En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada el gobierno hizo el lanzamiento de su Plan Nacional de Búsqueda el cual, según señalaron diversas agrupaciones de detenidos desaparecidos, busca esclarecer las circunstancias que afectaron a las víctimas y sus paraderos, garantizar el acceso a información y participación de familiares e implementar medidas de reparación y garantías de no repetición.
Si bien este plan era esperado por los familiares de las víctimas, estos aún lo consideran insuficiente. Flor Lazo, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine, por ejemplo señaló “50 años es mucho tiempo. Nosotros llevamos toda una vida de lucha. Nos han cerrado las puertas, hemos vuelto a insistir, una y otra vez, y ya no se puede soportar más”, en tal sentido esperan que el plan avance al alzamiento del secreto de los antecedentes de la Comisión Valech, como así mismo que se formalicen las solicitudes de documentos a las Fuerzas Armadas.
Lazo, así mismo, cuestionó “Nosotros llevamos 50 años buscando y resulta que hay cajas en el SML que ni habían sido revisadas. Eso es una vergüenza, es desidia del Estado contra nuestras familias, que siempre hemos estado golpeando puertas. Tienen que empezar a trabajar en la identificación de esos cuerpos, porque nuestros familiares pueden estar ahí”.
Desde Londres 38, también elevaron cuestionamientos, señalando que para lograr los objetivos del plan “es fundamental definir las políticas e instrumentos institucionales adecuados y, consiguientemente, destinar la cantidad de recursos necesarios, sobre todo profesionales”.
Así mismo, señalaron preocupación respecto del plan en cuanto a “las formas de continuidad, los poderes y organismos estatales comprometidos en ello, el rol de las Fuerzas Armadas y del Poder Judicial, entre otros”.
Respecto de lo anterior señalan que el Plan de Búsqueda, en tal sentido, debiese garantizar la generación de una política pública en este sentido, que cuente con herramientas, recursos y personal, que el poder judicial amplíe y profundice las investigaciones en curso y que las FF.AA. y de orden, además de las autoridades civiles de la dictadura, reconozcan los crímenes y rompan los pactos de silencio.
A 50 años del Golpe Militar, no basta con declaraciones de buenas intenciones o de no repetición, como plantean desde el Gobierno de Boric, hay que ir más allá, por toda la verdad, justicia y castigo a todos los responsables políticos y materiales, militares y civiles, sin excepciones, de los secuestros, asesinatos y desapariciones forzosas, más que nunca se vuelve crucial una real reparación para las y los familiares de todas la víctimas que durante 50 años no tienen respuesta. Hay que acabar con Punta Peuco, basta de los privilegios carcelarios para los genocidas condenados, ¡cárcel común para los asesinos!.
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