La ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, en sesión solemne de la Suprema Corte señaló que es necesario que en el próximo periodo de sesiones de la cámara de diputados se discuta el aumento presupuestal para el poder judicial, que pasaría de los 77 mil millones de pesos ejercidos el año pasado a más de 84 mil millones para este próximo periodo, lo que incluye el aumento de la inflación de este año.
De no hacerse así este aumento, la ministra presidenta advirtió que se estaría rompiendo el estado de derecho y que la gente no accedería a la justicia, también haciendo alusión a las constantes declaraciones por parte del presidente López Obrador, quien ha advertido sobre recortes al presupuesto a la Suprema Corte desde el año pasado, acusándolos de excesivos.
Entre los argumentos presentados por la ministra Norma Piña destaca también el hecho de que este aumento no representaría más del 0.3% del producto interno bruto y que de hecho el presupuesto destinado a la Suprema Corte de conjunto no rebasa este porcentaje. También dijo que defender el presupuesto para el poder judicial significa “mantener el contrapeso en los 3 poderes, como establece la Constitución”. Durante esta sesión inédita del pasado 28 de agosto, señaló que de 2018 a 2023 el poder judicial ha tenido recortes en términos reales del 15%. Lo anterior, por supuesto, sin mencionar los sueldos estratosféricos que reciben jueces y ministros.
Entre sus declaraciones también prevé que, de no tener este aumento en los recursos otorgados, se pondría en riesgo la proyección de los más de 1.3 millones de casos en materia de justicia previstos para el próximo año. También señaló que para las próximas elecciones el presupuesto es necesario ya que se renovarán más de 20 mil puestos de elección popular, por lo que el presupuesto utilizado “garantizará la transmisión de poder de forma pacífica y con estabilidad”.
Respondiendo a la ministra, en la conferencia mañanera de este martes Obrador reprochó que los jueces constantemente violan la Constitución, ya que los titulares del poder judicial perciben más ingresos que el presidente, cuando esto está prohibido. Destacó también que el presupuesto del máximo órgano de justicia está excedido, ya que cuentan con fideicomisos por más de 20 mil millones de pesos, con los cuales, dice, “financian sus excesos”, concluyendo que estos jueces están, no para defender al pueblo, sino para apoyar a los grupos de intereses económicos.
También durante el día de ayer y en conferencia de prensa, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Terán, cuestionó que el poder judicial busca condicionar al poder legislativo, aludiendo al señalamiento de la ministra sobre las elecciones del próximo año, acusando que “no son las formas” y reprochando que los excesos en comidas, viajes y servicios de los que gozan los magistrados y jueces de la Suprema Corte son a costa del pueblo de México.
Polarización institucional para dividir a la clase trabajadora
Este proceso de confrontación por el presupuesto entre el poder judicial y el oficialismo encabezado por Morena, forma parte de una serie de encontronazos que durante este año han tenido múltiples formas, como lo fue el freno que le puso la Suprema Corte a intentos de reformas en materia electoral impulsadas por el gobierno; así también la obstaculización por parte de este órgano judicial contra el decreto presidencial emitido el año pasado y frenado en mayo, el cual ponía a la Guardia Nacional en manos de la Secretaria de la Defensa Nacional.
Con la oposición debilitada y el adelanto de la carrera electoral por la presidencia, es notable que esta tendencia a la polarización entre los poderes son una expresión de múltiples factores, en donde la derecha -a través de arropar al poder judicial- busca fortalecerse no solo hacia las elecciones, sino también en su relación con el gobierno.
En ese sentido la polarización impuesta por arriba alienta también la división por abajo, por un lado con sectores que se identifican con las campañas de la derecha, por ejemplo en defensa del INE o ahora contra los libros de texto gratuitos, y por otro lado los sectores que todavía respaldan a la 4T, con el gobierno apoyándose en el odio existente contra los viejos partidos del Pacto por México y la opulencia en la que viven los altos funcionarios, utilizando esta percepción para ganar simpatía y acusar a cualquier oposición de “conservadora y neoliberal”, mientras mantiene prácticamente intactos los intereses de las grandes fortunas.
Por eso, quienes militamos en el Movimiento de las y los Trabajadores Socialistas vemos con urgencia la necesidad de forjar una alternativa política que responda a los intereses de la clase trabajadora, independiente tanto de la derecha como de la 4T, ya que en los últimos años el gobierno, que prometió el cambio, se ha mostrado como un representante más de la clase dominante, que si bien ocupa una fraseología progresista y anti neoliberal para generar simpatía en sectores populares, por la vía de los hechos mantiene un régimen político al servicio de los capitalistas.
Una herramienta política socialista y revolucionaria de las y los trabajadores que incorpore, como parte de su programa, la elección democrática de los jueces y que, junto con legisladores y altos funcionarios, ganen lo mismo que una maestra o un trabajador medio. |
