La tarde del pasado 11 de agosto se conoció la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, con fecha del 10/08/2023, que consuma el zarpazo bonapartista contra el Partido Comunista (PCV), partido ubicado críticamente por izquierda frente al gobierno. Es el más reciente acto de una serie de acciones que incluyeron, en mayo, un frustrado montaje de un “congreso de las bases” de este partido, hecho con un puñado de militantes del partido de gobierno (PSUV) y aliados suyos (Somos).
Como hemos hecho en todo momento, ante cada ataque del gobierno antiobrero, neoliberal y entreguista de Maduro, contra el PCV y la alianza político electoral que encabezó desde el segundo semestre de 2020, la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), condenamos totalmente estas acciones. Desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS) repudiamos todos estos ataques antidemocráticos, nos solidarizamos con los militantes del PCV y reafirmamos que única y exclusivamente a ellos corresponde decidir sus autoridades y dirección partidaria.
Nuevo paso brutal de un reiterado bonapartismo burgués
Esta intervención gubernamental, ese asalto judicial, es un hecho inaceptable desde cualquier punto de vista, es un caso extremo de intervención del Gobierno sobre una organización opositora por izquierda para buscar anularla, por lo menos legal y electoralmente. Una práctica que ya había hecho antes con los otros partidos de la izquierda chavista que conformaban la APR, el Gobierno-PSUV intervino años atrás a Tupamaros, la UPV y el PPT, ubicando unos cuantos dirigentes y militantes de esos partidos, dispuestos a ser los instrumentos de la componenda: introducen recursos ante el Tribunal Supremo denunciando a las direcciones de esos partidos y el Gobierno da la orden al TSJ para que les asigne a estos las siglas y personería legal de esos partidos.
Es el mecanismo que aplican ahora contra el PCV, pero más falaz, puesto que lo hacen incluso con personas que ni siquiera son militantes de esa organización, son personas ajenas al partido intervenido. Forma parte de los mecanismos gubernamentales para diseñarse unas elecciones a la medida.
Como indicamos semanas atrás, en declaración anterior sobre esta agresión gubernamental:
“La proscripción partidos o inhabilitación de candidatos y organizaciones políticas es una práctica ya común por parte del Gobierno de Maduro, en función de su sostenimiento en el poder. Una práctica que corre en simultáneo con la violación de otros derechos democráticos elementales, como el derecho a la protesta, a la huelga, a la organización sindical, entre otros.
La verdad es que esta medida forma parte de las maniobras autoritarias acostumbradas por el gobierno de Maduro para diseñar las elecciones a su medida, para habilitar e inhabilitar a placer, tanto a derecha como a izquierda, según le convenga”.
Hasta esta sentencia, el PCV era la única organización de izquierda que quedaba con legalidad electoral –llamar “de izquierda” al PSUV y sus aliados sería una afrenta–, lo que abría la posibilidad de que en esa tarjeta se presentara una candidatura presidencial –probablemente del chavismo crítico o de la centroizquierda– que canalizara una parte del amplio rechazo a Maduro, restándole así una porción de votos.
La sentencia 1160 (Expediente 23-0708), con ponencia de Michel Adriana Velásquez Grillet, que impone una “junta directiva ad hoc”, busca conjurar esa posibilidad. Una posibilidad que ahora no estaría totalmente negada, sin embargo, se convierte en una posibilidad muy lejana, no solo para ese arco político sino también para quienes nos ubicamos en la izquierda que no reivindica a Chávez y que se enfrenta también a la oposición de derecha, dadas las condiciones totalmente antidemocráticas y prácticamente proscriptivas que impone el gobierno para poder participar en las elecciones.
La sentencia, por cierto, contó con la aprobación de todos los miembros de la Sala Constitucional, salvo Luis Damiani, quien, según consta en la sentencia, fue designado para ser ponente de la misma, declinando sin embargo, y no firma la misma alegando “motivos justificados”. Queda por verse, como se comenta críticamente en diversos espacios políticos al día de hoy, si este magistrado –antiguo intelectual de izquierda y que ha acompañado todo el proceso de descomposición autoritaria del régimen político actual–, tendrá la decencia elemental de hacer públicos esos “motivos justificados”, o si se tratará solo de una tímida y vergonzosa abstención y mutis.
Como socialistas revolucionarios, reiteramos nuestra condena total a estos ataques políticos, con los que el gobierno, como planteamos en nuestro pronunciamiento anterior: “va golpeando de acuerdo a sus necesidades del momento, proscripciones e inhabilitaciones que unas veces golpean a la oposición patronal proimperialista, como recientemente vimos en el caso de la reaccionaria derechista María Corina Machado, y otras golpean a quienes se le oponen por izquierda”.
Ataques de un gobierno capitalista caracterizado por aplicar ajustes que destrozaron como nunca el salario, los derechos laborales y las condiciones de vida del pueblo trabajador, operando un curso reprivatizador y entreguista al capital transnacional, acompañado todo esto de coacción y represión a los trabajadores y comunidades, llegando a tener más de un centenar de trabajadores y trabajadoras encarcelados por luchar o por negarse a las corruptelas de la casta gobernante.
Reafirmamos nuestra voluntad de sumar fuerzas en las acciones y movilizaciones necesarias, junto a las organizaciones, activistas y fuerzas que se oponen a esta política, para defender los derechos democráticos y luchar por el derecho a la plena participación política.
|
