La Cámara de Diputadas aprobó por 89 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones la idea de legislar el proyecto que regula las ocupaciones ilegales de inmuebles, una verdadera ley pro patronal contra el pueblo pobre, con énfasis también sobre el pueblo mapuche, y que incluso el mismo gobierno que le dio urgencia a la ley, y que le abrió la puerta a la derecha para las modificaciones más aberrantes, ahora retrocede escandalizada por lo que salió del proyecto, en especial la "legitima defensa privilegiada", una verdadera Ley de Gatillo Fácil. |
Tras dos días de debates en la Cámara de Diputadas y Diputados, se aprobó por 89 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones la idea de legislar el proyecto que buscaría regular las ocupaciones ilegales en Chile, la llamada ley anti-tomas, que su vez es tambien una Ley de Gatillo Fácil. Este proyecto, que ahora se encuentra en su segundo trámite, genera sanciones más estrictas para la usurpación de propiedades y la introducción de nuevas formas de penalización y mecanismos de restitución, lo que la hacen una verdadera ley anti pobres.
La propuesta legal, en su objetivo de endurecer las sanciones contra la usurpación de propiedades, introduce modificaciones al Código Penal que establecen penas privativas de libertad para quienes resulten condenados. Además, prolonga el período de flagrancia, facilitando la detención de los ocupantes. Sin embargo, uno de los puntos más polémicos del proyecto es el concepto de "flagrancia permanente" y la "legítima defensa privilegiada" de los propietarios, una verdadera ley de gatillo fácil.
En el caso de la legitima defensa privilegiada, lo más aberrante de todo el proyecto, pone en un mismo nivel la defensa de la vida, como la defensa de la propiedad, donde para restituir un inmueble o un terreno, el propietario ahora gozaría de la misma protección legal que tiene cuando se encuentra en riesgo su vida y tiene que defenderla, abriendo de par en par la justificación de asesinatos contra los más pobres, aquellos que ni siquiera tienen un derecho tan básico como una vivienda donde desarrollar su vida.
Incluso el Gobierno, que fue un promotor de la ley, que le había dado incluso urgencia, a través de la ministra del Interior, Carolina Tohá, ha expresado su oposición a esta disposición, alegando que podría promover enfrentamientos violentos entre las personas. Tardíamente, y mas bien por el rol del mismo gobierno en su seguidilla de la política de seguridad de la derecha, la ministra ahora resaltó la necesidad de diferenciar y sancionar el delito sin castigar la pobreza, argumentando que la usurpación abarca desde necesidades habitacionales hasta loteos irregulares y ocupaciones en la Araucania.
Otro de los aspectos preocupantes del proyecto es la posibilidad de restitución anticipada del inmueble ocupado durante la investigación del delito y la presentación de demandas civiles. También se autoriza la aplicación de técnicas especiales de investigación para perseguir casos de usurpación. Asimismo, se castiga con penas de presidio la celebración de compraventas o arrendamientos engañosos de propiedades ocupadas ilegalmente.
Una verdadera ley antipobres, que solo viene a proteger la especulación de las grandes inmobiliarias y a los dueños de la tierra, tanto contra los pobres urbanos, como rurales y en especifico en este último caso contra el pueblo mapuche, o incluso contra las familias trabajadoras, que teniendo sus ingresos, por los altos costos de la vivienda, tanto para comprar (casi imposible) como para arrendar simplemente no alcanza, teniendo que recurrir muchas veces a la ocupación, en un país donde la vivienda se ocupa para especular sobre una necesidad básica y que ahora dispondrá de leyes más severas para proteger a los grandes propietarios.
Quienes respaldan el endurecimiento de esta Ley de Gatillo Fácil, salida de la moción del Senado, cuyos autores son los derechistas Felipe Kast, Marcela Sabat y Ena Von Baer, enfatizaron que este proporciona herramientas más rápidas para restablecer los derechos de propiedad. Justificaron la mayor represión para hacer frente a actividades relacionadas con ocupaciones ilegales, como el loteo irregular y el narcotráfico. Señalaron peligrosamente que la ley permitirá a los propietarios defender sus propiedades, y no escondieron la importancia de implementar esta ley, especialmente en la región de la Araucanía, donde buscan proteger a los grandes terratenientes y forestales.
Finalmente, el proyecto continuará su trámite legislativo, aunque el Gobierno ha retirado la urgencia.
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