Este jueves Gabriel Boric promulgó la ley del royalty minero en Mejillones, Región de Antofagasta, luego de cuatro años de tramitación. La iniciativa fue impulsada por el gobierno y fue apoyada transversalmente con los partidos del parlamento el 17 de mayo pasado. En aspectos generales, la medida establece una nueva estructura impositiva a la gran minería.
Se trata de la distribución de US$ 450 millones que estarán destinados en tres fondos: "Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo", dirigido a gobiernos regionales con un aporte de 225 millones de dólares anuales; "Fondo para la equidad territorial" dirigido a las comunas vulnerables con una inversión de 170 millones de dólares y el "Fondo Comunas Mineras" que considera US$ 55 millones para aquellos municipios que mantengan dentro de sus territorios faenas relacionadas directamente con la actividad minera.
Esta nueva estructura de la minería empezará a regir a partir del 2024 y se espera recaudar 0,45% del PIB (equivalente a aproximadamente US$ 1.350 millones). Si bien, la iniciativa trata de dialogar con la exigencia de la distribución de la riqueza natural a través de las ganancias de la minería, la demanda por la redistribución y toma de decisiones queda en el aire. Un ejemplo de ello, es la demanda sueldos que permitan abastecer las necesidades básicas, una vivienda propia y un lugar libre de contaminación en las comunas donde hay mayor extracción de recursos naturales.
La contradicción de la minería: la contaminación
En plena promulgación de la ley, un pescador artesanal interrumpió el discurso de Boric denunciando la depredación y contaminación del histórico puerto de Mejillones. Se trata de las consecuencias que deja la minería a la población que habita en la zona, declarándose "zona de sacrificio" a través de los problemas sociales y de salud que se generan en la comunidad.
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