La pregunta no es si este año se repetirán las escalofriantes imágenes del año pasado, donde veíamos la Laguna de Santa Olalla completamente vacía, sino cuándo. Según las estimaciones del CSIC, el secado completo podría producirse a mediados de agosto, dos semanas antes que el año pasado. Se trata de un signo del agravamiento de la degradación que sufre este territorio.
El expolio del agua para su utilización en cultivos de regadío intensivo es el principal motivo de este secado. Un expolio que ha sido propiciado por el gobierno autonómico del PP y Vox. Con su política negacionista y amiga de los empresarios, pretenden aprobar una Ley Autonómica que autoriza 1.500 nuevas hectáreas de cultivos de regadío en Andalucía que requerirán de más agua extraída de “capas superficiales” del parque natural, según sostienen. Poco importa ya de dónde salgan porque lo único que consigue esta política es profundizar en la grave crisis que vive esta zona protegida.
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No solo es de una irracionalidad extrema subvencionar este tipo de cultivos (que incluso sin la Ley de Regadíos ya son excesivos) en una zona tendente a la sequía, sino que además se trata de cultivos, como el de la fresa, que emplea bajo condiciones de suma explotación a trabajadoras migrantes de Marruecos, haciendo que el negocio sea, desde el punto de vista de los capitalistas, redondo. Este tipo de cultivos, junto con el excesivo consumo de agua producido en la macrourbanización de Matalascañas, zona de turismo y campos de golf, han supuesto el fin del agua dulce en Doñana.
Este desastre no se ha dado de un día para otro: los efectos negativos de lugares como Matalascañas y sus campos de golf llevan siendo señalados desde 1988 por los científicos, y varias décadas de gobiernos del PSOE en la región han avalado esta destrucción. El mismo PSOE que en 2022 se abstuvo en la votación de propuesta de Ley de Regadíos, no mostrando así una oposición ni medio contundente al proyecto.
Las medidas del gobierno y la Unión Europea han sido ineficaces para frenar la situación. Por parte de la UE, multas que a los empresarios de la fresa que les compensa pagar para poder seguir explotando las reservas y enriquecerse, o denuncias a la mala gestión de los residuos de Matalascañas que tampoco han transformado sustancialmente la dinámica. Por su parte, el gobierno no ha tomado una sola medida de protección en cuatro años de ministerio de Transición Ecológica.
La biodiversidad del parque natural está cada vez en más riesgo, con especies protegidas como el lince ibérico, el águila imperial o la tortuga mora que ven en riesgo su supervivencia debido a las sequías y la falta de agua dulce. Las especies acuáticas de la laguna, por su parte, morirán con el secado de esta y el barro convierte la zona en una trampa mortal para las aves que hasta ahora sobrevolaban y vivían en la región.
En un verano como este, que está siendo de los más calurosos que se recuerdan y con los efectos de la crisis climática cada vez más palpables, se actualiza la urgencia de plantear un plan de lucha contra la devastación ambiental y el beneficio capitalista. Una devastación que continuará pase lo que pase con los pactos de gobernabilidad, porque ningún partido político con representación parlamentaria ha planteado un programa coherente y contundente para empezar a trabajar en resolver la crisis. Un programa que necesariamente tiene que imponerse sobre los beneficios de la burguesía y los caciques del campo, sobre quienes pretenden anteponer sus ganancias a la vida humana y el bienestar animal.
Un programa que solo puede imponerse con un plan de lucha independiente de los partidos que han formado parte del gobierno “progresista” y que ligue los intereses de los trabajadores que más afectados se ven por el problema (las trabajadoras de la fresa y otros que trabajan a pleno sol en verano, por ejemplo) con el movimiento social y ecologista, para golpear como un solo puño a quienes quieren convertir nuestro planeta en un infierno. |