Este martes se cumplen 50 años del día en que el entonces presidente uruguayo Juan María Bordaberry disolvió las Cámaras de senadores y representantes con apoyo de las Fuerzas Armadas y dio comienzo a la dictadura cívico militar.
La acción fue el corolario de una serie de avances autoritarios sobre las instituciones y el progresivo involucramiento de las fuerzas armadas en temas del país. En abril del 72, con apoyo de 2/3 del Parlamento (incluyendo a Wilson Ferreira Aldunate que era opositor a Bordaberry) se había declarado el régimen de excepción con las medidas prontas de seguridad y el estado de guerra interno y se sucedían los hecho de desobediencia de las fuerzas militares a las disposiciones del poder civil.
En Febrero del 73 el Ejército y la Fuerza Aérea desconocen el nombramiento de Antonio Francese para el Ministerio de Defensa por parte de Bordaberry y emiten los comunicados 4 y 7, en el que se mostraba el mayor involucramiento de los militares en la política nacional, y luego se crea el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) como parte de las exigencias de las FFAA plasmadas en el llamado acuerdo de Boiso Lanza.
El ascenso obrero de los años 60 como salida a la crisis del país
Un profundo cuestionamiento al orden mundial atravesó todo la década del 60 tanto a nivel mundial como regional: rebeliones contra los colonialismos, revoluciones en distintos puntos del planeta, ascenso obrero y lucha por los derechos civiles y democráticos eran parte de esta oleada de la que el Uruguay no fue ajeno.
En el marco de la Guerra Fría el mayo francés y la revolución cubana son algunos de los hitos de esa década en que trabajadores y estudiantes cuestionaban el orden burgués en el marco de luchas y movilizaciones que se extendían por todo el mundo.
En el caso de nuestro país la relativa bonanza de posguerra comenzó un lento declive desde mediados de los 50 y esto repercutió en pérdidas salariales y aumento de la inflación, así como en los primeros acuerdos con el FMI con sus recetas de liberalización de la economía y endeudamiento externo.
Es la época del Pachecato (Jorge Alejandro Pacheco fue presidente entre 1967 y 1972) en la que se da una profundización de la crisis económica con un fuerte proceso inflacionario, y con una clase dominante que intenta imponer definitivamente un programa de destrucción del salario real y de las fuentes de trabajo con el objetivo de imponer un modelo económico social agroexportador, desindustrializador y de mayor dependencia en la división internacional del trabajo.
Ante estos ataques los trabajadores llevan adelante grandes acciones de resistencia, en un contexto de radicalización y creciente participación y masividad. Sectores obreros y populares comienzan a sacar lecciones políticas y se avanza un proceso de cuestionamiento que en perspectiva se proponía romper con el imperialismo y luchar por cambios estructurales que terminaran con el capitalismo.
El régimen político sólido y estable que había caracterizado al Uruguay crujía entre la crisis económica que se pretendía descargar sobre las y los trabajadores y la respuesta de estos que no aceptaron pasivamente esta situación y por el contrario empezaron a cuestionar las bases mismas del régimen de dominación.
Frente a esta situación las clases dominantes, con la complicidad de blancos y colorados implementan distintas medidas represivas, con una mayor injerencia de las fuerzas de seguridad (policías, fuerzas armadas, bandas parapoliciales, etc.) con desalojos, detenciones, censura, ilegalizaciones de grupos políticos, represión de movilizaciones etc.
Este avance autoritario en Uruguay es parte de un plan más general del imperialismo para el cono sur, que apostaba a salidas represivas, golpes de Estado y mayor injerencia en los asuntos de los países sudamericanos y que luego se continuaría con la coordinación represiva conocida como Plan Cóndor, a posteriori de los golpes de Estado en cada país.
Los 70 y el golpe de Estado
El golpe de junio del 73 fue el corolario de este avance represivo que comenzó con las Medidas Prontas de Seguridad que dictaron distintos gobiernos desde mediados de los 60 y se caracterizó por la constante represión hacia las acciones cada vez más decididas de la clase trabajadora.
Huelgas, ocupaciones, movilizaciones eran parte del panorama cotidiano en esos años; y a pesar del accionar feroz de las fuerzas represivas no lograba contener esta dinámica de lucha de clases y enfrentamiento.
Si bien la creación del Frente Amplio en el 71, intenta un desvío electoral para dar una salida dentro del marco de las instituciones; la convulsionada situación política no se logra estabilizar.
Es así que progresivamente en las clases dominantes va creciendo la opción por la salida autoritaria a través de un golpe de estado y la implantación de una dictadura.
Los hechos se suceden sin pausa, aunque la guerrilla del MLN recibe golpes profundos y ha perdido su capacidad de acción, las acciones de la clase trabajadora no decrecen, profundizándose el proceso de independencia política y la acción con sus métodos tradicionales, por fuera del estrecho marco del orden burgués.
En ese contexto es que las clases dominantes avanzan en cambios autoritarios en el régimen político. En el 72 se declara el Estado de Guerra Interno que habilita una mayor represión a la oposición y el endurecimiento del régimen y se suceden hechos de desobediencia militar a órdenes del poder civil.
Ya a comienzos del 73 y luego de la negativa del Ejército, la Fuerza Aérea y la policía al nombramiento del general “constitucionalista” Antonio Francese como Ministro de Defensa se llega al Pacto de Boiso Lanza por el que se crea el Consejo de Seguridad Nacional (CO. SE. NA.) integrado por el Presidente, los ministros y el Jefe del Estado Mayor Conjunto, con lo que de hecho los militares se convierten en parte del Poder Ejecutivo. Se constituye así un gobierno cívico militar que se prepara para intentar imponerle una derrota histórica a la clase trabajadora y al movimiento popular.
A pesar de todo, la situación política sigue abierta en tanto no se logra estabilizar el régimen, en abril se “corta” el dialogo con la central de trabajadores CNT y continúan las huelgas, movilizaciones y enfrentamientos. El movimiento obrero sigue vivo y actuando.
El golpe del 27 de junio y el establecimiento de la dictadura cívico militar fue un salto en esta política contrarrevolucionaria, crecientemente represiva y autoritaria que se daba desde los 60, disolviendo el parlamento y pasando a gobernar con un consejo de estado presidido por Bordaberry.
Aunque lo que sucedió en los días siguientes al golpe será desarrollado en una nota específica sobre la huelga, si cabe mencionar que casi de manera espontánea la clase trabajadora ocupó sus lugares de trabajo y comenzó la huelga general. Si bien el Frente Amplio se opuso al cierre de las Cámaras Legislativas buscó salidas dentro de la institucionalidad, y aunque se sumó a la huelga no tuvo una estrategia que diera una salida obrera a la crisis, sino que básicamente buscaba preservar la institucionalidad y la legalidad burguesa.
A modo de conclusión: Los objetivos políticos del golpe
La consumación del golpe logró imponer una derrota física y moral a la clase trabajadora, cortando con el proceso de radicalización y creciente toma de conciencia política.
El levantamiento de la heroica huelga general con la que se enfrentó a la naciente dictadura abrió un largo periodo autoritario que se propuso el aniquilamiento de la vanguardia y el activismo obrero y popular.
El modelo económico que se propuso desarrollar la dictadura fue en beneficio de los mismos sectores que apoyaron la salida autoritaria.
El Golpe de Estado de Junio fue apoyado por las grandes patronales nacionales y extranjeras, entre ellas la Asociación Rural del Uruguay, la Federación Rural, la Cámara de Comercio, la Asociación de Bancos del Uruguay, y la Cámara de Industrias del Uruguay.
Todas estas instituciones reaccionarias, sumadas a algunos sectores de la Iglesia y a los sectores más conservadores de los partidos tradicionales (Partido Nacional, Partido Colorado y la Unión Cívica) fueron los que promovieron la implantación de la dictadura.
El proyecto socio económico que se afianzó durante el gobierno autoritario produjo una drástica caída del salario , pérdidas de fuentes de trabajo y un pronunciado aumento de los índices de pobreza. El modelo que se implementó fue funcional a los grandes grupos económicos nacionales, así como las multinacionales y el imperialismo.
Para implementar este proyecto tuvo imponer un régimen autoritario con decenas de miles de presxs, torturadxs, exiliadxs y desaparecidxs, ilegalizando a la izquierda, los sindicatos y la FEUU. Un régimen de terror basado en el terrorismo de Estado para imponer a sangre y fuego un modelo socio económico contrario a los intereses de los sectores populares.
Las y los trabajadores tenemos que sacar conclusiones de todos estos acontecimientos históricos.
El retorno a la democracia no desandó el camino que se transitó durante la dictadura. Por el contrario el régimen del pacto del Club Naval aseguró la impunidad para los autores materiales e intelectuales de la represión dictatorial y su vez en estos últimos 40 años se profundizó el modelo económico que inició la dictadura.
Existe entonces una continuidad en el tiempo, más allá de los regímenes políticos. Las clases dominantes apelan en mayor o menor medida a la represión para consolidar una estructura socio económica afín a sus intereses. El ascenso obrero de los 60 y 70 se atrevió a cuestionar las bases del sistema y por eso la burguesía apeló a las formas más autoritarias y represivas de la dictadura; pero también en estos 40 años de democracia se han perfeccionado los mecanismos de control social, se continúan los recortes a las libertades democráticas y se afianzó la injerencia del imperialismo y los grandes grupos económicos.
A 50 años del golpe de estado la lucha contra la impunidad de los crímenes de la dictadura y el juicio y condena para sus ejecutores materiales e intelectuales mantiene toda su actualidad. Pero a su vez todo este periodo histórico muestra la importancia de la lucha por conquistar la independencia política de la clase trabajadora para convertirse en el sujeto político capaz de terminar con este régimen de opresión y explotación. | 
