Las convocatorias de ingreso a las escuelas de educación superior se publicaron desde enero y febrero, mientras que los respectivos resultados de las pruebas aplicadas se publicaron la semana pasada para los casos de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y desde el 28 de mayo para la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex).
Ante las enormes cifras de exclusión de cientos de miles de estudiantes, el MAES organizó una serie de asambleas donde dieron a conocer los alarmantes porcentajes de exclusión. De los 201 mil 512 aspirantes que presentaron solicitud para estudiar una licenciatura, sólo fueron aceptados 21 mil 346, quedando más de 180 mil jóvenes sin opción para estudiar una carrera.
En una entrevista a representantes del Movimiento hecha por el periódico La Jornada, estos aseguraron que exigirán mesas de diálogo con autoridades de las universidades para atender las solicitudes de lugares en las distintas instituciones de educación superior. Afirman que los mecanismos que se utilizan para seleccionar a los estudiantes no miden la aptitud real de estos para poder cursar estudios superiores, por ello parte de las exigencias que enarbolan son que estos exámenes no deberían de existir, además que deben construirse más universidades que cubran la demanda de los aspirantes por un lugar en las principales escuelas formadoras de profesionistas.
Otra demanda planteada por el Movimiento de Excluidos está relacionada con el aumento al presupuesto educativo. En el caso de México está por debajo de la recomendación mínima de organismos internacionales, donde se pone un parámetro del 8% del PIB nacional como mínimo, siendo que en nuestro país los gobiernos anteriores y el actual no rebasan el 4 o 5% de este índice, mientras se dedica poco más del 40% al pago de deuda externa y aumentan los recursos para la militarización del país.
Esta política de exclusión no es nueva, pero ha permanecido durante la 4T, donde si bien el gobierno se jacta de haber construido nuevos planteles universitarios como es el caso de las Universidades del Bienestar y la Universidad Rosario Castellanos, estas instituciones siguen sin cubrir la enorme demanda de estudios superiores por parte de las y los jóvenes, quienes tienen que presentar estas pruebas estandarizadas desde la década de los 90, condicionando el ingreso a las instituciones como la UNAM (que desarrolla su propio instrumento estandarizado), el IPN y la UAM, utilizando como justificación la no existencia de suficientes lugares para lxs aspirantes, lo cual se repite año con año sin que se le de solución al problema.
Exclusión y estandarización: una política neoliberal
Las políticas de exclusión de las universidades surgieron con el neoliberalismo y la introducción de los criterios de estandarización de la educación, que convierten la educación en mercancía, lo cual “ha existido o sido parte de los sistemas educativos de algunos países, como Estados Unidos desde hace muchas décadas; el problema es su mercantilización, es decir reducción de la educación a una mercancía, en la que la lógica de mercado se antepone a la lógica académica” [1].
En esta lógica las pruebas estandarizadas establecen un marco de competencia individualizada, donde solamente “quienes merecen un lugar” lo obtienen, responsabilizando a las y los estudiantes, cuando el problema no es su falta de capacidad, sino que la responsabilidad es del gobierno por no generar los espacios necesarios.
Por otra parte, “La estandarización es y representa un poderoso dispositivo neoliberal de gobierno en educación; es una máquina de subjetivación de los docentes y una tecnología clave de dominio y homogeneización de las prácticas educativas” [2]. Es decir, que las pruebas estandarizadas no solo afectan a las y los estudiantes, sino también en las escuelas se modifican los criterios que toma en cuenta el docente para poder formar a sus estudiantes, privilegiando un método conductista, basado en poder responder estas pruebas para obtener un lugar.
Este tema no es ajeno a la educación básica. Ahí padecemos desde hace décadas y en la actualidad las consecuencias de la aplicación de pruebas estandarizadas que condicionan nuestro régimen laboral y moldean una conciencia individualista, meritocrática y competitiva que poco o nada tiene que ver con usar la educación como una herramienta para la comprensión del mundo y la emancipación humana.
Para las y los docentes que nos organizamos en la Agrupación Nuestra Clase es crucial forjar la unidad con la juventud estudiantil y trabajadora, no solo para echar abajo estas pruebas, sino para imponer por la vía de la movilización y desconfiando del gobierno, un aumento al presupuesto educativo para más escuelas, más personal y mejores salarios, para garantizar el acceso irrestricto a la educación, sobre la base del no pago de la deuda externa e impuestos progresivos a las grandes fortunas. | 
