Después de 67 días desde las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, el Partido Popular y VOX han cerrado este jueves el acuerdo para investir a Azcón como presidente de Aragón. El acuerdo incluye la entrada de la extrema derecha al gobierno autonómico con una vicepresidencia y dos consejerías: Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia y Agricultura. Esto se une al nombramiento como presidenta de las cortes a la diputada ultra reaccionaria de VOX, Marta Fernández.

Con el de Aragón ya serían tres los gobiernos autonómicos en los que entraría VOX como socio menor del PP, junto con Castilla y León -el primero tras las elecciones de febrero de 2022- el de la Comunidad Valenciana y el de Extremadura. Un número que previsiblemente se incrementará a cuatro cuando en Murcia se resuelva el acuerdo entre los conservadores y la extrema derecha para investir al popular López Miras.

¿Qué podemos esperar de un gobierno del PP-VOX en Aragón? Por el momento, se van haciendo públicos elementos de un acuerdo programático, en el que aparecen objetivos tradicionales de la derecha y la extrema derecha, que intentarán llevar adelante su agenda antiderechos como en las más de 140 ciudades y regiones en las que están gobernando.

Algunos ejemplos son la reforma de leyes como la Ley aragonesa de Identidad y Expresión Sexual o la derogación de la Ley de Memoria Democrática, es decir, anunciar la investidura con un ataque a las conquistas de las personas trans y a la conservación y divulgación de contenidos antifranquistas. También, respecto a las competencias autonómicas relacionadas con la violencia machista, el pacto las redirige hacia la violencia "intrafamiliar", proponiéndose eliminar “organismos superfluos del sector público instrumental y todos aquellos entes que realicen funciones duplicadas o inútiles como el Instituto Aragonés de la Mujer y el Observatorio Aragonés de Violencia sobre la Mujer”.

Estas promesas no sólo forman parte de una "guerra cultural" de la extrema derecha, sino que suponen una ofensiva reaccionaria a leyes y concesiones que se dieron como respuesta a décadas de combates de los movimientos LGBTI, feministas o que denunciaban las raíces franquistas de este régimen (franquismo del que PP es heredero directo y VOX se niega a condenar mínimamente).

El pacto promete una mayor censura ideológica sobre los contenidos de la televisión autonómica (ya parcialmente producida por Henneo-Heraldo de Aragón, principal medio de la oligarquía aragonesa) y la implantación del veto parental en las escuelas, una medida estrella de la extrema derecha internacional para vetar que el mayor número posible de niñes participen de actividades sobre educación sexual, feminismo o sobre derechos LGTBI.

Esta medida (que trataron de aplicar sin éxito en Murcia) viene con un curso hacia Inspección educativa llamado ’Sacando la ideología de las aulas’, cuyo carácter de terror y censor queda claro. Pero también no se entiende sin el enorme peso de la Iglesia y la educación concertada en Aragón, que este gobierno promete regar aún más de dinero público, extendiendo cheques y subvenciones para las familias de la concertada que ya venían implantándose en la alcaldía de Azcón. A su vez, esto se traduce en ataques ideológicos y económicos a la educación pública, prometiendo más negocio cautivo a la patronal de la educación concertada con promesas como la zona de escolarización única y la concertación del Bachillerato.

Frente al ataque de la derecha a la educación pública, no nos podemos conformar con una defensa acrítica del sistema educativo tal cual es hoy, como si fuera la panacea de la diversidad, porque no lo es. Hace falta cuestionar la degradación de la educación pública en favor de la concertada y la privada, la falta de presupuestos, las malas condiciones laborales de docentes para poder atender al alumnado, así como poner en discusión los contenidos curriculares. Plantear el debate sobre la separación de la Iglesia del Estado y terminar con la financiación a la concertada, bastión de la educación religiosa, para volcar todos esos recursos en la educación pública.

Las políticas de la concertada o el impulso a la sanidad privada con financiación pública son dos grandes ofensivas antiobreras que se propone el gobierno de PP-VOX en Aragón. Pero tienen grandes puntos de continuidad con las que implantó previamente el gobierno de PSOE-PAR-CHA-Podemos, como la reforma fiscal a favor de las grandes fortunas, que Lambán subió el mínimo para tributar en el Impuesto de Sucesiones de 150.000 a 500.000 euros con los votos de Cs y PP, o el convenio en sanidad con la patronal de la MAZ, regalando 16 millones a la sanidad privada mientras la sanidad pública está cada vez en peores condiciones.

Además, será un ejecutivo consagrado en la defensa de los intereses de las grandes fortunas y la patronal aragonesa que profundizará en las políticas neoliberales y antiobreras del socioliberal Javier Lambán. Políticas que han incluido rebajas fiscales a los más ricos, ataques al medio rural aragonés, financiación de megaproyectos urbanísticos destructores del medio ambiente como Canal Roya y también sustentados en nuevas bolsas de precariedad, como nuevos macromataderos, el desmantelamiento y la privatización de la sanidad y otros servicios públicos y la precarización de sus trabajadores entre tantas otras.

Y es que las políticas del PSOE y sus socios de gobierno “Frankenstein” -Podemos, CHA y el PAR- solo podían allanar el camino para el regreso del PP al gobierno de Aragón desde el 2015 y la entrada por primera vez de la extrema derecha al ejecutivo. Un recambio que ya tuvo su precedente en la victoria de Azcón en el Ayuntamiento de Zaragoza tras cuatro años de gobierno de Zaragoza en Común. El ayuntamiento “del cambio” de ZeC mantuvo las privatizaciones ante las luchas por la municipalización de servicios públicos o el negocio de inmobiliarias y bancos ante las luchas contra los desahucios.

Contra el gobierno del PP-VOX y su agenda neoliberal y antiderechos tenemos que volver a las calles y enfrentar todos sus ataques con la lucha de las mujeres, el movimiento LGTBI y la clase obrera. Contra la izquierda institucional que le abre el paso a la derecha aplicando sus mismas políticas necesitamos una alternativa socialista, revolucionaria y de los y las trabajadoras.