“No es fácil ser weychafe, no es fácil ser un mapuche de verdad” (Palabras de Miriam Gutierrez, madre de Pablo)
Ayer se cumplieron 2 años del asesinato, por parte de carabirneros, del joven weychafe de 28 años y militante de la CAM, Pablo Marchant. Según un segundo informe forense realizado este año, lo ejecutaron de un disparo en la nuca luego de ya haber sido arrestado y reducido. Todo esto en el contexto de una acción de sabotaje en el ex predio Santa Ana en la comuna de Carahue, hoy controlado por forestal Mininco, propiedad del clan Matte.
Esta es una demostración mas de para quiénes trabajan las fuerzas represivas, quiénes son sus verdaderos amos y señores, ya que en los hechos operaron como una verdadera banda de seguridad privada de los predios hoy a nombre de los Matte pero que históricamente han pertenecido a las comunidades mapuche-Lafquenche de la zona.
El caso de Pablo Marchant es uno de los últimos asesinatos por parte de carabineros cuya responsabilidad política recae en el gobierno de Piñera. El caso, durante el Gobierno de Boric continúa en la más absoluta impunidad, demostrando así que uno de los hilos de continuidad con la administración anterior está teñido por la sangre mapuche.
Pese a las sospechas que existían entre familiares, compañeros y amigos de como sucedió el asesinato de Pablo, no se habian podido obtener datos concluyentes del procedimiento policial que terminó con la vida del joven mapuche, dado la obstrucción de carabineros, la fiscalia y el servicio medico legal. La familia pudo obtener una segunda versión de los detalles del hecho, recién en junio de este año luego de lograr la realización de un informe forense, que reveló que el joven había sido asesinado a sangre fría por efectivos del GOPE de carabineros.
Luego de su estudio el médico forense Luis Ravanal Zepeda pudo concluir que: “es posible establecer con la evidencia disponible que la lesión balística…Es concordante con un disparo de escopeta efectuado con apoyo, mortal en forma inmediata, y atribuible a la acción de terceros”.
El caso, como todos los que rodean a asesinatos de las fuerzas represivas en contra de luchadores y luchadoras sociales, se encuentra cubierto sobre un manto de impunidad, ocultamiento de información y omisiones en el proceso investigativo. Y peor aún el principal responsable de la ejecución de Pablo Marchant, como quien recibiera un premio por “cumplimiento del deber” fué trasladado a Punta Arenas por sus altos mandos, sin siquiera haber hecho público el supuesto sumario administrativo que se abrió en su contra.
La abogada querellante y representante de la familia indicó a la prensa que «no descansaremos hasta que se determine verdaderamente la forma en que falleció Pablo y la responsabilidad de quienes cometieron el delito”. | 
