Finalizada la ronda de conversaciones el ministerio de hacienda estaría listo para presentar un nuevo proyecto de reformas al sistema impositivo. Tras el rechazo en la cámara de diputados de la reforma tributaria , la negativa de los empresarios a cualquier reforma tributaria estructural y una economía que se encuentra atravesando el umbral de la recesión técnica, el gobierno se ha visto paralizado respecto de cómo avanzar en materia económica.

Finalmente, el diseño acordado sería dar marcha atrás con la promesa de campaña de efectuar cambios estructurales en materia de carga impositiva y Mario Marcel ha decidido presentar una serie de pequeños proyectos de ley. Este nuevo modelo se denominará “nuevo pacto fiscal” , abandonando la nomenclatura “subversiva” de reforma tributaria.

Cediendo al chantaje empresarial, el pacto fiscal estará dividido en distintos proyectos de ley que ingresarán por separado al congreso en los próximos meses:

El primero de dichos proyectos serían un proyecto de ley para combatir la elusión de impuestos.Sabido es que además de que a los empresarios no les gusta que le suban los impuestos, tampoco les gusta cumplir lo ya estipulado por ley, en particular aquellos que tienen facilidades para mover sus capitales al extranjero.

El gobierno propone crear un consejo asesor que ayude a la institucionalidad financiera a fiscalizar de mejor manera la elusión y evasión de impuestos para poder recaudar más recursos por esa vía. A este proyecto se le sumaría uno relativo a crear la figura del denunciante anónimo, de tal manera de eximir de sanciones penales a aquel que denuncie o auto denuncie delitos tributarios.

Los siguientes proyectos dicen relación con mejorar y hacer más eficiente el gasto público. El caso fundaciones ha sido utilizado por la derecha y los empresarios para condenar el derroche con los recursos públicos. Una crítica bastante hipócrita considerando las carencias materiales reales en salud, educación , y distintos servicios públicos que requieren de nuevos recursos pero que los empresarios los niegan para seguir usándolos en sus especulaciones bursátiles de dudosa rentabilidad para el país. El gobierno se hizo eco de este chantaje, haciendo parte del nuevo pacto fiscal.

En concreto el gobierno ofrecerá un conjunto de reformas para “acabar con trámites burocráticos” que dificultan la inversión, principalmente aquellos relativos a los recursos estatales que se transfieren a empresas privadas para que desarrollen infraestructura, llamados concesiones. Claro, a los empresarios les gusta criticar a las fundaciones pero no están dispuestos a renunciar a los cuantiosos recursos que el estado les transfiere, eso sí piden que dichos procesos de asignación sean más rápidos y eficientes.

Finalmente una tímida alza al impuesto a la renta y aumento del IVA a bienes importados, sería lo que el gobierno pediría a cambio de conceder nuevas transferencias a los empresarios y recortar el gasto público amenazando con nuevas olas de ajuste y precarización de los servicios públicos y de sus trabajadores. Se espera recaudar 800 millones de dolares por esta vía, lo que no alcanzaría para cubrir ni un 10% de las actuales falencias a la hora de otorgar prestaciones sociales a la clase trabajadora.

En resumen el nuevo pacto fiscal significó mayores resguardos a las ganancias empresariales y un llamado a los trabajadores a apretar los dientes, agachar el moño y resignarse a las migajas que puedan caer de la mesa de los empresarios.