A las 7.17 hs. de la mañana del 19 de septiembre de 1985, un sismo de magnitud 8.1 Mw sacudió México por aproximadamente dos minutos. Su epicentro se ubicó en el Océano Pacífico, cerca de la desembocadura del río Balsas en la costa michoacana, a 15 kilómetros de profundidad.
Esos minutos bastaron para desatar el desastre. Hospitales, escuelas, talleres de costura, dependencias de gobierno, edificios de vivienda, hoteles, cafés y restaurantes colapsaron.
Ya se habían iniciado las labores de rescate cuando, al día siguiente, 20, se dieron dos fuertes réplicas, de 7,5 y 7,3 Mw, y numerosos edificios que habían quedados resentidos por el primer sismo se derrumbaron como castillos de naipes.
Si bien la Ciudad de México fue una de las más afectadas, también hubo daños de distinta consideración en los estados de Michoacán, Jalisco, Guerrero y Colima.
Era el sexenio del priista Miguel de la Madrid. La clase trabajadora y los sectores populares sufrían los embates de la crisis económica iniciada en 1982, con salarios licuados por la inflación y la devaluación del peso. Numerosos trabajadores del Estado se habían visto afectados con el cierre de dependencias, que los dejaron sin empleo. El peso de la deuda externa, que llegó a ascender al 53% del PBI, agobiaba al país.
La voracidad capitalista causó la tragedia
Salió a la luz con el sismo la peor expresión de la voracidad de los capitales privados: muchos de los edificios derrumbados –cuya cifra ronda los 30,000– habían sido construidos con materiales deficientes o que no eran aptos para el uso que se les dio. Fue el caso del Centro Médico Nacional, el Hospital General de México, el Hospital Juárez y el Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, el edificio Nuevo León del Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco y algunos edificios del Multifamiliar Juárez.
Colapsaron también las oficinas de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Así se hizo pública la evidencia de torturas –práctica de larga data de las fuerzas represivas del Estado– en personas detenidas, ya que los cuerpos rescatados presentaban marcas y cortes anteriores al sismo.
Otro hecho que marcó la tragedia fue el derrumbe de varios edificios donde funcionaban talleres de costura, en los que trabajadoras y trabajadores laboraban en condiciones de extrema precariedad. Esos edificios cayeron por el peso de la maquinaria, ya que en realidad fueron construidos para funcionar como edificios de oficinas.
Mientras los dueños de los talleres pugnaban por sacar la maquinaria de los edificios con ayuda de policías y soldados, dejaron morir atrapadas a numerosas trabajadoras. A muchas otras pretendieron despedirlas.
A partir de estos hechos, las obreras más precarizadas de la industria se organizaron para la lucha, como narramos acá.
Parálisis del gobierno y respuesta obrera y popular
Miguel de la Madrid tardó más de treinta y tres horas en hacer declaraciones al país. El gobierno sólo envió a policías y al ejército a las zonas más devastadas para proteger la propiedad privada de los capitalistas, como en el caso de los talleres de costura, y luego para impedir que los rescatistas voluntarios buscaran a las personas bajo los escombros de la ciudad derruida.
Fueron las y los trabajadores de la salud quienes atendieron en condiciones de extrema precariedad a las víctimas del sismo, a personas en shock que deambulaban por las calles buscando a sus seres queridos, a los mismos rescatistas que se pusieron en riesgo una y otra vez, desesperados por preservar vidas.
Fueron los trabajadores electricistas de la hoy extinta Luz y Fuerza del Centro quienes restablecieron el servicio de energía eléctrica luego de que colapsara el 90% del sistema en los tres o cuatro días posteriores al sismo. Sin dormir, sin ver a sus familias, trabajando en turnos de 72 horas seguidas, reciclando materiales de “desecho” porque no había otros.
Los telefonistas restablecieron las comunicaciones, las costureras se rebelaron, la solidaridad de los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestras y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se hizo sentir. Numerosos jóvenes de escuelas preparatorias, universidades y bachilleres se sumaron a las labores de ayuda a los damnificados y de rescate de las víctimas.
Frente a la criminal indiferencia del gobierno ligado por mil y un lazos perversos a los capitales nacionales y extranjeros, al imperialismo estadounidense y a los organismos internacionales, fueron la clase trabajadora, la juventud y los sectores populares quienes pusieron el hombro para reconstruir las ruinas. Se hizo sentir en esos días un profundo cuestionamiento al gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI). Se desarrolló un dinámico proceso de activismo popular y participación política para luchar activamente por el derecho a la vivienda, en el marco de que cientos de miles de personas habían perdido sus hogares.
Pocos años después, en 1988, nacería el Partido de la Revolución Democrática (PRD), para canalizar y llevar ese descontento a la institucionalidad del asesino régimen mexicano, para fungir como su pata izquierda. Y hoy es uno de los responsables políticos de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de la criminalización de la protesta social.
El fantasma del sismo
Hoy se pueden ver las huellas de 1985. Y no en toda la parafernalia de los actos oficiales en conmemoración de la tragedia. Hay al menos 350 edificios con graves daños estructurales, dañados a su vez por sismos posteriores, que pueden colapsar y ponen en riesgo la vida de quienes transitan, trabajan, estudian o viven en las cercanías. Son propiedad privada y ésa es la excusa para no demolerlos.
Además, hay 7.4 millones de habitantes y 2.2 millones de viviendas de la ciudad de México y de su área metropolitana en la zona sísmica de mayor riesgo. En la misma zona se encuentran 5,210 escuelas y 334 centros de salud. Que quién sabe con qué materiales fueron construidos. Porque las grandes constructoras, para incrementar sus utilidades ponen en riesgo la seguridad de millones de personas.
México es un país expuesto a la furia de los elementos: sismos, huracanes, inundaciones, tsunamis, deslaves, mar de fondo son peligros latentes que se hacen sentir muy seguido.
Pero es el pueblo trabajador el más indefenso frente a los desastres naturales: los que habitan en viviendas precarias, en las que no se respetan las normas de construcción; en las zonas con infraestructura urbana más endeble.
Ante el sismo de 1985, fueron la clase trabajadora y los sectores populares quienes respondieron. Para la prevención de los desastres naturales y las terribles consecuencias que provocan tienen bajo la lógica del sistema capitalista, son ellos también, aliados a científicos especializados quienes pueden dar una salida que atienda los intereses de la mayoría de la sociedad: la construcción de edificios y viviendas con materiales aptos, en zonas seguras; la demolición planeada de los edificios que presentan daños estructurales, protocolos para responder ante catástrofes sin las fuerzas represivas del Estado, organización desde las bases, por centro de trabajo, de estudio o colonia. | 
