Mientras comienzan a llegar los primeros migrantes a la prisión flotante en la que el Reino Unido convirtió al barco Bibby Stockholm, que se encuentra en el puerto de Portland, Dorset, el Gobierno británico tuvo que salir a aclarar que no pensaba enviar a los solicitantes de asilo a la isla de Ascensión.
Sin embargo, esta negativa no se debe a un giro "humanitario" del Gobierno sino al costo que implicaría llevar a los migrantes a la isla que queda a más de 6000 kilómetros del Reino Unido, sin embargo el ejecutivo del conservador Rishi Sunak sigue adelante con su plan de enviar a los solicitantes de asilo a Ruanda, una política que está trabaja en la justicia.
El lunes, la ministra del Interior, Sarah Dines, dijo que la propuesta de enviar personas a la Isla Ascensión podría reemplazar el plan del gobierno de deportar personas a Ruanda, en caso de que esa política fracase.
Las declaraciones generaron el repudio inmediato de diversas organizaciones y tuvo que ser desmentida por el ejecutivo. Sin embargo, los motivos solo serían económicos. La idea de la Isla Ascensión ya se había sugerido hace tres años a pedido de la entonces ministra del Interior, Priti Patel. En ese momento el conservador Jacob Rees-Mogg, quien era ministro del gabinete de Boris Johnson dijo que la idea se abandonó porque "se pensó que sería increíblemente cara de hacer". “Estuve involucrado en algunas de las discusiones sobre esto mientras era miembro del gobierno y desafortunadamente costaría al menos un millón de libras por persona enviarlas allí".
La isla Ascensión es una posesión colonial británica, considerada "territorio de ultramar" y se encuentra a más de 6.400 kilómetros de Gran Bretaña a medio camino entre África y Brasil. Se trata de una isla volcánica y en sus poco más de 100 kilómetros cuadrados viven unas 800 personas. La isla fue un enclave fundamental durante la Guerra de Malvinas en 1982 ya que el imperialismo británico la usó para abastecer aviones y barcos que se dirigían al territorio argentino.
Activan la prisión flotante
Mientras tanto este lunes comenzaron a llegar los primeros migrantes a la prisión flotante que se encuentra amarrada en el puerto de Portland.
La enorme embarcación conocida con el nombre de Bibby Stockholm cuenta con tres pisos y 222 camarotes, fue construida en 1976, y ya ha sido utilizada por Países Bajos hace dos décadas para alojar a inmigrantes. Será administrada por la empresa Bibby Marine, fundada en el siglo XIX por John Bibby, un magnate que había hecho su fortuna en el comercio colonial y la trata de personas esclavizadas.
Este lunes llegaron los primeros 50 migrantes y el portavoz oficial del primer ministro dijo: “Las cifras aumentarán con el tiempo. Tengo entendido que el Bibby Stockholm tiene una capacidad superior a 500. Estamos buscando [alcanzar] ese número con el tiempo”.
Organizaciones políticas y de derechos humanos repudiaron el uso de un barco como prisión. Este lunes se conocieron comunicados de Amnistía Internacional y la Cruz Roja que se suman a las denuncias de más de 50 organizaciones y activistas británicos como Refugee Council, Asylum Matters y Refugee Action, que calificaron al plan del gobierno como “cruel e inhumano”.
Además la semana pasada el Sindicato de Brigadas de Bomberos (FBU según su sigla en inglés) dijo que la embarcación era una "trampa mortal" para los migrantes y anunció que escribiría al Ministerio del Interior sobre el hacinamiento y la falta de acceso a salidas de emergencia en el barco.
Una política racista y antiinmigrantes
La llegada de la nueva prisión flotante coincidió con la aprobación de una dura ley antiinmigrantes. El Parlamento británico adoptó una legislación que impedirá solicitar asilo en el Reino Unido a aquellas personas que accedan a este país de "manera irregular" cruzando en bote el canal de la Mancha.
La legislación tiene además el objetivo de que los migrantes sin papeles sean detenidos y expulsados con la mayor rapidez, ya sea a su país de origen o a un tercer estado.
Las llamadas "expulsiones en caliente" ya son practicadas por varios países europeos, la mayoría de ellos responsables de un pasado colonial en países de África y Medio Oriente como España, Italia y Reino Unido, y de muchas de las guerras en la región de la que justamente escapan millones de personas que buscan llegar a Europa.
Semanas atrás la Unión Europea firmó un acuerdo de 255 millones de euros con el régimen autoritario del presidente tunecino, Kais Saied. Se trata de una “asociación estratégica” que incluye el refuerzo de la política antiinmigrante europea, a través de una externalización de sus fronteras hacia países de África.
La ley es tan brutal que hasta la ONU cuestionó la expulsión de los solicitantes de asilo a terceros países en los que tampoco está garantizada su protección como refugiados, lo que favorecerá que se niegue protección incluso a los menores de edad no acompañados o a los supervivientes de la trata de personas y de otros tipos de violaciones de derechos humanos. | 
