El pasado miércoles 19 de julio, un efectivo de PDI hirió de muerte a una mujer de 54, años en su hogar, junto a su mascota, durante lo que ellos denominaron un “confuso” procedimiento de detención de otro individuo, en su domicilio, en la población José Miguel Carrera de Antofagasta.
“Legítima defensa privilegiada”, es el principal argumento que planteó la Policía de Investigaciones (y luego la propia Fiscalía) frente a la muerte de Maritza Pizarro (54), que se encontraba en el interior de su hogar junto a su familia. Tal como señalan sus familiares y vecinos, testigos directos del hecho, primero una efectivo policial se habría hecho pasar por trabajadora de Correos de Chile en la casa de al lado, y luego, pasaron al hogar de Maritza, donde buscaban detener a su hijo Andrés por una causa pendiente. La familia señala que los efectivos policiales entraron con violencia inmediata al domicilio, donde se encontraba el individuo que buscaban junto a 3 mujeres (una de ellas su madre, Maritza Pizarro, y también una mujer de 96 años), una niña, y el perro de la familia, que comenzó a ladrar desde el ingreso al hogar, y más aún en el forcejeo de la detención, donde vecinos aseguran que el policía amenazaba a viva voz con disparar. Al sentirse amenazado, este efectivo de la PDI suelta 3 disparos al perro, y uno de ellos cayó en la pierna de Maritza, que lamentablemente comenzó a desangrarse hasta llegar sin vida a Urgencias.
La familia indica que la PDI detuvo finalmente a Andrés, y denuncian que se retiraron del lugar sin prestar ningún tipo de ayuda a la mujer que había recibido el disparo, y que se encontraba en notorio peligro de vida por desangramiento. Fue un vecino que, sin tener conocimientos de primeros auxilios, la subió a su vehículo y la llevó hasta el servicio de urgencia, en donde la mujer lamentablemente ya se encontraba casi sin signos vitales, tras lo cual se constató su fallecimiento.
El vecino de la víctima comenta que el ingreso al domicilio fue rápido y violento (sólo duró un par de minutos), y que incluso él mismo, desde su hogar, tuvo que gritar que pararan de disparar, ya que se encontraba con su hijo pequeño, y que sintió miedo por las paredes de material ligero que separa sus habitaciones. También escuchó como la víctima pedía ayuda, sin embargo ningún efectivo de la PDI la ayudó, y fue él quien tuvo que darle auxilio a su vecina y trasladarla al hospital.
Tristemente, Maritza Pizarro, y todos quienes vivenciaron estos traumáticos hechos, son víctimas del “gatillo fácil” de las policías, que hoy se amparan con toda comodidad bajo la Ley Naín-Retamal impulsada por la derecha y promulgada bajo el actual gobierno de Boric. Esta ley ha ampliado las causas de “legítima defensa privilegiada” en actuaciones vinculadas al uso de la fuerza, además de aumentar las penas para quienes agreden a carabineros.Desde su promulgación el 6 de abril del 2023 a la fecha, bajo esta ley se ha justificado que las policías hayan cobrado 4 vidas, incluyendo la de Maritza Pizarro, e incluso, ha significado total impunidad en casos que ya estaban siendo tipificados como abuso policial. A inicios de mayo se anunciaba ya la absolución de 5 carabineros, que, invocando la Ley Gatillo Fácil (Naín-Retamal), se libraron de penas que apuntaban a sancionar delitos como el de apremios ilegítimos, abusos policiales durante el estallido, falsificación de instrumento público, entre otros.
Para que exista justicia,tal como pide la familia es necesario una investigación a fondo, pero en casos de gatillo fácil perpetrados por el Estado,se vuelve indispensable una investigación independiente. Más aún cuando la Fiscalía, que es el órgano que debería investigar, se apresuró a respaldar el actuar y la versión policial.
La pregunta de fondo es ¿justicia para quién? El gatillo fácil, se ha dado en las poblaciones o contra la clase trabajadora y con esta ley Nain Retamal es la misma “justicia” quien garantiza la impunidad y promueve los abusos policiales; en ningún caso ha servido para “mayor seguridad”.
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