En una sentencia calculada electoralmente, el juez federal de Rawson decidió sobreseer a cuatro gendarmes que actuaron en la represión del 1° de agosto de 2017 en Chubut. A su vez dejó sin efecto la realización de pericias importantes que él mismo había ordenado pero nunca concretó. Sin investigar prácticamente nada, el Poder Judicial manda un nuevo mensaje de impunidad a quienes criminalizan la protesta social.

Este viernes, a horas de las PASO y diez días después de cumplirse seis años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, el juez federal de Rawson Gustavo Lleral emitió un fallo en el que demuestra, una vez más, su compromiso con Patricia Bullrich y demás funcionarios responsables del crimen cometido durante la presidencia de Mauricio Macri.

Por un lado, Lleral sobreseyó a los gendarmes Emmanuel Echazú, Juan Pablo Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Ferreyra, imputados (ni siquiera procesados) en la causa por “desaparición forzada seguida de muerte”. Según su visión de las cosas, no se pudo probar que alguno de ellos haya tenido algo que ver con el destino fatal de Maldonado. Una lectura obvia, ya que el mismo magistrado se encargó de no investigarlos.

Por otro lado, el mismo juez resolvió volver sobre sus pasos y dejar sin efecto dos pericias que él mismo había ordenado hace diez meses y nunca concretó. Se trata de una “reconstrucción virtual” de los hechos ocurridos aquella mañana en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, a la altura del kilómetro 1848 de la Ruta Nacional 40; y de una pericia tecnológica sobre videos registrados por Gendarmería durante la represión. En síntesis, el mismo juez se volvió a negar a investigar lo que él había firmado como oportuno y algo que, además, desde hacía años venía siendo solicitado por la familia de Santiago.

En un fallo de 346 páginas (donde copia y pega fundamentaciones escritas en fallos previos), Lleral desarrolla su justificación sobre la inocencia de los gendarmes Echazú (luego ascendido por Bullrich), Escola (entonces jefe del Escuadrón de Esquel), Vaquila Ocampo y Ferreyra. Y, en un mismo movimiento, envía un claro mensaje de impunidad al dejar por escrito que se niega a seguir investigando al punto de desestimar pericias vitales para el expediente.

“Lleral juega directamente en la interna de Juntos por el Cambio”, dijo a La Izquierda Diario Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado. Apenas recibió la sentencia del juez, la letrada afirmó que “ayer (por el jueves) la Policía de Rodríguez Larreta mató a Facundo Molares, dando un mensaje del tipo ‘¿ven, yo les garantizo esto?’; ahora Lleral le regala a Patricia Bullrich este sobreseimiento”.

Puede parecer irónico, pero no lo es. El mismo juez que hoy falla en favor de Bullrich y sus secuaces a horas de las PASO es quien otro viernes, el 20 de octubre de 2017, a horas de las elecciones generales, había improvisado una conferencia de prensa a la salida de la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. El cuerpo de Santiago acababa de aparecer en el Río Chubut y el magistrado parecía estar orgulloso de dar una noticia relacionada a la autopsia: “Murió ahogado, sin lesiones y su cuerpo llevaba más de 60 días en el agua”. Pero el cuerpo había estado 78 días desaparecido, con lo que esos resultados no podían tomarse como completos y contundentes.

Sin embargo, esas fueron las breves palabras del juez que el macrismo necesitaba. Desde entonces, la campaña oficial de demonización y deslegitimación del reclamo de verdad y justicia de la familia Maldonado se potenció. Y, lógicamente, la causa comenzaba a transitar con mayor velocidad su camino hacia la impunidad.

“Si en 2017 había alguna duda de qué rol iba a desempeñar este juez, ya quedó claro. Llegó a causa, encontró el cuerpo, dijo que ‘se ahogó solo’ y hoy, a horas de los comicios, se mete en esa interna”, dice Heredia en referencia al reemplazo que hizo Lleral del juez federal de Esquel, Guido Otranto, separado a poco de abrirse la causa por su manifiesta parcialidad para con el gobierno de Mauricio Macri.

El punto es que Lleral, al final, era más macrista que Otranto. Tanto que, en una escucha realizada en otra causa judicial por espionaje ilegal, Darío Nieto, exsecretario privado del entonces presidente, dijo muy suelto de cuerpo que el juez de Rawson estaba bajo control del oficialismo y se podía confiar en él. Razón no le faltaba.

Como se dijo en una nota reciente, al cumplirse seis años de la desaparición de Maldonado, ni siquiera la llegada al expediente de una testigo clave, conocida en mayo de 2022, alcanzó a mover el amperímetro de la causa “pisada” por Lleral. Se trata de una médica que trabajó en el Escuadrón de Esquel y que, tras irse de Chubut en resguardo de su integridad, declaró ante el fiscal Federico Baquioni.

Poco después de la represión, la mujer escuchó a varios gendarmes comentar que en el operativo hubo un “detenido” que “se les fue”. De hecho nombró a jefes y subalternos (entre ellos Escola), dio más detalles de los hechos y hasta denunció persecución de sus camaradas de armas. Nada de eso le generó el más mínimo interés al juez Lleral. O sí, pero para negarse a tomar el testimonio como válido y a seguir las pistas que dio.

Con aires de “justiciero”, Lleral acaba de dictar el “sobreseimiento total y definitivo” de cuatro de los gendarmes más comprometidos con el crimen, al tiempo que decretó que “el buen nombre y honor” de todos ellos no ha sido “afectado”. A su vez entierra (un poco más) su propio nombre y “honor” al desestimar pericias que él mismo había ordenado y se negó a implementar por casi un año.

Y, encima, dispuso la “devolución, a quien correspondiere, de todos aquellos efectos que se encuentren reservados” y que puedan “ser restituidos”. Esto último se refiere a todo tipo de objetos y documentación de los imputados y testigos. Es decir, da por cerrada cualquier posibilidad de avance investigativo.

Por último, ordenó “poner en conocimiento de la Corte Suprema” nacional esta sentencia, a fines de que se tenga en cuenta en otras causas o legajos relacionados con el caso.

Ante una sentencia judicial tan amañada en favor de la represión y la impunidad, cobra más relevancia aún el hecho de que, para que la causa no avance, hubo una enorme colaboración del poder político que maneja todos los resortes del Estado, tanto durante el gobierno de Macri y Bullrich como del de sus sucesores.

Si en seis años el caso Maldonado fue perdiendo peso en la agenda pública (y con ello posibilidades reales de torcerle el brazo a la impunidad) no sólo fue por el accionar decidido del Poder Judicial. También lo fue por el abandono de la movilización en las calles de muchas organizaciones que, desde diciembre de 2019, se convirtieron en oficialistas. La sentencia del juez Lleral difícilmente hubiera sido lo que es de no haber mediado esa desmovilización en las calles y esa complicidad desde los despachos gubernamentales.

¡Santiago Maldonado Presente!