En diciembre del 55, la dictadura de Aramburu promulgó la ley 6403/55, cuyo artículo 28, define que “la iniciativa privada puede crear universidades libres”, es decir, que pueden emitir títulos oficiales, siempre y cuando se sometan a reglamento. La ley estaba hecha a la medida de la Iglesia Católica, y estaba impulsada por el Partido Demócrata Cristiano, apoyada por sectores de la burguesía más conservadores y personalidades como Álvaro Alsogaray que demandaban la “libertad” de enseñanza contra el “monopolio” estatal. El decreto fue resistido por el sector universitario de la UBA reformista, de pasado anti peronista que, incluso, había visto con buenos ojos el derrocamiento del viejo líder. En el 56, la FUA y la FUBA, llevaron a cabo huelgas, toma de facultades y manifestaciones públicas para impedir la implementación del artículo 28. El conflicto se diluyó y se llegó a un impasse, tras la renuncia del entonces rector de la UBA José Luis Romero y el Ministro de Educación Atilio DellOro Maini.
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En junio del 57, el electo presidente Arturo Frondizi, quien era apoyado por estos sectores laicistas como el Partido Socialista y el Partido Comunista, se pronunció contra “el monopolio del estado sobre la enseñanza”, y en agosto del 58 avanzó sobre la reglamentación del artículo 28. La respuesta del estudiantado no se hizo esperar, pero esta vez incorporando a un sector nuevo como son los estudiantes secundarios, que en el Rosariazo de mayo del 69 tendrían un papel preponderante. En mayo del `58 fundaron la Federación Metropolitana de Estudiantes Secundarios (FEMES) en medio de trifulca contra sectores más nacionalistas y reaccionarios, lo que expresaba el nivel de activismo y la tendencia a la organización de la época. Entre septiembre y octubre, las oleadas de movilizaciones, ocupaciones de colegios, asuetos, piquetes o los enfrentamientos callejeros con los “libres” van a ir en crecimiento.
Lucha de clases, lucha de calles
El 15 de septiembre y el 19 de septiembre, se realizaron las concentraciones de los dos grandes frentes aglutinadores en pugna. El 15 de septiembre se concentraron en la Plaza del Congreso el sector de “libres”, encabezado por el Arzobispo de La Plata Monseñor Plaza. Convocado por el “Comité de Defensa de la Enseñanza Libre” y endulzado por los principales medios de comunicación conservadores, quienes describieron a la concentración como una lección de orden, frente a las anteriores movilizaciones de los secundarios “laicos”. Ésta concentró alrededor de 60 mil personas, y contó con la participación activa y el debut público del grupo de choque abiertamente fascista Tacuara.
En cambio, para el 19 de septiembre estaba decretado la huelga universitaria de tiempo indefinido, y la concentración en la Plaza del Congreso, lugar ocupado casi a diario por los estudiantes secundarios, quienes ya a principios de septiembre hicieron suya la lucha por la laicidad de la educación pública y que fuera escenario de todo tipo de enfrentamiento contra los conservadores “libres”. Alrededor de 350 mil se movilizaron ese día. Se concentraron la FUA, la FUBA, y la FEMES (secundarios), y se contó con la adhesión de la CGT, y los gremios de la construcción, Gastronómicos, Municipales, Telefónicos, etc. Entre los ejes programáticos no solo se encontraban las demandas propias, sino también la defensa de los recursos patrimoniales como el petróleo de manos de las multinacionales privadas.
Pero los movimientos estudiantiles dirigentes, cometieron el pecado de confiar en los legisladores del parlamento, y mantener la presión sobre los mismos convocando al paro universitario por 48 horas y a la espera de la resolución en el congreso. Desde la FUA, llamaron a la derogación del artículo 28 por medio de una carta abierta a los legisladores, mientras las tomas de las universidades pasarían a ser tomadas como medidas extremas en caso de ser necesario.
El 24 de septiembre, mientras el parlamento debatía el proyecto del diputado de la UCR Horacio Domingorena, alrededor de 200 estudiantes del SUD (Sindicato Universitario de Derecho), ligados a Tacuara, desalojaron una asamblea argumentando su “derecho a aprender”. Por la noche, ocuparon Rectorado y la Facultad de Filosofía y Letras. Formaron barricadas e incendiaron libros de la Biblioteca. Como respuesta, la FUBA promovió la ocupación de las universidades y FEMES la de los colegios.
La ley Domingorena, y la injerencia de la iglesia en la actualidad
El 30 de septiembre se votó en el parlamento, en el medio de insultos y desmanes afuera del congreso, la Ley Domingorena, lo que resultó una derrota parcial para el movimiento estudiantil. Ésta autorizaba a que las Universidades privadas expendieras títulos habilitantes, pero sin financiamiento del estado. Si bien por medio de la ley, se estableció la victoria para los “libres”, el proceso significó la incorporación de amplios sectores de clases medias a la movilización para defender a la educación pública del ataque de la Iglesia. Sectores que años atrás eran la base social del régimen de la dictadura “fusiladora” y del gobierno frondicista, y que en el ‘58 veían sus aspiraciones chocar contra la realidad. Además la importancia de la incorporación de los secundarios como un nuevo actor más radical dentro del movimiento estudiantil.
En la actualidad, el debate salió a flote nuevamente. La Iglesia, por su parte, nunca abandonó sus propósitos de avanzar sobre la educación pública. Actualmente, se ha visto favorecida por los cambios que, como parte del consenso derechista, se vienen produciendo en la legislación nacional. En 2015, la Comisión del Digesto Jurídico (1) que se encarga de regular el ordenamiento de las leyes nacionales, y que en la actualidad se compone en su mayoría por diputados y senadores kirchneristas, como Rodolfo Julio Urtubey, hermano del Gobernador de Salta, derogó el pasado agosto, la famosa Ley 1420, dejando como única ley vigente la 26.206. Esta ley (promulgada en 2006), a diferencia de la 1420, no se pronuncia sobre la laicidad de la educación pública, dejando este tema prácticamente en el limbo. Estos cambios en la legislación favorecen el avance de la Iglesia en la educación como viene sucediendo a nivel provincial. En el caso de la Salta de Urtubey, la educación religiosa en las escuelas públicas ya es un hecho. A los alumnos los hacen peregrinar a la Catedral Basílica. Incluso, previo a la peregrinación, el alumnado tiene que confesarse con los sacerdotes. El Kirchnerismo entregó en bandeja años de lucha en las calles a esa institución anti científica, oscurantista y opresora. Política que continúa el gobierno de Cambiemos.
Notas
1. Ésta Comisión está encargada de regular el ordenamiento de las leyes nacionales de carácter vigente.
Fuente: La batalla de los “laicos”: La movilización estudiantil en Buenos Aires. Septiembre-Octubre de 1958. Valeria Manzano. |