El movimiento LGTBI en el Estado español ha conquistado en las últimas dos décadas una serie de derechos que ni cayeron del cielo ni fueron regalados por ningún gobierno de turno.

Sin los precedentes más lejanos, como aquellas valientes que desafiaron a los grises de Adolfo Suárez en las Ramblas protestando contra la Ley de Peligrosidad Social, la resistencia a la ofensiva del VIH de los 80 y 90, y las masivas manifestaciones del orgullo de comienzos de siglo, todo esto no hubiera sido posible.

El derecho al aborto, al divorcio, al fin de la prisión por adulterio o por no ser heterosexual son conquistas de los años 70 y 80 que nadie regaló a los movimientos de mujeres y de la diversidad sexual. Este régimen heredero del franquismo no tuvo un gran inconvenientes en que continuaran ya revestidas de demócrata hasta que fueron tumbadas y conquistadas en la calle.

La ley de matrimonio igualitario del 2005 fue un punto de inflexión en este camino. La ley trans de 2023 ha sido, aún con los límites que señalas diversos colectivos como la exclusión de las personas no binarias y migrantes, la última conquista de esta larga lucha.

Una pelea que sigue inconclusa y que todavía tiene pendiente conseguir transformaciones más estructurales para acabar con la discriminación y la violencia lgtbifóbica, como el cupo laboral trans, la derogación de las leyes de extranjería o la separación de la Iglesia y el Estado, y en particular la secularización completa de la enseñanza.

Son algunas de las demandas que forman parte de las reivindicaciones de los distintos orgullos críticos de diversas ciudades o colectivos como Pan y Rosas. De hecho, en los últimos años, los discursos y campañas abiertamente lgtbifóbicas han inundado el tablero mediático y político.

Desde la emergencia de Vox, hasta el auge de un feminismo trans-excluyente que ha llegado a ir de la mano de la extrema derecha en su oposición a la Ley Trans, pasando por una miriada de tertulianos y youtubers neomachistas. Esto está teniendo su reflejo inmediato en un gravísimo aumento de las agresiones y vejaciones lgtbifóbicas en escuelas, institutos y calles.

Este Orgullo 2023 se realiza a las puertas de unas elecciones en las que el auge de la derecha y la extrema derecha amenaza con hacer ley esta ofensiva, sobre todo en forma de derogación de algunos de los derechos conquistados. El cartel de Vox en la calle Alcalá es un gráfico adelanto. Pero, no se trata solamente de Vox, sino que el PP asume buena parte de sus postulados contra el “lobby LGTBI” y la “ideología de género”.

La entrega de presidencias de parlamentos autonómicos como el de Valencia o Aragón a personajes abiertamente lgtbifóbicos es solo un botón de muestra. Pero a nadie debería sorprender esto, viniendo del partido que organizó junto a la Conferencia Episcopal las manifestaciones contra el matrimonio igualitario en 2005 y recurrió esta ley ante el Constitucional.

El matrimonio de personas del mismo sexo abrió la puerta a otros derechos, como la filiación de los hijos de lesbianas, la adopción conjunta, heredar o recibir pensiones de viudedad. Ya hemos visto en Italia, con el gobierno de Meloni, como algunos de estos derechos son suprimidos de golpe: como la filiación de menores conjunta por parte de parejas de lesbianas.

Tal y como repasábamos a nivel internacional, la persecución hacia las personas disidentes del género se está viendo aumentada en países como Polonia, donde se declaran zonas libres de personas LGTB; Hungría, donde existe la posibilidad de denunciar a parejas homosexuales; o EE.UU., donde hay una variedad de leyes que impiden el acceso a hormonación, la represión de shows drag o la prohibición de pasear por la calle mostrando rasgos de disidencia; Uganda, que ha reforzado su legislación contra las personas LGTB y todo ello sumado a la cifra de 73 países en los que la homosexualidad y transexualidad están penadas por la ley, algunos de estos con la muerte.

Esta ofensiva de restauración patriarcal a nivel global tiene uno de sus centros de gravedad en la campaña contra los derechos trans. Y en el caso español, la Ley Trans es dentro de la misma, sin duda, el principal objetivo de la derecha. Tiene base social para tratar de arremeter contra ella, puesto que hasta sectores del movimiento feminista se han opuesto y el mismo PSOE se dedicó durante meses a recortarla y retrasar su aprobación. La derecha promete ahora derogarla y volver al modelo patologizador que exigía un informe médico de disforia de género y haber iniciado un proceso hormonal al menos dos años antes para el cambio registral.

Otros recortes en cartera sería volver a prohibir a las a las mujeres lesbianas o solteras acceder a técnicas de reproducción asistida, como hizo la ministra de Sanidad del PP, Ana Mato, en 2013. O volver a dar luz verde a las terapias de conversión a personas homosexuales.

Las primeras leyes en verse comprometidas serán las autonómicas, que reconocen algunos derechos como la obtención de documentos con el nombre adquirido tras el cambio en el registro referidos a sanidad, transporte o educación. Solo Asturias -que estaba en curso de negociarse- o Castilla y León -donde nunca hubo- quedan al margen.

Sin embargo, esta derecha no ha llegado ahí sola. PSOE y UP han aportado su contrapunto de neoliberalismo progresista a esta ofensiva, con un ejercicio de lavado de cara social y pinkwashing a medidas antiobreras, abriendo la puerta a identificarlas con la izquierda y que crezca la derecha.
Es el gobierno que hizo una reforma laboral que continuaba la precariedad avanzada por las de Rajoy y Zapatero, no deroga la Ley Mordaza o ha continuado con las subvenciones millonarias a la Iglesia y su educación.

También ha tratado de dirigir el reclamo del movimiento feminista y LGBTI contra las violencias patriarcales a posturas punitivistas como la Ley Sólo Sí es Sí, o el aumento de la presencia policial, bajo la lógica de que con más policías, más jueces y penas más duras se va a terminar con la violencia machista y LGBTIfóbica.
Precisamente son estos aparatos los que salen a reprimir en movilizaciones contra el asesinato de un joven al grito de “maricón de mierda”, a los desahucios o a las huelgas, como en Cádiz o Vigo, avala la masacre de migrantes en Melilla y mantiene vínculos con regímenes como el suadí, que condenan a muerte la homosexualidad.

Para allanar el camino a la restauración patriarcal de la derecha con la ofensiva contra los derechos de las mujeres y la diversidad sexual en todo el mundo, un gobierno que actúa así y dice que es de izquierda es un gran facilitador. Si hay que confiar en que votando a este mal menor (por muchos ataques que incluya) se para a la derecha, una y otra vez esta receta se muestra equivocada. Mientras, funciona para pensar que sólo votando al menos menor se fren a la derecha, aumentando la desmovilización ante una derecha que sí se moviliza.
Por eso es necesario no caer en la trampa del mal menor, pero especialmente organizarse contra la derecha patriarcal, antiobrera y racista que viene a tocar las puertas de las instituciones y ataca en las calle.

Esta lucha se extiende por la movilización por demandas como dejar de pagar y dar aulas a una Iglesia que nos llama enfermos, una educación donde poder combatir el bullying y la falta de educación sexual, expropiar viviendas de grandes propietarios para quien sufre maltrato patriarcal en su hogar en un país con 3,4 millones de casas vacías, acabar con las leyes mordaza, la represión y por la disolución de los cuerpos policiales del Estado, que persiguen a las migrantes junto a las leyes de extranjería, los CIEs y las fronteras asesinas de este gobierno que envía armas a guerras imperialistas, una sanidad pública y financiada con impuestos a las grandes fortunas donde no pasar meses o años en listas de espera para no morir, por el acceso a la salud mental o para que tenga efecto una ley trans real y para todes.

Ante la pelea por medidas como estas y por frenar a la derecha la estrategia reformista del mal menor es impotente y tramposa. Sin embargo, esas mismas posibilidades victoria podrían apuntar hacia la unión y la autoorganización de la fuerza del colectivo LGTBI, las mujeres, la juventud, las personas migrantes y el resto de la clase trabajadora con sus métodos de lucha al frente. Esto no cae del cielo, sino que es necesario pelear por unir por abajo lo que los capitalistas (y también su mal menor) tratan de dividir por arriba, con la necesidad de construir una izquierda socialista y revolucionaria, para acabar con la extrema derecha y con el capitalismo cisheteropatriarcal.