Dentro del escenario electoral para las presidenciales del año próximo, el ministro Luis María Aguilar Morales concedió al gobierno de Coahuila la suspensión de la distribución de los libros de texto gratuitos elaborados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), luego de que el gobernador Miguel Ángel Riquelme solicitara una controversia constitucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Dicha controversia fue presentada ante el tribunal el miércoles pasado por el líder de la Consejería Jurídica de Coahuila, Valeriano Valdés Cabello, quien explicó que su objeción ocurre debido a la incertidumbre que ha surgido entre la sociedad coahuilense en relación al contenido de los libros de texto.
Con este dictamen, Coahuila se suma a las ocho entidades gobernadas por el PAN y Movimiento Ciudadano en donde se suspendió la distribución de libros de texto a escolares. El pasado 11 de agosto, el mismo ministro Luis María Aguilar concedió lo propio al gobierno de Chihuahua, encabezado por la panista Maru Campos. En Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Yucatán, Nuevo León y Jalisco también se suspendió la entrega de LTG; mientras que en estados como Chiapas se han realizado quemas de los mismos en plazas públicas.
Poder Ejecutivo vs Suprema Corte
Es necesario precisar que la decisión no se trata de una suspensión definitiva. Esta se resolverá una vez que se dicte una resolución subyacente a la controversia interpuesta por la autoridad estatal.
De este modo, el dictamen aún puede ser impugnado por el gobierno federal. Sin embargo, en caso de que sea así, los tiempos para la resolución de la SCJN no aseguran que el alumnado coahuilense inicie el nuevo ciclo escolar con los libros de texto en sus mochilas.
Por su parte, el Ejecutivo respondió el golpe preparando una demanda contra el ministro Luis Maria Aguilar. Así lo dio a conocer en la mañanera de este martes, Felix Arturo Medina, procurador fiscal de la Federación (PFF), quien reveló que el Gobierno Federal tiene la intención de presentar una denuncia contra el ministro de la SCJN.
La PFF declaró que la SCJN mostró falta de acción en un caso relacionado con un presunto incumplimiento de pago de impuestos por parte de una empresa. Según la Procuraduría, una compañía de gran envergadura con alcance nacional habría dejado de pagar más de 25 millones de pesos en impuestos durante los años 2010, 2011 y 2013. Por ello Arturo Medina acusa al ministro Aguilar de retrasar la emisión de una sentencia que obligue a tal compañía a pagar impuestos.
Aunque por motivos de respetar el debido proceso no se reveló el nombre de tal empresa, no es difícil imaginar que se podría tratar de la televisora a cargo de Ricardo Salinas Pliego, empresario que en el último periodo se ha comportado de manera bravucona en redes sociales a raíz de que la actual administración comenzó a cobrarle los millones de impuestos adeudados a Hacienda, cuya cifra asciende a mas de 18 mil millones de pesos.
Una campaña impulsada por la derecha
Recordemos que esta polémica nació a partir de que la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) interpusiera una serie de amparos contra la distribución de los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana por considerar que estos “adoctrinan” a los niños en el “comunismo” y la “ideologia de genero”.
Tal denuncia tuvo eco en los noticiarios de circulación nacional que emite Televisora Azteca de Salinas Pliego, con contenido amarillista y buscando posicionarse frente al gobierno federal rumbo a las elecciones de 2024, así como intentar sacar mejor tajada en sus negociaciones con la Secretaría de Hacienda por los miles de millones adeudados.
Como se ha observado en las últimas semanas, la derecha posicionando con este tema, utilizando al frente de esta cruzada ideológica a la reaccionaria Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), la Iglesia y a sectores empresariales como punta de lanza para golpear al gobierno.
La UNPF es una organización derechista que surgió en 1917, con la Iglesia Católica tras bambalinas, para oponerse al artículo tercero de la Constitución Mexicana. Desde entonces, ha estado ligados a la Iglesia y lo más reaccionario de la política mexicana, promoviendo votos a favor del PAN o del PRI, según convenga a sus intereses.
Sin duda, las maestas, maestros y trabajadores de la educación en Coahuila no ganamos nada con esta resolución, que más que obedecer al interés supremo de las niñas y los niños, responde a intereses politicos y económicos de funcionarios públicos y empresarios reaccionarios y corruptos. Dejar sin libros a los alumnos no hace otra cosa que precarizar aún más la labor docente y deteriorar más la educación pública en Coahuila , pues nos dejan sin uno de nuestros materias fundamentales de trabajo.
Pero también, hay que decirlo, grupos oscurantistas como el de la UNPF se montan sobre aspectos progresivos de la política educativa del gobierno federal -como educación sexual, pueblos originarios y lenguaje inclusivo, pedagogía crítica, etc.-, para señalar al gobierno de AMLO de “comunista”. También hay que decir que, más allá de las campañas conservadoras y antiderechos de la oposición, más allá de que haya ciertos contenidos correctos,la 4T no ha resuelto los más hondos problemas de la educación en México, como la deserción escolar, el rezago educativo, el crecimiento de la depresión y ansiedad entre las y los escolares, docentes y la precarización de la vida para los padres de familia, que se profundizaron después de la pandemia.
Una trampa: ¿Libros si o libros no?
¿Cómo podrían los niños y las niñas de México “crear comunidad” como bien invita el nuevo plan educativo, cuando sus padres y madres que elegir entre llevarles a la escuela o un plato de sopa a la casa? ¿Cómo se crea “comunidad” en un país con miles de huérfanos a consecuencia de la guerra contra el narco y la militarización? ¿Por qué cargar en la docente toda la responsabilidad de sanar una sociedad de bebés que “nacen con los puños cerrados” como dijera Javier Valdez, cuando no se revaloriza la labor docente? Estás son algunas de las grandes preguntas que quedan abiertas, en torno a la Nueva Escuela Mexicana y la política educativa del a 4T a más de 5 años del gobierno de AMLO.
Las y los socialistas del Movimiento de Trabajadores Socialistas (MTS), consideramos que la mejor política educativa es la redistribución de la riqueza, para que que no se precarice la labor docente ni se romantice la situación de abandono que enfrenta la niñez en México. Educar mejores sujetos no podrá tener razón de ser si seguimos destinando slo el 3 por ciento del presupuesto a la educación, muy por debajo del 11 por ciento que recomienda la Unesco.
Contra la política de la derecha y la 4T, que no escatiman esfuerzos ni recursos en su lucha ideológica de cara a las elecciones del 2024, es necesario pelear por una alternativa independiente para trabajadores docentes, madres y padres de familia. México es de los países que menos gravan al capital de todo el mundo, incluso por debajo de Estados Unidos. Con ese dinero se podría destinar el 11 por ciento a la educación, para que las escuelas no tengan que sostenerse de las valiosas cuotas que los padres y madres de familia realizan cada ciclo escolar.
Maestras, maestros, trabajadores de la educación junto a madres y padres de familia, no debemos caer en la trampa de “libros si o libros no” en la que nos quieren meter la derecha y también la 4T. Debemos exigir que la elaboración de los libros de texto y los planes de estudio sean elaborados por concejos democráticos e independientes, sin la derecha y sin la 4T, impulsados por profesores, padres y madres de familia, pedagogos y especialistas, pues somos quienes estamos frente de las aulas y la enseñanza conocemos la real situación de los educandos del país. Nuestra fuerza organizada de manera independiente, puede ser el motor de un gran movimiento nacional para la defensa de la educación pública.
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