A medida que avanza el debate constitucional, se vuelve cada vez más evidente la postura de los consejeros de derecha, especialmente del Partido Republicano, de revertir los derechos ya conquistados y los avances logrados por diversos actores sociales a través de la lucha.

En esta ocasión, el foco del debate ha sido la paridad de género en los resultados electorales. Hace unos días, Jorge Ramírez de Libertad y Desarrollo mencionó que este tipo de sistema se encuentra en "democracias defectuosas o regímenes abiertamente autocráticos". Esta opinión se suma a las expresadas por Beatriz Hevia (Presidenta del Consejo), Ivon Guerra (UDI) y Pilar Cuevas (RN), todas en contra de cualquier mecanismo de corrección para promover la paridad en el Congreso electo.

Este debate no es nuevo, ya se produjo durante la discusión del primer proceso constitucional e incluso antes, durante el gobierno de Bachelet 2, se había abordado dentro de la agenda de igualdad de género.

La diferencia ahora radica en que, teniendo la mayoría suficiente para imponer políticas, los consejeros de los partidos Republicanos, UDI, RN y Evopoli están planteando una serie de retrocesos en los derechos ya conquistados o debatiendo temas que parecían estar zanjados en la sociedad. Lo hacen teniendo como base sus creencias personales. Su intención es legislar en contra de los derechos de las mujeres, la juventud, los trabajadores, las comunidad LGBTI+ y los pueblos originarios.

Además del problema de la paridad, se suman el retroceso en el derecho al aborto, las políticas criminalizadoras y ultraconservadoras en torno a la Educación Sexual Integral y el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI+, entre otros.

Siempre les ha molestado la participación política de las mujeres porque saben que más del 70% de ellas está a favor del aborto, o que más del 65% de la población está de acuerdo con la adopción homoparental, cuestiones que generan un fuerte rechazo en los sectores más conservadores y minoritarios de la población.

Además, la derecha y los republicanos argumentan que las garantías de participación de las mujeres deben asegurarse antes de las elecciones. Sin embargo, esta postura mantuvo a las mujeres en niveles muy bajos de participación política durante décadas, ubicando a Chile en el puesto 83 en términos de participación femenina en 2019 (antes de la aprobación de normas mínimas para fomentar la participación de las mujeres), mientras que actualmente se encuentra en el puesto 43.

Aunque es necesario discutir sobre la paridad, resulta totalmente insuficiente en comparación con la situación estructural que enfrentan las mujeres en una sociedad patriarcal. Esto afecta objetivamente su capacidad para acceder a cargos de elección popular, especialmente aquellas que no forman parte de la élite o los círculos de poder de los partidos tradicionales.

Además, es fundamental cuestionar la utilidad de la paridad, ya que si solo puede ser utilizada por un puñado de partidos tradicionales que defienden el modelo, como se plantea con los pisos de elección, se convertirá en una igualdad formal que enmascara la situación real de relegación de las mujeres en el trabajo y la vida social y doméstica.

En este contexto, resulta muy difícil que una mujer trabajadora, sometida a una doble explotación, pueda acceder a cargos de elección popular si su postura política va en contra de los intereses de los grandes empresarios. Lo mismo ocurre con las mujeres que enfrentan cotidianamente la explotación laboral a través de la organización sindical, ya que los líderes sindicales también están vetados de participar en elecciones.

Además, las mujeres que asumen roles de jefas de hogar y se encargan del cuidado de menores o de adultos mayores también enfrentan enormes barreras para postularse a cargos de elección popular.

Por lo tanto, más allá de las dudas que puedan tener los consejeros de centroizquierda sobre su capacidad para convencer a los representantes de la derecha de mantener el acuerdo sobre la paridad, lo importante es que las mujeres, los jóvenes y la clase trabajadora en su conjunto defiendan los avances logrados a través de la movilización y, sin confiar en este proceso, retomen el camino de la lucha para acabar con los pilares que sustentan esta sociedad capitalista y patriarcal, que mantienen a millones en la miseria mientras unos pocos se benefician e imponen sus principios y creencias al resto.