“Antes, una España roja, que rota”. Esta fue la frase con la que Calvo Sotelo pasaría a la historia. Este fascista entronado como “primer mártir de la Cruzada” por el Franquismo tras su ejecución por militantes socialistas el 13 de julio de 1936, la pronunció en las Cortes en diciembre de 1935. Ante la posible victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, Sotelo admitía que una posible victoria de las izquierdas era tolerable. Antes o después, la derecha recuperaría el poder. En oposición a esto, si se rompía la unidad territorial, esa “tragedia” ya no tendría remedio.

En estos días parece que estamos asistiendo a una réplica invertida de aquel episodio. La reacción del PSOE y Sumar ante las demandas de Junts para abstenerse en la investidura de Sánchez es una especie de “Antes, una España en manos del PP y Vox, que rota”.

No habrá investidura sin la abstención de Junts

Las elecciones del 23J han dejado uno de los resultados más ajustados de la historia. A la espera de lo que pueda pasar con el voto por correo, la derecha se queda a cinco escaños de la mayoría absoluta. El bloque “progresista” necesitará todos los síes de sus socios – ERC, EH-Bildu y PNV- y la abstención de Junts. Queda en evidencia que, aunque hay un refuerzo de los partidos del viejo bipartidismo, estos necesitan a todos los socios de su bloque para poder gobernar. Una coalición insuficiente para derecha, y una muy complicada de constituirse y mantenerse para el progresismo.

Las posibilidades de revalidar un gobierno de PSOE y Sumar se dificultan bastante por el rol de bisagra del partido de Puigdemont, la antigua CDC. Históricamente, los convergentes ha sido un partido que ha apoyado indistintamente a gobiernos del PP o el PSOE, a cambio de algunas concesiones fiscales o de competencias. Eran los tiempos del famoso “peix a la cova” del que se nutrió sus redes clienterlares y las corruptelas de las eras Pujol y Mas.

Pero el histórico partido de la burguesía catalana no es lo que era. Su operación de colocarse al frente del movimiento democrático catalán, le salió bien en cuanto sobrevivió a la crisis de representación del 15M y consiguió contenerlo y desviarlo. Pero a su vez, para su propia supervivencia electoral, lo transformó en un partido mucho menos fiable para el régimen. De hecho, hoy no son los exconvergentes quienes están a la cabeza de la restauración autonomista, sino que es la ERC de Aragonés, conocida popularmente como la “nueva Convergencia”.

Su propia supervivencia como aparato de un sector de la burguesía catalana depende de mantenerse formalmente como la más acérrima defensora del “legado del 1-O”. Una total impostura, ya que fueron justamente ellos los principales responsables de que la enorme movilización del referéndum y la huelga del 3 de octubre se bloquearan para evitar llevar hasta el final la lucha por el derecho a decidir.

Las demandas de referéndum y amnistía no son solo de Junts

Junts ha planteado dos grandes exigencias para poder negociar una abstención en la investidura del bloque progresista: un referéndum de autodeterminación y la amnistía. Si las sostiene o no en el tiempo está por verse, a nadie le debería sorprender que, una vez más, las intercambien por alguna concesión menor.

Aun así, retoma, aunque sea por sus propios intereses de supervivencia y competencia electoral con ERC, la demanda de una consulta para que el pueblo catalán decida su relación con el resto del Estado. También la de amnistía, aunque no queda claro si se refiere solo a los cargos públicos encausados o también se refiere a los casi 4000 activistas procesados, muchos de ellos con la Generalitat ejerciendo de acusación particular por las movilizaciones post 1 de octubre y contra la sentencia.

Esta posición se ve reforzada por el hecho de que Puigdemont, el expresidente de la Generalitat de Catalunya exiliado desde el otoño de 2017 en Bruselas, sigue procesado por el Tribunal Supremo. Recientemente, el Parlamento Europeo le ha retirado la inmunidad de eurodiputado – aunque la decisión está todavía recurrida- y la sustitución del delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados – un gran ataque a los movimientos sociales -, puede facilitar que sea entregado por esta causa y la de malversación.

La Fiscalía acaba de solicitar una nueva orden de detención internacional y esa reforma del Código Penal de PSOE, Unidas Podemos y ERC hacen más viable su extradición. Toda una nueva injerencia (una más) de la Judicatura para tratar de poner palos en la rueda a una investidura de Sánchez que requiera la más mínima concesión al independentismo.

Que sea Junts la única formación con presencia en las Cortes que plantee esta exigencia, no las convierte en demandas de los de Puigdemont. Una lectura así, que seguro es la que empiezan a hacer desde el “progresismo” y quienes llevan semana apelando al voto contra la derecha, perdería de vista que han sido millones los que en los últimos años han peleado por ellas en un movimiento que ha sido la mayor afrenta al régimen del 78 en toda su historia. Que hoy este movimiento esté en retroceso - gracias a la propia dirección protesista de Junts y ERC, al rol de PSOE y UP y a la dura represión de la Judicatura alentada sobre todo por la derecha – no quiere decir que no sigan siendo dos demandas totalmente vigentes y sentidas.

PSOE y Sumar se plantan en defensa de la “unidad de España”

Ante estas demandas, la respuesta de Pedro Sánchez es previsible. Durante la pasada legislatura se negó completamente a conceder la amnistía. A lo más que llegó fue al indulto parcial pactado con ERC de los presos del procés con condena firme. Sobre el referéndum no hay duda. El PSOE, como partido pilar del régimen, fue parte del bloque del 155 y la hemeroteca está llena de declaraciones en contra de esta posibilidad. El mismo lunes, Zapatero, la estrella de la campaña del PSOE del 23J, lo dejó clarísimo en Al Rojo Vivo: “No, rotundamente no”.

Sumar no se separa mucho. Ya en la campaña dijo que renunciaba explícitamente a un referéndum de autodeterminación. Y respecto a la campaña de persecución del independentismo, siempre se han mantenido en un respetuoso acatamiento de los procesos judiciales y sentencias como la del procés. De hecho, se han ofrecido a intentar convencer, con la mediación de Jaume Asens, a Junts para que renuncien también a estas demandas y se abstengan en la votación.

¿Cómo pretende entonces el bloque progresista revalidar gobierno y no ir a nuevas elecciones? La respuesta popular podría ser “antes facha que rota”, y cerrarlo con un “Viva España”. PSOE y Sumar estarían dispuestos a una repetición electoral, a pesar del riesgo que tendría para poder darle el gobierno a la derecha con la extrema derecha, antes que ceder a estas reivindicaciones. Su campaña de que viene el "fascismo" para movilizar el voto útil o con la nariz tapada a sus formaciones se demuestra una pantomima. Están dispuestos a todo antes que aceptar dos demandas democráticas, que son apoyadas por un 80% de la sociedad catalana y vasca, y por otros sectores de izquierda del resto del Estado.

Para conquistar el derecho de autodeterminación y la amnistía necesitamos retomar una lucha independiente de Junts y ERC

Todo esto demuestra que PSOE y Sumar representan un proyecto también reaccionario, defensor del régimen, además de con un programa en favor de las grandes empresas y ajustes en el que no entraremos ahora.

Pero, lejos de toda idealización del partido Puigdemont, Junts y su defensa de la autodeterminación y la amnistía no es tampoco una alternativa viable para conseguir estas demandas democráticas. El procesismo ha entrado en bancarrota y su estrategia se ha demostrado totalmente inútil y contraproducente.

Tras la claudicación de 2017 y la represión del govern de ERC-Junts contra las protestas de 2019, hoy ERC está a la cabeza de la vuelta al autonomismo y los pactos con el PSOE. Han pasado de defender la república, a conformarse con un traspaso de la competencia de cercanías.

Junts mantiene formal y demagógicamente la defensa de estas demandas, pero como partido de la derecha catalana que es, es totalmente enemiga de poner en marcha una movilización social capaz de conseguirlas. Algo que implicaría poner en marcha fuerzas sociales como la clase trabajadora que podrían poner en peligro sus privilegios.

La CUP está pagando las consecuencias de haber sido el ala izquierda de todo este bloque. Su mano extendida a los partidos de la burguesía independentista la inhabilitó para proponer una hoja de ruta independiente que uniera la lucha por la autodeterminación con una perspectiva socialista y de unión en la lucha con el resto de sectores populares del Estado. Hoy está en plena crisis, no solo electoral, sino de militancia, como muestra la escisión de buena parte de su juventud que hoy forman Horitzó Socialista.

Ante esta bancarrota estratégica y contra toda ilusión en una vuelta a la línea de jugades mestres y presión sobre el Estado para negociar, es necesario retomar la lucha por estas reivindicaciones, tanto en Catalunya como en el resto del Estado, ligándolas al resto de demandas democráticas pendientes, como acabar con la Monarquía y abrir procesos constituyentes sobre las ruinas del régimen del 78.

Para ello hay que apostar por una movilización independiente de los partidos de la burguesía catalana, y también del reformismo gubernamental del resto del Estado, con la clase trabajadora al frente para pelear al mismo tiempo por un programa que haga pagar la crisis y el coste de resolver los grandes problemas sociales a los capitalistas.

Lo que demuestra el “antes facha que rota” de Sánchez y Díaz, es que, como decíamos desde la CRT en nuestra campaña por el voto nulo este 23J: no se puede parar a la derecha de verdad, con una izquierda de “Su Majestad”. Necesitamos construir una izquierda que ponga en el centro el desarrollo de la lucha de clases, con una estrategia de independencia de clase y pelee por tirar abajo este régimen y por un programa socialista revolucionario.