Desde el viernes 04 de agosto hasta el 01 de septiembre, el Mineduc abrió las postulaciones para el ingreso a establecimientos educacionales municipales y subvencionados a través del Sistema de Admisión Escolar (SAE).
Este sistema comenzó a funcionar el año 2015 en el marco de la aprobación de la Ley de inclusión escolar, la que se orientaba a eliminar la capacidad de pago de los apoderados y el rendimiento estudiantil como factores de exclusión de los alumnos.
El SAE se plantea como un sistema de admisión no discriminatorio, tanto por antecedentes académicos como por procedencia socioeconómica, para la incorporación de los y las estudiantes en los establecimientos educativos. Se presentó como un sistema que busca reducir las brechas sociales y por esa vía mejorar la calidad de la educación. Pero ¿Es posible enfrentar las desigualdades sociales a través de este sistema de admisión?
Luego de 8 años de implementado el sistema, aún no es posible corroborar hasta el final los resultados de la supuesta batalla contra la segregación escolar por procedencia socioeconómica que el gobierno de “Bachelet 2” se comprometió a combatir mediante el SAE en particular y la ley Inclusión en general. Lo que sin duda se ubica como una de las debilidades más frecuentes en la implementación del sistema. Además estudios recientes cuestionan su capacidad de generar un sistema escolar socioeconómicamente menos desigual.
Según el estudio “Segregación y eficiencia en el sistema de admisión escolar (Leonel Huerta, 2021)” las y los estudiantes prioritarios, quienes pertenecen a los quintiles más bajos, postulan a menos escuelas que los estudiantes no prioritarios y además postulan a más escuelas con menor reconocimientos por calidad educativa, principalmente basándose en resultados SIMCE.
El autor plantea además que uno de los mecanismos más eficaces hasta ahora para disminuir la segregación social en las escuelas, es la reserva de cupos para alumnos prioritarios, lo cual ayudaría a “equiparar la cancha” en términos de procedencia social. Sin embargo el problema que representa la reserva de cupos es que cuando aumenta la demanda por el establecimiento quedan más postulantes no prioritarios fuera, los cuales no necesariamente por no ser “prioritarios” significa que se encuentran en una situación económica menos precaria o más ventajosa.
Otro elemento que se observa en la investigación es que las escuelas que se encuentran primeras en la lista de postulación de los estudiantes dicen razón con su ubicación y cercanía al lugar de residencia, lo que significa que en la práctica los niños y niñas de Puente Alto y la Pintana no postulan a escuelas públicas ni menos particulares subvencionadas de vitacura, la reina o las condes. Por lo tanto, la marginalidad geográfica también es otro factor clave para la reproducción de las diferencias de clase en el sistema escolar.
Chile, incluso según informes de la OCDE (2019), está dentro de los países que lideran los ranking de países con mayor desigualdad socioeconómica y casi nula movilidad social. Según el informe “World Inequality Report” de 2022, el 1% más rico de la población en Chile concentra el 50 % de la riqueza total del país. Esto se expresa claramente en su sistema educativo, donde las desigualdades entre escuelas de sectores altos y bajos son totalmente evidentes, ya que al tener una primacía importante el sistema educativo de mercado, pueden acceder a mejores oportunidades educativas quienes tienen para pagar por ellas.
Por su parte, el nuevo sistema de Admisión Escolar, el cual se viene implementado progresivamente desde el 2015, dice buscar un parámetro de equidad e integración social para la admisión de los y las estudiantes en el sistema educativo, contemplando tanto instituciones públicas como particulares subvencionadas. Las autoridades de la época (Segundo gobierno de Michelle Bachelet), planteaban que mediante la ley de inclusión escolar, y en particular con el SAE, sería “una cuestión de años” para lograr acabar con la segregación social que el antiguo sistema de selección provocaba.
La concepción de Justicia que plantea la ley de inclusión escolar, entendida como equidad en el acceso a los establecimientos educacionales, dice plantearse desde el principio de igualdad de oportunidades. Sin embargo, como hemos visto, no ataca los elementos estructurales del sistema social, como las desigualdades en el acceso al conocimiento y la procedencia socioeconómica de los y las estudiantes. Manteniendo por esa vía las diferencias de clase intactas. Por lo tanto, es evidente que a través de este sistema de admisión escolar no es posible generar una real “equidad de acceso”, ni contribuir a disminuir la segregación, si es que se siguen perpetuando las diferencias socioeconómicas estructurales operando en la base de la vida social capitalista.
La idea de justicia que el nuevo sistema de admisión escolar trae consigo, al parecer no está contribuyendo a fortalecer, la tan anhelada por los gobiernos de la “Nueva Mayoría”, cohesión o integración social, ya que la investigación citada anteriormente, incluso muestra que existe desigualdad en la postulación de los y las estudiantes (Huerta, 2021). Por lo que una respuesta concreta, para hacerse cargo de los problemas que están a la base de la segregación y marginalidad socioeducativa, es un impostergable de primer orden.
Es imposible pensar en un sistema educativo integrador, con los índices realmente vergonzosos de concentración de la riqueza como los que vimos más arriba. Por ende, una política educativa por sí sola no puede acabar con las problemáticas profundas y multicausales de la desigualdad social, por tanto es fundamental pensarla en articulación con un plan de políticas económicas pensado en beneficio de las mayorías trabajadoras y coherente con los desafíos planteados, solo así podría pasar de ser un planteamiento de buenas intenciones a un proyecto concreto de reducción de la pobreza, segregación y marginalidad educativa.
Para lograr efectivamente cohesión hay que acabar con la estructura social que reproduce la desigualdad, por tanto necesariamente para pensar un sistema de admisión que enfrente la segregación hay que acabar con el modelo económico que la reproduce. Sin acabar con la educación de mercado y el modelo productivo exportador de materias primas a bajo costo, cualquier medida que se tome será un parche para contener el profundo problema de segregación y marginalidad de clase presente en el país.
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