En México, como en la mayoría de los países del mundo, el poder judicial es el encargado de organizar y aplicar la justicia. Su enorme aparato administrativo y su capacidad de castigar le otorgan un enorme poder y gran centralidad en el ejercicio de la dominación.
Entre las características que más resaltan es lo antidemocrático del poder Judicial, pues a diferencia del ejecutivo y el legislativo, que son elegidos por voto universal, en el caso de los jueces nadie los elije, sino que es dentro de la misma estructura judicial que son designados los togados y en el caso de la Suprema Corte son colocados a instancias del presidente con la aprobación del senado.
El argumento de los defensores de este sistema se basa en que solo los especialistas (abogados) son capaces de desempeñar dicha tarea, sin embargo, omiten que los jueces responden a una estructura de poder e intereses económicos de los que dirigen el Estado, lo que desmiente la supuesta neutralidad de los jueces.
Por lo anterior, el Estado asigna millonarios recursos para sostener la función judicial, que en buena medida se destinan a los extremadamente altos salarios de los juzgadores (que pueden rondar entre los 60 mil y los 300 mil pesos), lo que convierte a los jueces en una casta privilegiada y conservadora que es ajena a las necesidades de la mayoría de los trabajadores mexicanos que no llegan a fin de mes.
Jueces ricos, trabajadores pobres
En una investigación reciente se detectaron gastos en exceso por 25 mil millones de pesos en el poder judicial luego de una primera revisión de los recursos que ejerce, antes de empezar el debate sobre el paquete presupuestal 2024.
Entre ese dinero se encuentra un fondo por 3 mil millones de pesos destinado a la reparación de domicilios personales, que no son casas de justicia, informó una auditoría. Entre los gastos que también van a ser objeto de una evaluación detallada se incluye el que se hace en 14 escoltas, la adquisición de carros blindados para cada uno de los integrantes y que se extiende a algunos jueces y magistrados de distrito.
Como es posible apreciar, el nivel de lujo en que se mueven estos funcionarios contrasta con las precarias condiciones de vida de la mayoría de la población. Una salida para cambiar tan indignante situación y que los juzgadores respopndan a los intereses del pueblo trabajador pasa por que todos los jueces del país cobren el salario promedio de un trabajador calificado; que cada magistratura sea elegida democráticamente por la población según su lugar de residencia y que los jueces, en caso de no cumplir, puedan ser removidos por sus electores.
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