Este sábado 15 de julio fue revocada la prisión preventiva para Eduardo Macaya Zentilli, quien está imputado por delitos de abuso sexual impropio contra cuatro menores de edad. Se trata del padre del Senador UDI, Javier Macaya, quien quedó en libertad a cambio de una fianza de alrededor de 150 millones.
No es primera vez que Macaya y su sector están a favor de “perdonazos” como pasó con las Isapres o con la impunidad que gozan los violadores de Derechos Humanos desde la dictadura, hasta los recientes casos de la rebelión de octubre del 2019, que empujaron a otra víctima de mutilación ocular a tomar la decisión de suicidarse.
Indignación ha generado la medida, que refuerza la impunidad de los empresarios, quienes históricamente no pagan por sus crímenes, en este caso pagan cifras millonarias o en otros, como en Penta, solo toman clases de ética. Y si llegan a pasar por una cárcel es con privilegios, como vimos en Punta Peuco o ahora quedó expuesto por funcionarios del recinto carcelario, quienes aseguran que no cumplieron con ninguno de los protocolos regulares en el trato a Eduardo Macaya y sus visitas, incluido su hijo senador.
Sin embargo, lo más indignante es que el protagonista de este nuevo caso de impunidad sea el padre de un senador UDI, que ha insistido en oponerse a la educación sexual integral, dejando la responsabilidad de ésta en manos de las familias.
Tampoco es novedad que la familia tradicional esconda estos comportamientos en nombre de la unidad de esta institución. En Chile, expertos señalan que el 80% de las denuncias de menores de 18 años, el abuso ocurrió en su contexto familiar. El caso del padre del senador y la defensa que ha hecho su familia deja en evidencia el mecanismo a través del cual esta violencia se reproduce.
Por otra parte, el director de la unidad especializada de Fiscalía, Mauricio Sovino, señaló que se registró un incremento de las denuncias de un 42% durante el 2022, cifra que se duplicó en los últimos 11 años y que el aumento corresponde a denuncias de menores. En su análisis plantea que las cifras de denuncias han aumentado porque ha crecido la confianza en el sistema judicial. Pero diferimos de ese análisis, nuestra visión es que los movimientos sociales como el estudiantil, de mujeres y diversidad sexual han permitido que sectores amplios de la población comprendan qué es violencia, qué es abuso a través de su experiencia en las movilizaciones.
No es mérito del Estado ni sus políticos ni sus policías ni sus jueces, que siempre llegan tarde o no llegan porque sus prioridades son mantener las ganancias y privilegios de empresarios y sus políticos, como quedó demostrado una vez más este sábado con Eduardo Macaya libre por 150 millones de pesos de fianza.
Educación Sexual Integral (ESI) para prevenir es nuestra tarea urgente
Desde la agrupación de mujeres y diversidad sexual, Pan y Rosas, señalamos que la respuesta a esta problemática es el acceso a la educación sexual para prevenir y, por otra parte, es la garantía de derechos fundamentales para evitar situaciones de dependencia que dan ventaja a los abusadores contra quienes están abajo en la relación de jerarquía.
Y que la clave para que demandas como la ESI o el aborto hayan ganado protagonismo es mérito de los movimientos estudiantil, de mujeres y diversidad sexual.
El gobierno, que prometió ser “feminista” ha tenido una actitud defensiva respecto a los ataques de la derecha contra a estas demandas, que incluso buscan hacer retroceder los insuficientes avances como la ley de Tres Causales o la Educación Sexual. Emplazándonos a bajar las expectativas, sin hacer defensa férrea de las demandas que usaron de eslogan para supuestamente enfrentar a la derecha como señalaron en campaña, invitándonos a participar únicamente confiando en las urnas.
Pero si hoy existe una conciencia más amplia respecto a este tema, es sólo una conquista de la autoorganización y de la movilización. Pero no basta con solo denunciar. Es necesario, que estos movimientos busquen una alianza estratégica con los profesionales y trabajadores de la salud, de la educación y de otros sectores, para que tomen en sus manos la tarea de educarse y educar en el respeto por los derechos de los otros, pero también para garantizar materialmente el cumplimiento de estos derechos básicos. Especialmente para las infancias, juventud y las mujeres, que son quienes sufrimos la mayoría de estos ataques y tenemos las condiciones sociales y económicas más vulnerables y precarias, que facilitan la victimización.
Loq ue nos quieren arrebatar es la confianza en nuestras fuerzas, porque estos movimientos, nos han quitado la condición de víctimas pasivas y tienen la fuerza para llegar a esos trabajadores y trabajadoras, que pueden garantizar ESI, aborto o viviendas para las víctimas que sufren abusos en su contexto familiar. Nuestra perspectiva es que invirtamos las prioridades, pongamos al centro nuestras demandas y construyamos desde abajo las soluciones, ese es el camino para enfrentar a la derecha.
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