La proscripción partidos o inhabilitación de candidatos y organizaciones políticas es una práctica ya común por parte del Gobierno de Maduro, en función de su sostenimiento en el poder. Una práctica que corre en simultáneo con la violación de otros derechos democráticos elementales, como el derecho a la protesta, a la huelga, a la organización sindical, entre otros.
La verdad es que esta medida forma parte de las maniobras autoritarias acostumbradas por el gobierno de Maduro para diseñar las elecciones a su medida, para habilitar e inhabilitar a placer, tanto a derecha como a izquierda, según le convenga. Un gobierno capitalista caracterizado por aplicar ajustes que destrozaron como nunca el salario, los derechos laborales y las condiciones de vida del pueblo trabajador, operando un curso reprivatizador y entreguista al capital transnacional, acompañado todo esto de coacción y represión a los trabajadores y comunidades, llegando a tener más de un centenar de trabajadores y trabajadoras encarcelados por luchar o por negarse a las corruptelas de la casta gobernante.
En el reciente golpe que buscar darle al PCV, se realiza todo un montaje donde un grupo de personas encabezados por Henry Parra, algunos ex militantes del PCV y otros militantes del partido de gobierno, el PSUV y de Somos Venezuela -colateral del partido oficialista-, introdujeron ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso para solicitar que dicho tribunal imponga una nueva junta directiva transitoria al PCV. Se trata de una situación donde la única organización política que ha quedado con legalidad a izquierda del gobierno es el PCV, y por esa vía busca sacarlo del ruedo electoral, pues alrededor de la misma teme que se organicen amplios sectores del llamado chavismo crítico y de la izquierda en general.
El gobierno de Maduro va golpeando de acuerdo a sus necesidades del momento, proscripciones e inhabilitaciones que unas veces golpean a la oposición patronal proimperialista, como recientemente vimos en el caso de la reaccionaria derechista María Corina Machado, y otras golpean a quienes se le oponen por izquierda, como de hecho intenta hacer actualmente al pretender arrebatar la legalidad al PCV.
Desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), que impulsaLa Izquierda Diario, rechazamos el nuevo paso bonapartista reaccionario del gobierno contra el PCV, que pretende, vía TSJ, intervenir ese partido e imponer una dirección para arrebatarle la legalidad e impedir que se presenten a elecciones. Por eso también participamos activamente en el plantón de protesta frente al Tribunal Supremo de Justicia, junto a otras organizaciones de izquierda y activistas, el pasado 13 de julio, donde repudiamos esta intentona antidemocrática
Si antes el gobierno de Maduro no buscó sacarle la legalidad al PCV ha sido porque este partido lo venía acompañando, ya sea como parte del Polo Patriótico montando por el PSUV, o como organización individual, incluso hasta las elecciones presidenciales del 2018, cuando apoyaron electoralmente a Maduro, distanciándose abiertamente a finales del 2020. Pero las inhabilitaciones políticas que se han aplicado a diversas organizaciones o dirigentes que cuestionan al gobierno por izquierda, vienen de hace años.
Tiempos atrás, cuando Marea Socialista tenía la posibilidad de optar a la legalidad, se la negaron “porque sí”, por pura decisión política de impedirles tener figura legal. El PSL fue, como tantos otros, víctima de las condiciones impuestas para la renovación de legalidad electoral, que solo favorecía a los grandes aparatos burgueses, bien fueran opositores o el PSUV. Incluso cuando partidos chavistas y de centroizquierda, como REDES (de Juan Barreto), sí lograron superar las restrictivas condiciones, de todos modos, les impidieron la renovación.
Cuando a fines de 2020 surgió la APR, alrededor de partidos del chavismo crítico, el gobierno llevó a cabo una ofensiva de intervenciones judiciales de esos partidos (Tupamaro, UPV, PPT) para impedirles presentarse electoralmente; política que sigue actualmente con los intentos por arrebatar la legalidad al PCV. Cuando Eduardo Samán quiso postularse en 2021 a la Alcaldía de Caracas, usaron contra él el recurso de la inhabilitación política.
Una vez más llamamos a la defensa de los derechos democráticos, rechazando toda restricción a las libertades democráticas, a las proscripciones políticas. Basta de la intervención del Estado en las organizaciones políticas. Rechazamos este nuevo zarpazo bonapartista y reaccionario contra el PCV. |
