Existen innumerables pruebas de que el sistema de justicia opera para los ricos y el patriarcado, en coherencia con el sistema capitalista en el que se rige. Es necesario desde este punto plantear otro modelo de justicia con jueces electos a votación popular y revocables, esto con el objetivo de poner freno a los casos de influencias y corrupciones que muchas veces fallan en contra de las víctimas y entregan impunidad a los victimarios.

Dicho esto pasamos a los hechos:

Hace nueve años José Delgado contrajo pareja con la denunciante que se autodenomina Marisol (protegiendo su verdadera identidad). Esta relación se desarrolló mientras ella era estudiante de derecho de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y Delgado era su profesor en la cátedra de derecho procesal, además de desempeñarse como juez de tribunal oral en Santiago.

En esta oportunidad Marisol declara que “siempre por parte de él hubo una imposición a que esto no se supiera, a que yo no publicara nada con él, a que no contara el cargo que él tenía” . Tras meses de realizada la denuncia se llegó a un acuerdo privado en donde las partes se comprometían a que estos actos de violencia no se volvieran a repetir. Ante esto Marisol relata que después de ese acuerdo privado estuvo “meses, evidenciando y denunciando estos actos de violencia”.

Cabe mencionar que en diciembre del 2021 se realizó la primera denuncia por VIF contra Delgado, en esta ocasión la demandante solicitó medidas cautelares en la fiscalía de Arica que no fueron acogidas. Tres meses después de la primera denuncia Delgado asumió el cargo de presidente de la corte de apelaciones de Arica, desde lo cual se realizó un sumario investigativo cuyo resultado fue el sobreseimiento de Delgado.

“Cuando converso con la persona que me atiende, lo que me dice es que lo mejor en estos casos es irse de la ciudad”, comenta la denunciante. Esta respuesta muestra la insuficiencia de esta justicia en situaciones de violencia hacia las mujeres, quitándole el primer apoyo a la víctima que se atreve a denunciar. A raíz de esto, Marisol se dirige al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG) para solicitar apoyo legal y presentar un total de cuatro querellas en las que se denuncian violencia psicológica, verbal y física. Sin embargo, la fiscalía no consideró suficiente el relato para considerarlo como peligro inminente.

Cristian Muga, abogado defensor de José Delgado, comentó en la entrevista que estas denuncias venían de una “frustración”, y que cada vez que en casos así el fallo no es favorable a las víctimas, se culpa a una “supuesta corrupción”, bajandole completamente el perfil al hecho de que José Delgado ejerce un cargo público rodeado de influencias.

El otro caso es en contra de David Soto Pineda, Juez de Familia y ex docente de la Universidad La República. El año 2016 Patricia Carrasco era estudiante de Soto en la Universidad La República, en este tiempo establecieron una relación de pareja. Patricia denuncia que el año 2021, meses terminada la relación con el Juez de Familia comenzó a vivir hechos de violencia intrafamiliar, en esta oportunidad las agresiones fueron registradas por carabineros.

Cabe mencionar que, entre las y los estudiantes que asistieron a clases con Soto en la U. República de Arica, se asegura que el ex-docente abusaba de su autoridad a la hora de evaluar e impartir sus clases, entre otros elementos de importancia como dichos y aseveraciones de carácter misógino.

Las primeras denuncias por parte de Patricia fueron en la fiscalía de Arica, ante las cuales ocho jueces se inhabilitaron para abordar las causas debido a la cercanía con el denunciado, a excepción de Oscar Agurto, también juez de familia, que participó del proceso judicial de una de las causas presentadas sobre vulneración de derechos. En esta resolución se estableció:

...“resulta innecesaria la prosecución de este proceso por lo que se resuelve archivar la presente causa sin más trámite”

Además de esta causa de Patricia, Agurto también revisó el caso de Marisol quién, como comentamos anteriormente, denunció agresiones por parte del presidente de la corte de apelaciones de Arica José Delgado.

Por estos antecedentes el pasado 25 de mayo se inició un sumario interno contra el juez de familia Oscar Agurto, quién finalmente reconoció tener una estrecha amistad con David Soto, afectando la imparcialidad de la resolución de la causa, una falta con carácter de gravedad.

¿Cuál es el criterio de estos jueces si ejercieron VIF? Es urgente el cese inmediato de las funciones de los jueces implicados, ya que incluso con estos antecedentes siguen ejerciendo sus cargos en tribunales claves como el de familia y la corte de apelaciones. Sin embargo, ha pasado más de año y medio desde que las denuncias fueron realizadas, a pesar de las pruebas y los trámites legales realizados por las víctimas, Agurto, Delgado y Soto NO fueron sancionados.