Iniciados los debates en las comisiones del nuevo proceso constituyente, la derecha ha empujado un intenso debate sobre la posibilidad de crear un nuevo apartado constitucional para las Fuerzas Armadas y de Orden.

Este debate busca, por parte del partido republicano, elevar el estatus de las Fuerzas Armadas para entregarles mayores márgenes de autonomía e impunidad frente a un posible escenario de lucha de clases aguda como el que se vivió en el 2019.

Históricamente las Fuerzas Armadas nunca han sido entidades neutrales o “apolíticas”, sino que están inherentemente vinculadas a la estructura de clase de la sociedad. No por nada uno de los promotores de esta iniciativa es un comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Ricardo Ortega (2006-2010).

En este contexto, la insistencia del Partido Republicano y otros sectores de la derecha en otorgar un capítulo propio a las Fuerzas Armadas y de Orden adquiere un significado más profundo que refleja los intentos de la burguesía y las élites económicas del país por articular un salvavidas frente a alguna nueva crisis.

Para la derecha es clave poder entregar mayores atribuciones y estatus que asegure la impunidad en caso de que nuevamente quieran utilizar a las fuerzas armadas para la represión. Ya se vio con la aprobación de la ley Nain-Retamal que ha servido para rebajar las condenas a policías acusados de violaciones a los derechos humanos.

Más allá del debate jurídico sobre si está la posibilidad o no de agregar nuevos capítulos al primer borrador entregado por la comisión de expertos, el hecho de que republicanos y la derecha tengan interés en agregar estas temáticas al nuevo texto, sólo apuntala aun más los rasgos represivos y autoritarios del modelo chileno.