El jueves 6 de julio el gobierno, representado por la ministra del Interior Carolina Tohá y el subsecretario Manuel Monsalve, presentaron la Política Nacional Migratoria, la que estará enfocada en el fortalecimiento de dos áreas: la gestión interna y el control de fronteras. Según el gobierno, considerará como enfoques transversales los derechos humanos, género, derechos de la niñez e interculturalidad, sin embargo diversas organizaciones ponen en cuestión el plan por estar más centrado en la expulsión que en asegurar derechos.
Este Plan Nacional de Migración y Extranjería propuesto por el gobierno considera 28 medidas de aplicación inmediata y una serie de proyectos de ley para reformar la Ley de Migración y Extranjería.
Como reprodujo el medio Radio Uchile, el dirigente del Movimiento Acción Migrante, Eduardo Cardoza, afirmó que el plan está más centrado en la seguridad que en los derechos de los migrantes.
“Tiene un enfoque más de política de países del norte, que las que se fueron elaborando en la región hasta el 2015. Es decir, no es una política que esté dentro de los parámetros de Mercosur o del Pacto Andino, sino que es mucho más restrictiva”, dijo Cardoza al medio.
Esto debido a que lo que hace esta política es ampliar las causales de expulsión y prohibición de ingreso, como por ejemplo estableciendo diversos delitos como causales de deportación, entre ellos el delito de violencia intrafamiliar. Por otro lado, amplía la zona de control fronterizo a lugares y rutas ubicadas a 10 km de la frontera.
El plan indica una “mayor eficacia” en expulsiones hacia “quienes no tengan posibilidades reales de integración o de contribuir al desarrollo del país”. Además indica que no habrá procesos de regularización masivos y crea un comité interinstitucional para materializar expulsiones pendientes desde el 2013.
Por otro lado, uno de los objetivos que tiene el plan es otorgar residencias regulares a personas asociadas a contratos u ofertas de trabajo en ramas de difícil cobertura, o donde hay escasez de trabajadores.
“Nosotros lamentablemente pensamos que esto no le va a hacer bien al país y no le va a hacer bien a la migración, porque tal cual está diseñada no tiene mecanismo de regularización, ni tampoco va hacer regularizaciones masivas. Entonces, lo que se prevé es que se va a mantener un nivel importante de irregularidad en el país”, aseguró el dirigente social.
Mantener la condición de irregulares para migrantes solo mantiene la precariedad a cientos de personas las cuales son vulneradas al no tener acceso a mejores condiciones de salud, de trabajo, de vivienda y de educación, incluyendo niñas y niños que no pueden ir a las escuelas. Además de mantener una lógica irracional en donde las personas no tienen el derecho de migrar a otro país buscando mejores oportunidades.
En realidad lo que hace el gobierno es seguir bailando al ritmo de la derecha, pues han mantenido una sostenida militarización en la frontera, la que ha mantenido a muchos y muchas migrantes viviendo una verdadera pesadilla con niños y niñas sin buenas condiciones de salubridad y mala alimentación. Haciéndole el juego a la derecha que impone su ideología racista y busca dividir al pueblo y a la clase trabajadora.
Intentan pasar este plan de migración como respetuosa de los derechos humanos, o con enfoque de género, pero sin embargo siguen asociando a los migrantes con la delincuencia y con los problemas de seguridad. Lo que es necesario es un plan de regularización a todos los migrantes para que dejen de estar viviendo de grandes precariedades y siendo asociados a la delincuencia de manera xenófoba y racista y un plan vivienda financiado por el Estado que acabe con el negocio inmobiliario que obliga a miles de chilenos y extranjeros a vivir en campamentos o viviendas precarias.
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