El 2 de agosto de 2018, una explosión en la escuela EEP 49 del distrito de Moreno se cobraba la vida de la vicedirectora Sandra Calamano y del auxiliar Rubén Rodríguez. Es ya de saber público las múltiples denuncias que había realizado Sandra por la existencia de una fuga de gas en dicha institución. Por esto la muerte de nuestros compañeros docentes es “crimen social” que puso de manifiesto la aguda crisis que atraviesa la educación pública desde hace décadas, gobierno tras gobierno.
En la elevación a juicio aparecen involucradas cuatro personas: el gasista Cristian Ricobene -quien había trabajado en la obra de la escuela-,el interventor del Consejo Escolar, Sebastián Nasif, su presidenta Mónica Berzoni y el responsable de la infraestructura escolar Jorge Galián. El primero con la carátula “homicidio culposo agravado en concurso real con defraudación en perjuicio de la administración pública” y los imputados Nasif, Berzoni y Galián, señalados por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Sin embargo, en el banco de los acusados no estarán los “responsables políticos” de la tragedia, como el ex director provincial de consejos escolares Marcelo Di Mario, el ex director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires Gabriel Sánchez Zinny, la ex gobernadora María Eugenia Vidal, ni el ex ministro de Educación de la Nación Alejandro Finocchiaro, tampoco el ex intendente de Moreno, Walter Festa, perteneciente al Frente de Todos. Los responsables políticos de este crimen social siguen en sus casas mientras que familiares y amigos siguen pidiendo Justicia por Sandra y Ruben. Si todos ellos hubieran priorizado la educación pública con presupuesto e inversión en infraestructura hoy Sandra y Rubén estarían en la escuela.
La docencia de Moreno viene de una movilización enorme que se llevó adelante el pasado 2 de agosto con miles de docentes en las calles pidiendo justicia. Sin embargo, la conducción del SUTEBA no llamó a movilizar para acompañar el inicio del juicio y sin vergüenza hasta levantaron 2 días antes de iniciar el juicio el magro “trenazo” al que habían convocado. La docencia de Moreno no dejó de movilizarse y organizarse junto a la comunidad educativa por los reclamos de cada escuela. En toda la provincia de Buenos Aires, los problemas de infraestructura continúan: en noviembre del 2022 explotó una cocina de la primaria 74 de Moreno. No hay escuelas cuidadas si siguen desfinanciando la educación pública y continúan existiendo las aulas Cromagnon.
Hay un sistema educativo provincializado, que fue la base de la desinversión en educación pública y fue mantenida por todos los gobiernos, incluso con la Ley de Educación Nacional del 2006, bajo el gobierno de Néstor Kirchner. Desde la conducción del SUTEBA dirigido por Roberto Baradel hacen demagogia con el acuerdo paritario del 2019 donde incluyeron los 12 puntos de infraestructura de Escuelas Seguras, que toman en cuenta las recomendaciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo: ninguna de ellas se cumplió y se cumple en su totalidad.
En este sentido, la concejala del PTS en el Frente de Izquierda de Moreno, Erica Seitler, declaró: “Hace 5 años que los familiares y compañeros de Sandra y Rubén esperan este juicio. Toda la docencia de Moreno y la provincia peleamos por llegar a esta instancia. Creemos que justicia real es también pelear para que la educación pública sea un prioridad y no una variable del ajuste de todos los gobiernos, incluso el actual, que paga la deuda del FMI a costa de las condiciones edilicias, de trabajo de lo docentes y el aprendizaje de nuestros estudiantes”.
Desde la Agrupación Docente La Marrón Moreno en La Multicolor exigimos que el SUTEBA convoque a movilizar a los tribunales a toda la docencia porque el reclamo por justicia y castigo a todos los responsables políticos de este crimen social se conseguirá con la movilización en las calles y con cada reclamo y organización de la comunidad educativa por escuelas públicas de calidad, que implican mayor destino de presupuesto educativo. | 
