El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas dieron el último golpe militar. Nuevamente, como lo hicieron a lo largo del siglo XX, destituyen a un gobierno constitucional y se apoderan del Estado. El objetivo fue aniquilar la insurgencia obrera, meta que no pudo lograr el gobierno de Juan Perón e Isabelita, a pesar que armaron bandas paramilitares como la Triple A y le dieron plenos poderes a las Fuerzas Armadas para la represión interna, como fue el Plan Independencia. Incluso, previo al golpe del 76 comenzaron a funcionar centros clandestinos de detención en fábricas como Acindar.
El golpe cívico-militar-eclesiástico tuvo el impulso y respaldo del imperialismo yanqui, los grandes grupos económicos locales y dirigentes de los partidos del régimen. El mismo día del golpe comenzaron con las detenciones ilegales. Ponían en pie los más de 600 centros clandestinos de detención. Madres y familiares de los desaparecidos comenzaron a reclamar en la Plaza de Mayo. La denuncia escaló a nivel internacional. La irrupción de esta corriente de derechos humanos condicionó los planes de las Fuerzas Armadas y sus diferentes fracciones internas comienzan a pensar si cerrar o cómo la etapa de la “lucha antisubversiva”. En septiembre de 1977, el dictador Gral. Rafael Videla, viajó a Estados Unidos para reunirse con James Carter. Allí sostuvo que la “guerra antisubversiva” en Argentina había terminado. En tanto buscaban otros temas de legitimación, como había sido la lucha contra el "enemigo interno".
Es por esto que desde 1977, cuando la gran parte de la vanguardia obrera estudiantil había sido "aniquilada" -al decir de los propios militares-, planifican aceptar la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). La propuesta surgió por parte del entonces presidente de los Estados Unidos, James Carter -país que impulsó los golpes en todo el continente-, que evaluaba los inconvenientes de continuar haciendo oídos sordos a las graves denuncias de los familiares de desaparecidos y miembros de organismos de derechos humanos que eran realizadas ante organismos internacionales. Invitación que se concreta el 6 de septiembre de 1979. El gobierno de facto buscó que la presencia de la CIDH pudiera desmentir a la prensa europea que sostenía que en Argentina funcionaban centros de detención clandestinos.
Ley de Amnistía
La llamada "Ley de Pacificación Nacional", sancionada en septiembre de 1983 por el impulso del cuarto y último presidente de facto Reynaldo Bignone, estableció la amnistía para los crímenes cometidos por las fuerzas represivas. Incluyó, además, la amnistía para los militantes de las organizaciones armadas, cuyas acciones, siempre según los militares, habían llevado a la guerra antisubversiva.
Hacia el final de las dictaduras aplicadas en Latinoamérica a partir del Plan Cóndor, los distintos países sancionaron leyes similares para evitar que los militares fueran juzgados por algún delito. En todos esos países, como Brasil, Chile y Uruguay, la ley se hizo efectiva. Argentina fue la excepción. El rechazo a esa autoamnistía no fue solo por la voluntad política del primer gobierno constitucional, y del Congreso que en la primera sesión -luego de años de dictadura- declaró nula la ley de amnistía.
Esta anulación fue posible por la derrota del régimen militar atravesado por las denuncias a escala internacional de la violación a los derechos humanos, con un movimiento democrático movilizado en las calles locales y por la creciente resistencia obrera y popular y el pase de las clases medias a la oposición debido a las consecuencias del plan económico y crisis social. Además que la imagen de "fuerzas victoriosas" ante la "subversión" fue barrida por la derrota militar en Malvinas. Esta guerra, que fue impulsada por el dictador Galtieri para desviar el incremento de las movilizaciones obreras, como se expresó en la marcha del 30 de marzo de 1982 convocada por la CGT, terminó de hundir a la dictadura. En Malvinas se demostró la incapacidad militar de las Fuerzas Armadas para dirigir una guerra, sumado a la crueldad que ejercieron contra los soldados que fueron torturados cuando combatían heroicamente por recuperar las Malvinas.
Las internas en las Fuerzas Armadas
Hay que destacar que la sanción de la ley fue resistida, también, hacia el interior de las propias Fuerzas Armadas. Desde los últimos meses de 1982 debatieron sobre un paquete de normas jurídicas para llegar a la entrega del poder en manos del nuevo gobierno constitucional. Entre ellos el “Documento final sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo”, dado a conocer en 29 abril de 1983 donde las Fuerzas Armadas asumían “una cuota de responsabilidad por lo actuado en la lucha subversiva” y dejaban al juicio de Dios y de la historia los “errores” cometidos en el marco de “actos de servicio”. Daban por muertos a los desaparecidos y negaban tener más información que esta.
Recordemos que desde los primeros meses de gobierno ya se distinguían al interior del poder militar por lo menos dos alas: una conocida como "dura" -que tenía como propósito no aminorar la represión interna- y una “política” -más ligada a los dirigentes de los partidos patronales-, y un ala centro que conciliaba entre ambas posiciones. Todas estas corrientes tenían acuerdo sobre la necesaria transición hacia un régimen más estable, un pacto con los partidos del régimen, donde las Fuerzas Armadas pudieran ocupar un lugar legitimado institucionalmente en un nuevo gobierno constitucional, que incluía ser reconocidos como "vencedores" de la llamada "guerra contra la subversión" y no ser juzgados por los crímenes cometidos. Sin embargo las tensiones se trasladaban al cómo darle esa continuidad, la relación con los partidos políticos y el momento de traspasar el poder a manos civiles.
La promulgación de la ley estuvo atravesada por los vaivenes de este frente interno. El Ejército era una de las armas más involucrada en los crímenes de la dictadura, y por lo tanto la fuerza que más estaba interesada en que la ley fuese sancionada. Se oponía a este plan el ala dura, encabezada por el gral Ramón Camps y el general retirado Luciano Benjamín Menéndez, quienes junto al jefe de la Policía bonaerense, general Fernando Verplaetsen y sectores intermedios de oficiales y suboficiales, sostenían que emitir una ley de amnistía significaba reconocer que había motivos para ser juzgados, y que de este modo se degradaba su lugar de fuerzas vencedoras. Mientras que la Marina, que también se encontraba muy implicada, con figuras muy señaladas por los organismos de derechos humanos, como el almirante Emilio Massera -que como dijo durante el Juicio a las Juntas: “ganamos la guerra, hicimos lo que nos llamaron a hacer”-, se oponía a la norma. Reivindicaban con fuerza la lucha antisubversiva y sostenían que no había razón ni causa para pedir ser amnistiados, porque habían actuado bajo órdenes. Por eso mismo también se oponían con energía a beneficiar a los “subversivos” con la ley.
Por su parte, la Fuerza Aérea cuestionaba el momento que se elegía para sancionar la ley y que esta debía ser aprobada luego de las elecciones de octubre del 83. Plantean que el alcance del periodo que debía aplicarse la amnistía debía llegar hasta el fin del gobierno de la tercera Junta militar y no incluir a quienes estaban en ejercicio del poder en ese momento para evitar que fuera considerada una autoamnistía. Todos estas alas de las Fuerzas Armadas afirmaban que habían cumplido con su deber y salvado a la nación. Que la ley, además, ponía en términos de igualdad a militares y "subversivos" y que esto equiparaba a los militares que lucharon por la defensa de la patria con los “terroristas”.
Las diferencias internas no les permitió emitir la ley hasta un mes antes de las elecciones del 30 de octubre de 1983. Para los militares lo que estaba en juego con esta ley y con todas las normas que se discutían para la transición, era garantizar la cohesión y el orden dentro de las fuerzas en relación con las posibles consecuencias de la revisión civil y judicial de los crímenes genocidas. La importancia de asegurarse el pacto de silencio es porque temían que las denuncias surgieran de las propias filas de las Fuerzas Armadas.
Por otro lado los organismos de derechos humanos se oponían con firmeza a la ley, y planteaban juicio y castigo a los culpables. Se intensifican las movilizaciones por este reclamo. Amplios sectores de la sociedad, como la clase media, comienzan a enterarse del genocidio de clase: los crimenes, las torturas, los robos y saqueos. El reclamo por juicio y castigo fue tan extenso que los militares se apuraron en promulgar la ley de autoamnistía. En tanto los partidos políticos que integraban la Multipartidaria -formada a mediados de 1981 por el PJ, UCR, PI, PDC, MID-, no se pronunciaron sobre los desaparecidos y no cuestionaron a las Fuerzas Armadas. Por el contrario, pactaron con los militares una transición ordenada para desviar las movilizaciones que reclamaban fuera la dictadura. Solo emitieron un documento, donde entre otras cosas planteaba el llamado a elecciones. Mientras que en la UCR también había distintas alas. Ricardo Balbín, quien en 1975 diría una de sus más temibles afirmaciones: “Hay que terminar con la guerrilla fabril”, apoyaba la ley de amnistía, en tanto Raúl Alfonsín -quien bajo su gobierno instaló la teoría de los demonios- junto a Oscar Alende del PI se opusieron abiertamente a la ley. El resto de los dirigentes políticos que integraban la Multipartidaria no se manifestó en contra. Ítalo Luder tuvo sus ambigüedades. El candidato del Partido Justicialista sostuvo en plena campaña electoral que respetaría la ley. Este sería una de las grandes razones porque perdió las elecciones en mano de la UCR de Alfonsín.
El 23 de septiembre de 1983 se promulgó la ley llamada de "Pacificación Nacional". En su artículo principal establece que: "Decláranse extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982. Los beneficios otorgados por esta ley se extienden, asimismo, a todos los hechos de naturaleza penal realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas o subversivas, cualquiera hubiere sido su naturaleza o el bien jurídico lesionado. Los efectos de esta ley alcanzan a los autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores y comprende a los delitos comunes conexos y a los delitos militares conexos".
El 22 de diciembre de 1983 fue anulada la ley con los votos de ambas Cámaras del Congreso Nacional. Alfonsín intentó que luego fueran los propios militares que se autojuzgarán. Esto fracasó por las dilaciones de los propios miembros militares que seguirán reclamando la impunidad absoluta.
¿Que llevó a que esta abrumadora mayoría se pronunciara contra la ley de autoamnistía militar? A la crisis social y económica, la manifestación del movimiento obrero que se movilizaba contra la dictadura, el surgimiento de un potente movimiento democrático que develó los siniestros crímenes que cometieron los militares; una inmensa movilización el 19 de agosto de 1983, un mes antes de aprobarse la ley, expresó con fuerza su rechazo a la misma. Unas 40.000 personas se reunieron en la Ciudad de Buenos Aires para manifestar su rechazo a la ley de amnistía. La plaza del Congreso se llenó como nunca había ocurrido antes en concentraciones convocadas por los organismos. A la columna encabezada por Abuelas y Madres de la Plaza de Mayo y los familiares de detenidos y desaparecidos, se sumaron otros sectores de la sociedad que reclaman con fuerza el juicio y castigo a los culpables del horror. La multitud ocupó más de 10 calles, desde la Avenida de Mayo hasta la avenida Córdoba, en el centro porteño. Sin duda la capitulación ante las tropas inglesas en la Guerra de Malvinas terminó de desgastar el poder de las Fuerzas Armadas. El Partido Militar estaba acabado. |
