la Fiscalía interviniente, el juez autorizó al fiscal a ratificar el secuestro y realizar la apertura de los aparatos.
En el caso de nuestro cronista Lucho Aguilar, detenido ese día y luego alojado en el Servicio Penitenciario Provincial hasta su liberación, la situación incorpora un grave ataque a la libertad de prensa.
Sus abogados no fueron notificados de la audiencia, por lo que no puidieron presentar descargos y nulidades.
En ausencia de estos la fiscalía ratificó el secuestro y apertura del teléfono que utiliza como herramienta para ejercer el periodismo. Un escándalo que ya fue criticado por distintos colectivos y gremios de trabajadores de prensa, así como el caso de Camilo Galli (El submarino de Jujuy).
Es parte de los ataques que vienen sufriendo fotografos, realizadores, periodistas comunitarios y quienes intentan reflejar lo que está pasando en Jujuy.
La diputada nacional del PTS-FITU y abogada, Myriam Bregman, difundió la denuncia en redes sociales. También llegó la solidaridad de dirigentes de SiPreBA, Fatpren, Fopea y Reporteros sin Fronteras.
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