Varios son los años en los cuales se ha buscado articular un movimiento en defensa de las dunas en Concón, una importante zona que alberga una protección natural de marejadas y genera una un ambiente de restauración de flora y fauna endémica. Aún así, ha existido un importante avance del negocio inmobiliario al cual no le importa avanzar depredando el ecosistema y poniendo en constante peligro a las comunidades que viven en la zona.

Esto no sería tan fácil, si no fuera por la lógica de respaldar y propiciar el negocio inmobiliario de parte de las autoridades, que autorizan la construcción de estas obras en situaciones evidentemente riesgosas y sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental.

Desde que ocurrieron los hechos, rápidamente se buscó instalar responsables, siendo principalmente sindicada la ex alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato que estuvo 16 años a cargo del municipio, impulsora de la explosiva construcción de altas torres a lo largo de toda la región, que buscaban instalar toda una cara de modernidad en la ciudad.

Si bien hoy Macarena Ripamonti como actual alcaldesa de la ciudad de Viña del Mar, militante de Revolución Democrática, ha buscado despejar rápidamente esta situación, apuntando hacia Reginato buscando diferenciarse de aquella gestión.

Sin embargo, el responsable de la entrega de los permisos municipales para la construcción, es un director de obras municipales que se mantiene en funciones, luego de haber sido defendido por la misma Ripamonti luego de las denuncias realizadas por el movimiento “Duna Viva” por los riesgos que implican los colectores de agua, que terminaron siendo la principal razón por la cual ocurre este siniestro.

De la misma forma como lo señalan desde el movimiento “Duna Viva” todo esta era “crónica de un desastre ambiental anunciado”, situación completamente evitable y si bien, apelar a la consciencia de las autoridades está muy lejos de ser el camino para enfrentar esto, sino más bien se hace importante apuntar al problema más profundo del negocio inmobiliario.

Hace ya unos años hasta hoy viene primando el negocio inmobiliario por sobre el real acceso a la vivienda por parte de los sectores de trabajadores. Estas construcciones expresan parte de la ambición de este negocio a costa de depredar el medio ambiente, que buscando vender un concepto de viviendo en algunos casos privilegiados e inalcanzable para miles de familiar que hoy están ni cerca de acceder a la casa propia.

Incluso teniendo en cuenta lo evidente de esto, a través de como los incendios forestales generan la pérdida del hogar de miles de familias en la región año a año, que a falta de condiciones para adquirir una vivienda, se han visto empujados a construir en medio de quebradas que los exponen a mayores riesgos, mientras por otro lado las inmobiliarias atacan las pocas zonas naturales para vender estos departamentos de altos valores.

Para frenar el constante riesgo al que empuja la avaricia del negocio inmobiliario a las comunidades, con construcciones que implican un peligro, depredan el medio ambiente y que cada vez son más inalcanzables para las familias trabajadoras, mientras estas se deben mantener viviendo en hacinamiento y enfrentadas a otros tipos de riesgos a los cuales son arrojados por la falta de condiciones.

El negocio inmobiliario debe ser enfrentado con la organización de las y los trabajadores de los sindicatos de construcción y los comités de vivienda, quienes se pongan a la cabeza de gestionar un plan de vivienda que cubra las necesidades de las familias trabajadoras y resguardando al mismo tiempo, el medio ambiente a través, de un impuesto progresivo a las grandes fortunas que puedan financiar y garantizar el acceso a la vivienda, sin que signifique un peligro para las comunidades ni la naturaleza.