Nota publicada originalmente en Révolution Permanente
Tras el despliegue en Francia de las unidades policiales militarizadas de la BRI, el RAID y el GIGN para reprimir brutalmente la ira en los barrios populares -como atestigua el asesinato policial de Mohamed durante las revueltas- y la detención de casi 4.000 jóvenes, algunos de los cuales cumplen ahora penas de prisión, Macron prosigue su ofensiva para silenciar cualquier forma de protesta contra la violencia policial y el racismo de Estado.
Para lograrlo, el gobierno de Macron está intensificando sus medidas autoritarias: prohibiendo la marcha Justicia por Adama (asesinado por la policía) el 8 de julio en Beaumont-sur-Oise y luego la manifestación contra la violencia policial el 15 de julio, amenazando con introducir prohibiciones en las redes sociales para que "cuando las cosas se salgan de control", el gobierno pueda "regularlas o cerrarlas", en palabras del propio Macron.
Y en los últimos días, han sido los usuarios de las redes sociales quienes han sido blanco directo del gobierno. Varias personas han denunciado haber sido interrogadas y después detenidas por la policía tras haber publicado mensajes en Twitter e Instagram. Timothée Gauthierot, concejal de Noisy-Le-sec (Seine Saint Denis), por ejemplo, publicó en su Instagram sobre la violenta detención de Yssoufou Traoré el 8 de julio, comentando "Francia se merece más disturbios". Esta "story" le valió cuatro horas de detención policial.
Otro internauta publicó en su cuenta de Twitter que una mañana le habían parado en casa y había pasado 20 horas bajo custodia policial por criticar a Macron y a la policía. Dijo que le habían condenado a 70 horas de servicios comunitarios y a dos meses de cárcel si no los cumplía a tiempo.
Además, un joven de Castres fue detenido por publicar un tuit en Twitter en el que revelaba la dirección del asesino de Nahel, que se encuentra actualmente en prisión en Toulouse a la espera de ser juzgado el 18 de septiembre. Mientras la extrema derecha vierte impunemente su odio y trata de criminalizar a los jóvenes de los barrios populares, llegando incluso a hacer millonario al asesino de Nahel, simples mensajes denunciando a Macron y la violencia del régimen pueden ahora enviar a jóvenes a detención policial o a prisión.
Frente a un gobierno que intensifica sus ataques contra nuestros derechos democráticos, tenemos que hacer frente común contra la violencia policial y el racismo de Estado: por una amnistía para todos los detenidos durante las revueltas, la derogación de todas las leyes de seguridad y racistas o la eliminación de la ley de inmigración, pero también para defender un programa que nos permita construir una respuesta global. | 
