Un procedimiento completamente irregular terminó con el asesinato de Maritza Pizarro y el perro de la familia Zeus. La PDI, había concurrido al domicilio en el marco de una detención al hijo de Maritza. La Policía disparó reiteradas veces alegando “legítima defensa”, pues supuestamente el perro habría atacado. Sin embargo, cuando uno de esos disparos alcanzó a Maritza, la PDI lejos de prestar auxilio, se remitió a realizar la detención y dejó desangrándose a la mujer, negándose a realizar primeros auxilios, estando capacitados para ello.

¿Caso aislado?: Los antecedentes de asesinatos y tortura de la PDI

La Policía de Investigaciones en la ciudad y a nivel nacional tiene diversos casos de denuncia sobre tortura y asesinatos. En Antofagasta, fue conocido el caso de tortura y amenazas contra Freedom Astorga, preso político de la revuelta quien cosió sus labios en señal de protesta, luego de pasar un año en prisión preventiva. Freedom denunció que tras su detención, sufrió amenazas y tortura por orden de Augusto Vega, funcionario de la PDI, con el fin de obtener su declaración.

“No me dejaban leer la declaración, solo me decían que la firmara, a lo cual me negué categóricamente. En presencia de todos los funcionarios que me interrogaban, aparece una persona por detrás mío y me pone una bolsa de basura en la cabeza y la tiraba para atrás apretándola con mi cuello. Perdí el conocimiento en dos oportunidades. Al mismo tiempo, otro me pegaba cachetadas en la cara. A los pocos segundos me sacaban la bolsa de basura negra y me preguntaban nuevamente si iba a firmar la declaración, a lo cual me negaba. Entonces volvían a ponerme la bolsa de basura en la cabeza. Fueron aproximadamente 20 minutos que calculo duró esta tortura“ denunció Astorga. Actualmente hay una querella en curso en contra del subcomisario en cuestión. Sin embargo, este no es un caso aislado toda vez que la PDI como institución participó de forma permanente en coordinación con Carabineros en este tipo de prácticas.

Por otra parte, recientemente se descubrió una red de tráfico de migrantes que operaba al interior de la propia PDI en Antofagasta, quienes a cambio de whisky, dinero y un departamento para “reunirse” con mujeres falsificaron documentos e instrumentos públicos.

Más de 100 casos de asesinatos, abuso sexual y otros delitos

La Cámara de Diputados aprobó un informe de la Comisión Investigadora sobre abusos en la Policía de Investigaciones. Durante un año recibieron más de 38 testimonios y más de 100 casos de abusos, como asesinatos, violaciones y abusos sexuales, acoso laboral, tráfico de influencias, faltas de probidad, negligencias administrativas, obstrucción de investigaciones, entre otras irregularidades.

Si bien la investigación está centrada sobretodo en crímenes cometidos entre ellos, devela la brutalidad policial en el marco de que son capaces incluso de mentir en procedimientos, de indicar que otro funcionario policial fue asesinado por un tercero cuando fueron ellos mismos quienes le dispararon, como muestra el informe que indica diversos casos de este tipo.

Sin embargo, el informe también da cuenta de delitos en los cuales las víctimas no son funcionarios policiales, como el caso de Agustín Plaza, joven de 23 años y estudiante de Ingeniería en Agronomía del DuocUC que fue asesinado la madrugada del domingo 3 de octubre del año 2021 por un funcionario policial de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM), Juan Díaz Antiman. El contexto del crimen fue en medio de una celebración en San José de Maipo, en donde el funcionario en cuestión utilizó su arma de servicio para amenazar a varios participantes de la fiesta, el último fue Agustín a quien sí le efectuó un disparo en su abdomen, causándole la muerte. Es más, fue la misma institución que con 50 funcionarios llegó al Hospital con el objetivo de amedrentar a la familia del joven.

Un ejemplo más histórico: Rati, Agente de LA OFICINA

Lo mencionado anteriormente es parte del prontuario de los últimos años, sin embargo, podemos traer un ejemplo más histórico. En octubre del 2019, en medio de la rebelión social, Jesús Silva San Martín, ex detective PDI decide contar lo que pasaba en los 90’ en "La Oficina" y las razones de por qué "Si naciera nuevamente, por nada del mundo sería policía".

Su historia está plasmada en el libro "Rati, Agente de La Oficina" (2021), de los periodistas Javier Rebolledo y Dauno Tótoro Taulis, el cual muestra la historia de un oscuro organismo creado por el gobierno de Alwyn para desarticular a los grupos de izquierda que se oponían a la transición pactada. En la reseña cuentan como “La Oficina, fue testigo y protagonista de la guerra sucia desatada por la Concertación a comienzos de los años 90". Además de todo el entramado de políticos detrás. "Aquí se exponen las responsabilidades de Marcelo Schilling, Jorge Burgos, Belisario Velasco, Nelson Mery, Óscar Carpenter, Luis Hermosilla, Andrés Chadwick, Jorge Barraza, Rómulo Aitken, Lenin Guardia y muchos otros".

Jesús San Martín afirma: "durante el primer gobierno democrático, nos ordenaron realizar montajes y trasladar armas para grupos subversivos (...) hicimos detenciones sin órdenes judiciales, hicimos infiltraciones, se reclutó a informantes pagados y se falsificaron muchas pruebas".

La Ley Gatillo fácil garantiza la impunidad

La Ley Nain Retamal, que fue votada por sectores del oficialismo como el Partido Socialista y que en última instancia el gobierno asumió como propia, solo agregando unas tímidas indicaciones al proyecto original, garantiza la impunidad de la policía que como hemos visto, tiene tejado de vidrio si se trata de casos de corrupción, asesinatos y torturas.

La ley Gatillo fácil existe en diversas partes del mundo, y su experiencia internacional debe alertarnos: Vimos cómo en Estados Unidos se dispara impunemente a jóvenes negros, o en Argentina cómo se cobra un muerto cada 24-30 horas según informes de la Coordinadora Nacional Contra la Represión Institucional de dicho país, principalmente jóvenes de los sectores más precarizados.

Hay que coordinarse contra la impunidad y la represión

La familia de Maritza Pizarro ha tomado en sus manos la pelea contra la impunidad del asesinato de su familiar. Realizaron una velatón y manifestación afuera de la PDI, para contradecir la versión “oficial” de la policía y fiscalía que buscaban instalar el relato de “legítima defensa”.

El ejemplo que está dando esta familia es importante para establecer un precedente para que estos casos no vuelvan a ocurrir y cuestionar el trasfondo de la ley Nain Retamal, que lejos de dar seguridad a la población, solo recubre a la policía en sus procedimientos. La familia está convocando a artistas, agrupaciones de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas a coordinarse en ese sentido, este viernes a las 20hrs en Riquelme #626