Como parte de una serie de exposiciones que vienen realizando el sociólogo Alberto Mayol y el ex alcalde UDI Joaquín Lavin, este jueves realizaron la ponencia “Dos miradas para un futuro común”, en el Auditorio Andres Sabella de la Universidad Católica del Norte, organizado por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas, donde ambos compartieron su visión sobre la potencialidad de desarrollar una economía verde en el país.

Los expositores parten su ponencia señalando la existencia de una oportunidad debido a los altos precios del cobre y del litio, en donde el país tiene una posición privilegiada por sus importantes reservas de ambos minerales, así mismo, señalaron la potencialidad en la generación energética solar y eólica. Lo anterior, según Bloomberg, pondría al país en el primer lugar del mundo como atractivo para la inversión en energías renovables.

En este marco, incluyen además la desalación de agua para su uso agrario como para la generación de hidrógeno verde o e-fuels.

Sin embargo, la ponencia destaca como obstáculos para este desarrollo la estabilidad política y la llamada “permisología” por tender a demorar estos proyectos.

Podríamos decir que esta primera parte de la ponencia busca instalar la idea de que hay un negocio ingente en el país en torno a estas formas “económicas verdes” y que esa oportunidad hay que desarrollarla. No es extraño que el protagonista de esta primera parte de la ponencia sea Joaquín Lavín, ex funcionario de la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN), actual Ministerio de Desarrollo Social, que funcionó como la “cocina” del modelo económico de la dictadura y de las grandes privatizaciones de empresas públicas.

Este “experto” en el desarrollo del negocio privado pone al centro esa “oportunidad”, pero sin indicar quién o cómo desarrollarla, que va a pasar con el agua, el rol de las comunidades, etc. Nos dice desarrollar la desalación, para regar el desierto, desarrollar el hidrógeno verde, para encapsular energía solar, frases que nada dicen sobre cómo las desaladoras afectan la vida y la biodiversidad pesquera, de cómo el hidrógeno verde requiere importante consumo de agua, etc. Pero además no nos dice quien está detrás de estas oportunidades, que no son más que oportunidades de negocios, para que los beneficios se vayan a bolsillos privados mientras los sacrificios los soportan las comunidades.

Una segunda parte de la ponencia plantea el problema de la estabilidad, o mejor dicho, la existencia de un malestar social que imposibilita el desarrollo de estas perspectivas debido a la crisis política e institucional que Mayol identifica más abiertamente a partir de las protestas del año 2011 en Chile.

En este sentido, Mayol identifica que la insuficiencia de respuestas políticas a los problemas sociales genera malestar y esto impugna la institucionalidad, que entra en crisis porque pierde sentido, razón de ser. Se pregunta ¿para qué existen instituciones si no funcionan? ¿si generan situaciones ilógicas? ¿para qué sirve, entonces, el sistema?.

Esto anterior en el marco de un mayor estrés financiero de los hogares chilenos es una fórmula explosiva que es caldo de cultivo para diversas formas de estallido y desregulación social, en donde no se descartan las protestas sociales, especialmente, según destaca Mayol, que Chile es uno de los países que en el ciclo de protestas 2011-2019 tuvo mayor extensión temporal, mayor participación de la población y mayor impacto institucional, más que en Francia, según indicó el sociólogo.

Concluye de lo anterior que frente a una crisis institucional, con deslegitimidad y desconfianza, el sistema político es un todo, une al gobierno y oposición en un todo, en donde todos caen y no surgen alternativas políticas, reduciendo el margen de gobernabilidad y de gestión de ese malestar.

Así, la ponencia llega a su tercera parte donde ambos exponentes comparten una síntesis de ambas aproximaciones y que comprende la conformación de un nuevo pacto social y la declaración de “tregua” entre el oficialismo y la oposición.

Centrados en el desarrollo de una economía verde y de energías limpias (con el litio, el cobre, las energías renovables y el H2V) formulan una propuesta de estrategia en concordancia con la situación mundial, en donde el tablero geopolítico mundial se ha modificado instalando como actores a China y EEUU, quienes tienen una importante influencia sobre el país, económica como política, e importantes intereses en los recursos naturales sobre los cuales Lavín y Mayol proponen un modelo de extractivismo verde, saqueo verde subordinado a los intereses capitalistas norteamericanos y chinos.

Bajo estas coordenadas es que desarrollan esto que llaman Nuevo Pacto Social que se concreta en el desarrollo de una estrategia y de políticas públicas, en regla con la explotación mineral, mediante la inversión en educación, la apertura comercial y estratégica, desarrollo de infraestructura, innovación y desarrollo tecnológico, políticas sociales y políticas de gobernabilidad y estabilidad institucional.

Con lo anterior, señalaron a los participantes, muchos estudiantes de la facultad, el rol clave que juega la región en este Nuevo Pacto Social y en el negocio verde. A esto ya estamos acostumbrados, es un mal histórico de las regiones, en donde se encuentran la mayoría de los recursos naturales los cuales no son más que un jugoso negocio para la voracidad capitalista.

Destacan ambos expositores la importancia del litio pero sin decir nada del estrés hídrico en los salares o de la relación con las comunidades; destacan la importancia del cobre, pero nada dicen del plan de descontaminación de Calama; hablan de diversos proyectos de inversión sin siquiera detenerse a precisar las consecuencias o “externalidades” de toda esta nueva industria que se pretende verde, pero cuyo fin no es necesariamente “poner a Chile en el mapa mundial”, sino que aprovechar ese enorme negocio para un puñado de empresarios millonarios.

En este sentido, Lavín y Mayol no señalan nada nuevo, sino que repiten el discurso del consenso extractivista, pero con un hálito verde y sumando este factor que Mayol llama “malestar” y que se expresa en la incapacidad de gobernanza de la política producto de la crisis institucional, donde los gobernados ya no quieren seguir igual y los gobernantes no pueden gobernar como lo hacían, acá entra este “pacto social” que pretende unir los intereses de las comunidades y los habitantes de las zonas de sacrificios con los beneficiarios de la explotación y el saqueo de los recursos naturales, que, obviamente, expresan intereses contrapuestos, sin embargo, aunque nos hablen de progreso y de desarrollo, los únicos que progresan con empréstitos de este tipo son los mismos de siempre y subordinando la economía nacional a los intereses Chinos y Norteamericanos.

En la política de Lavín y de Mayol están borrados los trabajadores y las comunidades, los únicos que verdaderamente pueden parar el saqueo y darle una salida a la crisis social, ambiental y económica en beneficio de todo el pueblo. Parte de esto requiere la nacionalización de empresas como SQM o Minera Escondida, bajo control de sus trabajadores, especialistas y académicos y las comunidades afectadas por la actividad extractiva, que permita estudiar y desplegar una verdadera “transición” ecológica que no vaya al ritmo de los intereses capitalistas sino que al ritmo y planificación racional de la producción, la distribución y el consumo, poniendo estos importantes recursos económicos para resolver las más importantes necesidades sociales, como vivienda, educación y salud.