Los 50 años del golpe han levantado una serie de reflexiones en diferentes ámbitos de la sociedad. Desde la derecha y los sectores más rancios del Pinochetismo actual, intentan avanzar sobre una visión revisionista de los hechos que llevaron al golpe, defendiendo el actuar de los militares como si fuese una suerte de “tránsito inevitable” fruto de la crisis política y social que se desarrolló desde la asunción de Allende en 1970 hasta septiembre de 1973.

La derecha, con este revisionismo, pretende no solo justificar las violaciones a los derechos humanos como un “mal necesario”, sino en su esencia, revalidar la obra refundacional que implicó el establecimiento del modelo económico, social y político, es decir, neoliberal, durante la dictadura militar y que entró en cuestión con la rebelión popular del 2019 y la deslegitimación del legado pinochetista en términos constitucionales e institucionales.

Por otro lado, los sectores que gobernaron desde el retorno a la democracia, particularmente la DC y el PS, fueron los principales responsables de instaurar una visión donde la “reconciliación nacional” iba a ser fruto de los pedidos de “perdón” por parte del ejército y los representantes de las ramas castrenses frente los “excesos”, llevando a juicio a un una decena de militares, mientras se les garantizó impunidad a la inmensa mayoría de los efectivos, incluyendo a las más altas jerarquías del ejército y la junta, que cometieron torturas, asesinatos y todo tipo de vejaciones contra la clase obrera, las mujeres y la juventud que decidió combatir con todas sus fuerzas la dictadura militar.

Tanto así fueron las garantías de impunidad que la ex Concertación impulsó de cara a esta “reconciliación” que estuvo dispuesta a construir cárceles especiales para militares condenados.

En todo este tránsito, el ejército desarrolló distintos procesos de modernización institucional que sirvieron de fachada para dejar atrás la “herencia” dictatorial, mientras siguieron encubriendo y protegiendo a los pocos efectivos perseguidos por la justicia.

La participación en algunas mesas sobre temáticas ligadas a las violaciones a los derechos humanos como la “Mesa de Diálogo sobre los Derechos Humanos” de 1999, donde el ejército señaló que la “institución jamás propició una política del Estado destinada “per se” a causar la eliminación de adversarios políticos del gobierno militar” dista totalmente con la realidad, ya que tanto los organismos a cargo de la Inteligencia militar primero y luego profesionalizadas a través de la creación de la DINA y la CNI tenían por objetivo neutralizar a las personas consideradas enemigos del régimen militar, y para esto dispuso de una total estructura donde el ejército y su estado mayor, jugaba un rol clave en la posibilidad de organizar y financiar dicha instancia.

La ausencia del reconocimiento a la responsabilidad institucional por parte del ejército ha sido una constante que se da desde la infame carta de Pinochet en 1991 denominada “El Ejército, la Verdad y Reconciliación”, donde el dictador responde al informe Rettig señalando que este informe sería deficiente en la “contextualización de las causas y de la situación previa que vivía el país al 11 de septiembre de 1973”, un argumento muy similar al señalado por varios referentes actuales del Partido Republicano, la UDI y RN.

Años después y fruto del avance las primeras indagaciones judiciales contra crímenes durante la dictadura, el ejército facilitó la entrega de información sobre el posible paradero de algunos detenidos desaparecidos, información que fue totalmente insuficiente y casi una burla para miles de familias que al día de hoy siguen buscando los cuerpos de sus seres queridos.

En ocasión de los 30 años del golpe, el entonces General en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, pronunció su famoso “nunca más”, aunque años después el mismo Cheyre fue condenado por sus responsabilidades como encubridor en el marco de la operación “Caravana de la Muerte” a cargo de Sergio Arellano Stark.

Señalamos todo este contexto porque consideramos que a pesar de los esfuerzos tanto del ejército como de los partidos que avalaron y siguen avalando el golpe de 1973 así como de quienes entregaron los mantos de impunidad durante la transición, de naturalizar los hechos ocurridos hace 50 años, es relevante revisar la concepción teórica que subyace al ejercicio de memoria y reflexión que se cita en El mostrador a partir del documento “Reflexión sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el ethos militar” elaborado por el entonces General de Ejército Ricardo Martinez Menanteau, hoy también investigado judicialmente, ya que representa una visión particular que busca naturalizar el rol del ejército en la defensa del Estado como sector que, a través del monopolio de las armas, es el último garante de su existencia.

En el apartado teórico del texto, Martinez señala claramente que desde los inicios de la historia, el poder dentro de una sociedad está compuesto por tres partes: lo político, lo religioso y lo militar, “de allí, que las máximas autoridades de las primeras civilizaciones buscaban tener bajo su control estos componentes, los que configuraban entre los tres el poder total, y con ello, dominar al grupo social”, realidad que en el marco de la modernidad se encuentra mediado a través de la división de poderes donde lo militar se encuentra sujeto al "respeto a la Constitución Política del Estado".

Esta concepción, tradicionalmente liberal, que expresa Martínez en la subordinación del poder militar al poder civil a través del respeto a la Constitución Política del Estado como expresión del consenso social, desde nuestra perspectiva es una ilusión, ya que consideramos que el Estado no es el desarrollo “natural” o inevitable de la sociedad, sino que es fruto de que la sociedad, al estar dividida en clases sociales irreconciliables, que defienden intereses económicos antagónicos, la clase dominante necesita dotarse de una herramienta que le permita defender el orden de privilegios que ostenta, que siguiendo a Gramsci en ocasiones será a través del consenso pero sin desechar los coercitivos en caso de ser necesarios, expresión última de esto es el uso de la fuerza sea como represión o peor aún, la guerra civil para el exterminio de la fuerza opositora.

En base a esto, decimos que contra toda visión ingenua de un derecho “neutral” o que está construido al servicio del “bien común”, el derecho y las relaciones jurídicas son expresión de las correlaciones de fuerza entre las propias clases y sobre todo de la voluntad de la clase que detenta el poder del Estado, por lo tanto la sujeción de las FFAA al orden Constitucional vigente no es un signo de neutralidad, sino la aceptación del rol de la defensa última los privilegios de la clase dominante como se ha visto una y otra vez en la historia del país.

De hecho, en el marco del desarrollo “histórico” del accionar del ejército en los capítulos II, III y IV del ya mencionado texto, Martinez vuelva una y otra vez a una “revisión crítica” de los hechos, señalando varios errores en el proceder de las jefaturas militares del momento pero “contextualizando” las mismas, considerando el “clima de época”, sobre todo al peso que tuvo la guerra fría desde la segunda mitad del siglo XX en adelante en los hechos acontecidos desde 1960 hasta 1973 y luego durante la dictadura militar, que involucró a los militares directamente en la toma de decisiones políticas.

Pero todas las críticas señaladas por El Mostrador como “positivas” apuntan a la identificación de las responsabilidades individuales frente a crímenes como el asesinato de Rene Schneider y el rol que tuvieron generales como Roberto Viaux y la intromisión de agentes internacionales como la CIA en los hechos, el asesinato de Carlos Prats o Tucapel Jimenez, el asesinato sistemático ejercido por Arellano Stark y la ya mencionada Caravana de la Muerte, no llegan a ser más que repudios que a esta altura de la historia resultan imposibles de no hacer, por lo que su reconocimiento no resulta más que un inevitable paso para poder “dar vuelta la página” y seguir con la conciencia tranquila de haber dicho “nunca más” una vez más, pero sin ir al fondo del problema.

Por lo mismo el documento, en referencia a los hechos de octubre del 2019, se cita un mensaje de el mando en jefe del Ejército, donde se cita una “felicitación” por la tarea cumplida de “ayudar a restablecer el orden y no a hacer daño” aun cuando se reconoce que 466 miembros de las FFAA y de Orden y Seguridad son investigados por hechos de violencia ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo del 2020, un número no menor considerando el despliegue de 16.000 efectivos a nivel nacional y el saludo cierra con un “lamentamos los hechos aislados en que, en el marco de la labor de resguardo del orden público y defensa de las personas y bienes de todos los ciudadanos, algunos compatriotas han sido afectados como consecuencia de nuestro despliegue”, nuevamente se hace referencia a la responsabilidad individual de algunos miembros del ejército como si quienes dictaron órdenes o arengaron a los infantes de marina en Valparaíso antes de salir a la calle a golpear manifestantes no tuvieran una responsabilidad institucional en las violaciones a los derechos humanos que casi 50 años después del golpe militar, volvieron a estar a la orden del día.

Por eso tener una visión real sobre el rol que cumple el ejército dentro de una sociedad es clave para poder avanzar realmente en el juicio y castigo a los culpables de las violaciones a los derechos humanos de ayer y hoy.

Esto porque mientras el ejército se encuentre como garante último de la existencia de este Estado, la clase dominante limitará el ejercicio de la justicia a la necesidad de mantener un margen de legitimidad y existencia de las propias fuerzas armadas y de orden que pueda utilizar cuando lo requiera sin que esto genere un rechazo generalizado en la sociedad que pueda cuestionar el propio actuar.

Un escenario así es lo más peligroso para la clase dominante ya que es el primer flanco para el cuestionamiento del monopolio de la fuerza ejercido por el Estado, cuestión que abre la posibilidad a que una revuelta se transforme en una revolución que subvierte el orden existente, incluyendo a las propias fuerzas armadas.