El día de ayer, el Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes (GIEI) presentó su sexto y último informe en nuestro país para exponer la verdad sobre el caso Ayotzinapa, ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014, donde 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos fueron desaparecidos y otras seis personas fueron asesinadas, presuntamente por integrantes del crimen organizado. Sin embargo, las pistas dese el principio apuntan a la participación de agentes del Estado, incluidas las fuerzas armadas, ya que los sobrevivientes señalaron la persecución y hostigamiento por parte de integrantes del Ejército mexicano.
Así, Ángela Buitrago y Carlos Beristain expresaron a nombre del GIEI, en conferencia de prensa, que: “El músculo del Estado estaba presente, actuaron y no protegieron, saben y sabían lo que pasó. El ocultamiento de esa información ha significado el ocultamiento de responsabilidades y se ha constituido, en sí misma, en una responsabilidad del Estado sobre la desaparición de los jóvenes”.
Y a eso se agregó: “El núcleo de negaciones y mentiras acumuladas en este caso no es fruto de la inercia o de la burocracia institucional, existe una intencionalidad que no deja aclarar los hechos y oculta parte sustancial de los mismos. Las respuestas de negación de Sedena [Secretaría de la Defensa Nacional], Semar [Secretaría de Marina] y CNI [Centro Nacional de Inteligencia], es un comportamiento más corporativo que comprometido con el conocimiento de la verdad”.
Ya que el GIEI demostró las mentiras y contradicciones en las que estas instituciones han caído a lo largo de estos nueve años, pues el Ejército, la Marina, así como el CNI (entonces Cisen) estaban al tanto de lo que sucedía en Iguala, Guerrero, aquella trágica noche, en la que se practicaron detenciones arbitrarias y torturas, junto con las policías municipales, las cuales dieron forma a la “verdad histórica” con la que el gobierno del entonces presidente, Enrique Peña Nieto, quiso engañar a las mayorías sin que pudieran probarla y deslindar a las Fuerzas Armadas (FFAA) de la responsabilidad del crimen de Estado.
Contradicciones de la 4T con respecto al caso Ayotzinapa
Una de las tantas contradicciones que tiene el gobierno de la Cuarta Transformación es haber prometido en repetidas ocasiones que resolvería el caso Ayotzinapa y se conocería la verdad. Por ejemplo, el primero de diciembre de 2018, al tomar posesión como presidente constitucional, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo convirtió en uno de los compromisos de su gobierno. Promesa que reiteró en una de sus conferencias mañaneras e incluso en uno de sus libros, A mitad del camino, arguyendo que era una de las pocas promesas que le faltaba por cumplir [1].
Sin embargo, lo que muestra el informe del GIEI al respecto, es la política de mantener la impunidad de las FFAA, para no señalar su responsabilidad en los hechos. De hecho, el propio presidente ha reiterado en continuas ocasiones su cercanía y su compromiso con el Ejército. En el libro antes mencionado, AMLO expresó su defensa de esta institución, cuando el 8 de julio de 2020 realizó un viaje a Estados Unidos (EE.UU.) para ratificar el T-MEC, en donde también negoció la liberación de Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Sedena en el sexenio pasado y máxima autoridad del Ejército cuando ocurrieron los hechos de Ayotzinapa.
En aquella ocasión, la DEA (Administración de Control de Drogas, por sus siglas en inglés) acusó al general Cienfuegos de vínculos con el narcotráfico [2] y si bien no confiamos en los órganos de justicia e investigación del imperialismo norteamericano, es cierto que nunca se investigó a este militar ni por aquella acusación, ni por el caso Ayotzinapa, así como tampoco se investigó al expresidente Peña Nieto, cuyo curriculum no solo abarca el caso de los normalistas desaparecidos, sino un amplio abanico de casos de corrupción, muy a pesar de que la lucha contra ésta fue y es una de las grandes banderas de la 4T.
Las Fuerzas Armadas no se tocan
El gobierno del Morena ha demostrado tener una amplia afinidad por los militares, a quienes ha protegido ampliamente. Por ejemplo, además de lo declarado por el GIEI, en junio del presente año se remitieron 17 órdenes de aprehensión contra 16 militares, pero esto se llevó a cabo en completa opacidad, ya que la Fiscalía General de la República no aclaró quiénes eran ni en dónde estaban los señalados.
La información tan limitada sólo permite saber que 12 de los 16 militares sobre quienes pesan las órdenes de detención son integrantes de la Fuerza de Reacción del otro cuartel de Iguala, el 27 Batallón de Infantería y dos uniformados estaban asignados al C-4, la central de comunicaciones y videovigilancia local.
Se ve difícil que los militares y en general todos los implicados puedan ser juzgados. El uso mediático del caso tiene más tintes electorales que otra cosa y las contradicciones siguen saliendo, lo que muestra la necesidad de poner en pie nuevamente un gran movimiento democrático que repudie y exija el fin de la militarización, que sea independiente del gobierno y de todos los partidos del régimen, encabezado por los familiares y organismos de derechos humanos, en donde participen organizaciones sindicales, de trabajadoras y trabajadores, organizaciones sociales, democráticas y de izquierda, para torcer el brazo del Estado y obtener al fin verdad y justicia. |
