El día seis del presente mes, con motivo del festejo de los 198 años de la independencia de Bolivia, el presidente Luis Arce Catacora, dio un discurso en el que manifestó la preocupación que tiene como gobierno por “El flagelo del narcotráfico está presente en la mayoría de los países del mundo, reconocemos que el tráfico de drogas es una problemática sensible dado que atenta contra la seguridad de los estados. El narcotráfico es una preocupación latente para nuestro gobierno nacional, sin embargo, es un problema que tiene antigua data y es prudente hacer un repaso de los hechos más significativos”.
Esta referencia la hace en un momento en el que el narcotráfico ha dado un salto con sus lazos de corrupción dentro de las instituciones del Estado, como el caso del coronel Maximiliano Dávila, exjefe de la FELCN (Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico), que está involucrado por garantizar el espacio aéreo y una pista de aterrizaje de narcovuelos, o el hallazgo de 484 kilos de droga que fueron transportados en un vuelo comercial de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) al Estado Español, o el caso reciente del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que ha involucrado en el tráfico ilegal de drogas a instituciones del Estado como el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), la FELCN, la dirección de Migración en Santa Cruz y a funcionarios del gobierno.
Con el propósito de “justificar y normalizar” los escándalos de narcotráfico que sacudieron las tres gestiones de Evo Morales y la del actual gobierno, Luis Arce recordó los vínculos del gobierno dictatorial de Luis García Meza, Luis Arce Gómez y las Fuerzas Armadas con el negocio millonario del tráfico de la cocaína. Recordó el caso de Roberto Suárez Gómez, apodado el “rey de la cocaína” y su nexo con políticos bolivianos. También mencionó el caso del narcoavión que se registró durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, en el que se transportó más de cuatro toneladas de cocaína con destino a México. Finalmente, después de nombrar otros hechos del narcotráfico en Bolivia, planteó, como una solución a este problema, “adoptar un enfoque integral de lucha contra las drogas haciendo énfasis en los países que albergan la mayor cantidad de consumidores (…) Solamente aunando esfuerzos internacionales y regionales entre nuestras fuerzas del orden y la sociedad civil, es que podemos combatir este delito globalizado que afecta el bienestar social y la soberanía nacional”, es decir, una solución punitivista sustentada en las instituciones corruptas del Estado como son las fuerzas armadas o el órgano judicial.
Lo que tiene claro el presidente del Estado Plurinacional es que el narcotráfico data de muchos años atrás y que sigue haciendo grandes ganancias. Pero lo que no tiene claro o no pretende reconocer es que la solución al problema del narcotráfico no pasa por la “lucha contra el narcotráfico”, sino por la legalización de las drogas.
La "lucha contra el narcotráfico" como garantía de grandes negocios
El problema del narcotráfico tiene una historia larga ya que, sin lugar a dudas, se trata de un millonario negocio que tiene grandes socios con poder como las fuerzas armadas, la policía, el órgano judicial, la banca privada e instituciones del Estado que garantizan la libre circulación y comercialización de las drogas.
La lucha contra el narcotráfico sustentada en la prohibición del consumo y, por lo mismo, en el negocio ilegal de drogas no ha logrado reducir la producción, la comercialización y el consumo de drogas. Por el contrario, la ilegalidad del "mercado de la cocaína genera aproximadamente 3.2 billones de dólares anuales, de los cuales el 77% se quedan en el mercado norteamericano y europeo, el 20% en el resto del mundo, el 2% en Latinoamérica, y, solamente, el 1% se queda en los lugares donde está la producción campesina. La ilegalidad de las drogas es la plusvalía del sistema capitalista" [1]. A esto hay que agregar que la confiscación de las drogas a nivel mundial solamente representa el 10% de las sustancias que circulan.
Por otro lado, la política prohibicionista no ha hecho otra cosa que criminalizar de manera selectiva y clasista a las personas que consumen drogas. Esto se puede observar en las formas estigmatizadas y punitivas con que se sanciona, se penaliza y se persigue a las y los consumidores, ya sea por cuestiones raciales, aporofóbicas o xenófobas. Es más, se invierten grandes presupuestos para perseguir a pequeños productores y consumidores, garantizando paralelamente el mercado ilegal y la impunidad de los grandes empresarios del narcotráfico.
En el caso boliviano, el Código del Sistema Penal establece mecanismos punitivos para perseguir a pequeños productores, es así que en el artículo 107 se establecen sanciones al delito por comercialización de altas cantidades de sustancias controladas, estupefacientes o psicotrópicos mientras que para el caso de pequeñas cantidades también se los sanciona bajo el delito denominado de microtráfico que se encuentra prevista en el art. 215 del Código del Sistema Penal: La persona que, por sí o por medio de otra, posea, oferte, compre, venda, suministre, distribuya, intermedie o entregue sustancias estupefacientes o psicotrópicas señaladas en las Listas I, II, III y IV del Anexo de la Ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, en las cantidades señaladas a continuación, será sancionada con prisión de uno (1) a tres (3) años, decomiso y cumplimiento de instrucciones judiciales. A estas formas de criminalización y punitivismo hay que agregar que, como consecuencia del prohibicionismo, en una treintena de países del mundo se ha establecido la pena de muerte por delitos del consumo y tenencia de drogas.
Asimismo, la "guerra contra las drogas" ha justificado durante décadas la militarización de nuestros países a través de la DEA y sus programas de “seguridad ciudadana” como el Plan Colombia o la iniciativa Mérida en México, lo que ha generado dramáticamente altos índices de violencia que se expresan en miles de personas asesinadas y desaparecidas. También estas políticas violentas que se han implementado han provocado desplazamientos forzados de poblaciones campesinas e indígenas hacia las ciudades, situación que ha generado la pérdida de sus espacios de vida y subsistencia, y engrosando el número de migración pobre a las ciudades.
Otra medida que se ha implementado desde la DEA y la lucha contra el narcotráfico es la erradicación de las plantaciones de coca “excedentaria” que lo único que ha ocasionado es la contaminación de ríos, tierras y poblaciones enteras con el uso de agrotóxicos. Pero la hipocresía va más allá, en Latinoamérica si bien existen leyes nacionales e internacionales que protegen áreas naturales, los gobiernos de turno han deforestado miles de hectáreas de bosques primarios para la ampliación del cultivo de coca y, como consecuencia, para la producción de cocaína. Como muestra de estas medidas, en febrero de 2017 durante el gobierno de Evo Morales se amplió la superficie de cultivo legal de coca hasta las 20.000 hectáreas, frente a las 12.000 que establecía la normativa anterior.
Como conclusión se podría sostener que la "guerra contra las drogas" mata más personas que el consumo abusivo como lo suelen mostrar los moralistas anti legalización, pues como es de conocimiento y está claro, la lucha contra las drogas no tiene como finalidad dar una solución al narcotráfico, sino garantizar millones y millones de dólares anuales.
¿Por qué pelear por la legalización de las drogas?
Pelear por la legalización de las drogas permitiría en primera instancia reponer los derechos humanos elementales de las personas y las comunidades [2] que han sido criminalizadas por el consumo y la tenencia de drogas, y, porque al mismo tiempo, se ha estigmatizado a las personas y las comunidades pobres y mayorías oprimidas con un arma clasista que es la asociación entre las drogas y el “otro” que comete un delito.
La legalización significa un sistema regulado legalmente y con control institucional del Estado, la sociedad civil y sus organizaciones, y no en un mercado ilegal, clandestino, violento y regulado por el narcotráfico.
Por otro lado, con la legalización se lograría desarticular las mafias estatales y paraestatales que están involucradas en el negocio del narcotráfico, negocio criminal que actúan bajo el amparo del Estado y que no podría funcionar sin la complicidad existente entre las mafias, la policía y fuerzas de seguridad, funcionarios judiciales y políticos, bancos y empresas, ya que representa un gran negocio capitalista.
En este sentido, una primera medida sería nacionalizar los puertos privados que se encuentran en las riberas de los ríos o lagos y las rutas comerciales por donde salen los grandes cargamentos, para que de este modo estén bajo control de sus propios trabajadores y trabajadoras. Al mismo tiempo, expropiar y nacionalizar todas las propiedades y cuentas bancarias de los empresarios y políticos del narcotráfico para terminar con los mecanismos financieros que permiten el blanqueo de capitales. En su lugar, crear una Banca Estatal Única controlada por sus trabajadores y trabajadoras como única mecanismo capaz de terminar con las finanzas del narcotráfico poniendo todos esos recursos al servicio de la salud y educación. Igualmente, poner bajo control del Estado, los productores y la sociedad civil y sus organizaciones la producción y la comercialización de las drogas, garantizaría que éstas sean de calidad.
Las experiencias de legalización y despenalización de las drogas en países como Portugal o Uruguay, lo que evidencian es que el consumo se reduce y el consumo problemático es menos frecuente, justamente porque la legalización permite terminar con la sombra del código penal sobre una cuestión de salud publica como este tipo de consumo.
Pero legalizar las drogas no pasa simplemente por un eslogan, sino por un programa que brinde herramientas en materias de salud pública, información y educación científica sobre el uso de sustancias psicoactivas, políticas de prevención y reducción de daños. Para que se pueda efectivizar este programa es fundamental que el Estado destine un presupuesto que esté orientado a garantizar información y educación científica sobre el uso de sustancias psicoactivas en los colegios, universidades, centros de salud, postas, farmacias y lugares de venta.
Asimismo, es importante, frente al consumo problemático, implementar una serie de medidas como clínicas de tratamiento y recuperación estatales, gratuitas y de calidad, con equipos interdisciplinarios que puedan abordar la problemática social de la persona que solicita ayuda como mecanismo de control de riesgos.
Finalmente, se hace necesario luchar por una sociedad donde haya el derecho al consumo de sustancias con fines recreativos, que será verdaderamente libre partiendo del rechazo y el enfrentamiento a los prejuicios que implican su uso, disponiendo de toda la información científica, luchando por la igualdad en las condiciones de vida. Para esto es importante erradicar el trabajo alienante y todas las trabas materiales opresivas que existen en este sistema social. |
