En 2011, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, impulsada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, declaró con el apoyo de 96 países, el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. El derecho internacional reconoce este crimen como de lesa humanidad.
La desaparición forzada es la privación de la libertad de una o más personas, cometido por un funcionario público, que utiliza el ejercicio de su cargo para llevar a cabo la privación ilegal de la libertad o que utilizan a otros (no necesariamente funcionarios públicos). La desaparición forzada no requiere, necesariamente, la privación de la vida.
Se trata de un fenómeno que se da no sólo en regímenes autoritarios y fascistas, como sucedió en Argentina entre 1976 y 1983 durante la dictadura de Rafael Videla en donde desaparecieron a más de 30 mil personas, también en los regímenes democráticos como el de México hay desaparición forzada y está ligada a periodos como los de la Guerra Sucia en los 60 y la Guerra contra en Narco en 2006. En ambos casos el responsable directo e indirecto es el Estado.
Desaparición forzada en México: una herida abierta
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, entre 1962 y 2023, en México se han documentado más de 292 mil personas desaparecidas, de las cuales 111 mil 95 continúan desaparecidas o no localizadas, mientras que 181 mil 874 han sido localizadas con o sin vida. Espeluznante.
El 60% de las personas desaparecidas o no localizadas tienen entre 15 y 30 años; mientras que, la mayoría de las mujeres desaparecidas tenían entre 15 y 25 años, en los hombres la edad es de entre 20 a 30 años. Esto indica, que detrás de la desaparición forzada están las redes de trata con fines de explotación sexual o laboral, así como el robo de menores, el tráfico de drogas, armas y órganos. Mientras que muchas de las niñas y mujeres desaparecidas en México terminan en las redes de trata, niños y jóvenes son reclutados por grupos del crimen organizado y utilizados como carne de cañón.
Según la Comisión Nacional de Búsqueda, entre 2006 y 2022 se documentaron por lo menos, mil 524 casos de desaparición forzada, asesinato y ejecución extrajudicial en donde estuvieron involucrados directamente elementos de la policía, el ejército, la marina y la Guardia Nacional. Los estados que concentran la mayor cantidad de desapariciones son Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán y Chihuahua.
Fue en 2006, precisamente, cuando el gobierno del expresidente Felipe Calderón declaró la Guerra contra el narcotráfico y comenzó el giro securitarista y de militarización ordenado desde la Casa Blanca. Esta política continuó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y en su sexenio se dio uno de los casos más claros de desaparición forzada con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la participación, ahora expuesta y evidente, del Estado en sus tres niveles de gobierno.
A pesar de que Andrés Manuel López Obrador prometió al llegar al gobierno, que los militares regresarían a sus cuarteles, durante su sexenio se han documentado más 110 mil personas desaparecidas. Además, ha destinado millones de pesos a la creación y fortalecimiento de la Guardia Nacional y respaldado a la SEDENA y la Secretaría de Marina.
Desaparición Forzada, un crimen donde el Estado
A pesar de la normalización y naturalización de la barbarie y la violencia, que se vive en nuestro país desde hace décadas, la digna lucha de las madres, padres y familiares de personas en México no ha claudicado. Ellas y ellos, con el corazón roto y la vida truncada, buscan entre huesos y tierra los rastros de sus hijas, hijos, esposas y familiares desaparecidos. Este 30 de agosto en Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, Veracruz, Ciudad de México y otros estados, tomaron las calles y los medios de comunicación para exigir al presidente y las autoridades estatales y federales, que se busque y encuentre a sus familiares desaparecidos.
A pesar de las promesas y discursos del gobierno en turno, pese a la creación de leyes, fiscalías y comisiones contra la desaparición forzada, casos como el de los normalistas de Ayotzinapa o los jóvenes desaparecidos, recientemente, en Lagos de Moreno en Jalisco, demuestran que el Estado está implicado directa o indirectamente en estos crímenes contra la juventud y el pueblo trabajador.
Es por ello, que en la lucha por la verdad y la justicia se debe procurar y tener de frente una perspectiva independiente mediante la creación de Comisiones de Investigación Independientes del Estado y las autoridades, que muchas veces son cómplices. Estas Comisiones, amparadas por un gran Movimiento Nacional contra la Militarización y por justicia para todas las personas desaparecidas y asesinadas, bien pueden obligar al Estado y a sus representantes a otorgar todos los recursos políticos, financieros y materiales, para que organizaciones de familiares de desaparecidos, expertos y defensores de derechos humanos puedan indagar sobre los casos y señalar, claramente, a los responsables.
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